Una gran cantidad de automóviles secuestrados y al menos cinco hombres investigados con algún grado de responsabilidad fue el resultado de un megaoperativo de la Policía Federal por una causa de lavado de dinero en Mar del Plata.

Los principales objetivos que se allanaron fueron agencias de automóviles usados y casas particulares de los propietarios de esos negocios, de acuerdo a la poca información que circuló debido al secreto de sumario.

LA CAPITAL pudo saber que se trata de una causa iniciada en el año 2019 y que trabajaron en conjunto la fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti, en el marco de una investigación lavado de activos provenientes de distintos delitos como el narcotráfico, el robo automotor y también la falsificación de documentos.

Uno de los domicilios allanados en la jornada del miércoles pertenece a Mauricio Di Norcia, el hombre detenido a principios de año acusado de integrar una banda que cometía asaltos en departamentos. En tanto otros cuatro conocidos agencieros o vinculados a la actividad automotor de Mar del Plata también son investigados.

En horas de la mañana será indagado Di Norcia, quien actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal de Batán y es defendido por Lautaro Resúa.

Según trascendió el personal de la Policía Federal secuestró más de 30 vehículos, algunos de ellos de alta gama que fueron trasladados hasta la Escollera Norte para su exhibición.

Antecedentes de lavado de dinero en la ciudad

La Justicia Federal es la encargada de investigar causas de lavado de activos y Mar del Plata hay casos emblemáticos como fueron “Lavado total”, “Carbón blanco”, con dinero proveniente del narcotráfico, o el de “La Liga”, en el que un violento grupo manejaba los remates judiciales en el Colegio de Martilleros.

La causa de “Lavado Total” fue una de las demostraciones más evidentes y obscenas del dinero que el narcotráfico genera y que necesita reinsertar en el circuito económico formal. Para los investigadores, la maniobra consistía en inyectar dinero en el mercado de la compra y venta de automóviles.

Esta causa se desprendió de una investigación que se inició en febrero de 2013 tras la captura de Juan Manuel Mariscal, a quien la policía lo sorprendió en la Autovía 2 trasladando 150 kilogramos de cocaína de máxima pureza.

Mariscal fue condenado a 7 años de prisión, pero lo más trascendente surgió a partir de la mirada que se echó sobre los bienes. En junio de 2014, tras el fallo, evidenciaron que “al imputado se le detectó una estructura económica grande y que se encontraron más de cuarenta vehículos, muchos de ellos de alta gama”.

Los administradores de esos activos se habrían contactado con la comunidad zíngara en Mar del Plata, conocida por su actividad en ese rubro.

Esta hipótesis establece los roles y modus operandi de la banda. Planteó, por un lado, la existencia de un grupo liderado por Hugo Alberto “Coco” Esteban y su entorno de la comunidad gitana, que se dedicaría a la compra y venta de rodados, en su mayoría de alta gama, montando para ello un comercio clandestino con la fachada de concesionarias o galpones, que no estarían sujetos a ningún tipo de registro ni tributo o control fiscal. El otro grupo detectado, liderado por Juan Manuel Mariscal y su entorno, se dedicaría al comercio de estupefacientes.

Carbón blanco

La causa “Carbón Blanco” hace referencia a la banda narco de Chaco liderada por Carlos Alberto Salvatore, quien murió antes de poder ser condenado por el lavado de activos, con operaciones en Mar del Plata.

Durante el desarrollo de la pesquisa se pudo acreditar cómo la organización, desde aproximadamente mayo de 2015, insertaba el dinero del narcotráfico en el mercado formal de bienes y servicios, más precisamente en el rubro inmobiliario.

El mecanismo consistió en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real, creadas al solo efecto de inyectar el constante flujo de dinero proveniente del narcotráfico, disimulando así su origen delictivo. El propio Salvatore ocupaba un rol central en las sociedades pantallas o designaba a personas de su círculo íntimo. Otra de las características principales de la operatoria tuvo que ver con la amplia diversificación de actividades económicas, que van desde la construcción de edificios en la ciudad bonaerense de Mar del Plata hasta la producción cinematográfica.

Las operaciones de lavado incluyeron además la utilización de una organización sin fines de lucro llamada “Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes”, que tenía como objeto presunto realizar actividades académicas, de diagnóstico, rehabilitación y reinserción social de pacientes, entre otras.

De esa forma, la investigación pudo corroborar la existencia de una organización criminal transnacional, comandada por Salvatore, que generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, con ramificaciones por el país y el extranjero, dedicado a colocar, en el mercado legal, el dinero de origen ilícito que provenía de su actividad como traficante de estupefacientes.

La Liga
La Justicia Federal investiga por lavado de dinero a “La Liga”, el grupo de personas dedicado a violentar y dominar por años las subastas judiciales de propiedades, mientras que la Justicia de la Provincia de Buenos Aires avanza en la causa por asociación ilícita y por lo sucedido en las subastas.

La investigación, que todavía está en curso, está divida para abarcar a dos grupos: uno de ellos liderado por Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Monteros. La otra asociación ilícita tiene como líder definido a Adolfo Salminci, quien si bien no participaba en las subastas sí convergían algunos negocios con el otro grupo. En total, son 35 las personas imputadas, entre líderes, apoyo jurídico (uno de los acusados es el abogado José Luis Gallo), fuerza de apriete y choque, y falsos postores.

La Justicia Federal tiene en la mira a todas las personas que puedan haber participado de las maniobras de lavado a través de sociedades. Así se aguarda que algunos escribanos de alta exposición en la ciudad, como también abogados, arquitectos, financistas y otros actores importantes aparezcan mencionados e incluso procesados si la prueba avanza.

Para la Justicia, muchos de los bienes adquiridos por “La Liga” se habrían logrado obtener en condiciones ilegales y, luego, se habrían cedido a valores más altos en operaciones simuladas; vale decir, por un importe mayor al declarado en los instrumentos confeccionados a tales efectos.

“De esta manera, las subastas judiciales se habrían transformado en el ámbito propicio para el lavado de dinero, a través de las cuales se habrían intentado “blanquear” los activos obtenidos de las maniobras ilícitas desarrolladas por el grupo aludido; a lo que se añade las posibles ganancias habidas por otras organizaciones criminales vinculadas a delitos de narcotráfico, criminalidad económica organizada y trata de personas -teniendo en cuenta las vinculaciones con casos de investigación de esta Justicia Federal”, concluyen los investigadores.