El bloque del intendente Carlos Arroyo sumó ayer un nuevo disgusto en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, que preside su hijo Guillermo. Por segunda vez consecutiva, no logró imponer el proyecto del gobierno municipal para prorrogar por 180 días el estado de emergencia económica, financiera y administrativa de la municipalidad, que le permitiría, entre otras cosas, disponer de fondos afectados para gastos corrientes.

La iniciativa fue duramente cuestionada por concejales de Acción Marplatemse, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. No tanto por el fondo como por la forma: consideran que está mal redactada y que no contiene artículos clave, como uno que obligue al Ejecutivo a informar periódicamente al Concejo sobre cómo se utiliza la emergencia.

Ese artículo fue solicitado por la oposición en el tratamiento de la primera emergencia del gobierno de Arroyo, propuesta en el comienzo de la gestión y aprobada a fines de enero. “Sin embargo, nunca informaron periódicamente como estaba previsto. Recién lo hicieron ahora, cuando necesitan que les aprobemos la prórroga. Y algunos informes dejan mucho que desear”, dijo a LA CAPITAL el concejal de Acción Marplatense Santiago Bonifatti. Más allá de ese incumplimiento, las bancadas opositoras buscan que quede nuevamente establecida la obligatoriedad de los informes.

Pero ahí no terminan las demandas. Según coincidieron en la reunión de ayer, el pedido de prórroga debió hacerse mientras estuviera en vigencia la emergencia, no después de finalizado su plazo. Por una sencilla razón: no puede prorrogarse algo que no está en vigencia.

En la oposición creen que hay que hacer una nueva declaración con una fecha de inicio retroactiva, una suerte de artilugio legislativo para dar sensación de continuidad. Otro cuestionamiento apunta a los aspectos incluidos en la emergencia: la primera ordenanza contempla seis (económico, financiero, administrativo, social, educativo y en seguridad), mientras que el proyecto de prórroga sólo los primeros tres. “Quiere decir que el Ejecutivo dio por concluida la emergencia social, la educativa y la de seguridad, pero no está claro cuáles fueron los avances que tuvieron esas áreas”, criticaron los ediles.

En los últimos días llegaron a las oficinas de los concejales notas de entidades vinculadas con el sector turístico para solicitar que la emergencia no afecte el Fondo de Promoción Turística, que surge del cobro de un adicional en la tasa de Seguridad e Higiene. Si el proyecto de la prórroga se aprobara como está redactado, ese fondo quedaría a merced de cualquier gasto corriente, como ya lo estuvo durante la primera emergencia. “Suspéndase durante la vigencia de la emergencia las afectaciones de fondos dispuestas por ordenanza”, dice el artículo segundo. Parte del Concejo promueve una modificación para que el gobierno municipal deba destinar un porcentaje a la promoción turística. El pedido no sólo parte de concejales opositores: hasta Cristina Coria, presidenta del bloque radical, aliado a la oficialista Agrupación Atlántica-PRO, solicitó que se resguarde el fondo.

El objetivo

El objetivo de la nueva emergencia, según surge del proyecto de ordenanza, es “posibilitar el análisis y replanteo de los principales contratos de prestación de servicios a la comunidad y actos administrativos”, así como “iniciar tareas de reordenamiento, pudiendo establecer nuevos plazos, quitas y eliminación de costos que pudieran existir”.

Todo esto ocurriría “sin afectar la plena vigencia” de las remuneraciones o bonificaciones del personal municipal, ni su estabilidad o derechos en el cargo, “en el marco de lo previsto en las normas de empleo del personal municipal”, como lo solicitó el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) en el tratamiento de la primera emergencia.

La ordenanza, además, autorizaría al Ejecutivo a suspender el otorgamiento de exenciones de tributos municipales y a revisar las otorgadas. También mantendría suspendido el uso de celulares a cargo del municipio “en todas sus áreas”, salvo “en aquellos casos en que no existan otros medios técnicos de comunicación disponibles”.

La primera vez que se puso en tratamiento la prórroga de la emergencia en la comisión de Hacienda fue el 18 de noviembre, el mismo día que ingresó el proyecto al Concejo. Esperanzado con que llegara a la sesión del jueves pasado, Guillermo Arroyo pidió su tratamiento sobre tablas, pero la oposición solicitó tiempo para leer la iniciativa. El segundo intento fue ayer, cuando la alianza oficialista quedó en franca minoría: asistieron cuatro ediles opositores (Lucas Fiorini, Marina Santoro, Alejandro Ferro y Bonifatti), dos de la Agrupación Atlántica (Arroyo y Patricia Serventich) y un radical (Eduardo Abud). Faltó otro radical, Mario Rodríguez, y el ex secretario de Economía y Hacienda José Cano.