El Gobierno nacional amplió este lunes la denuncia interpuesta en diciembre pasado contra varios empresarios, jueces, fiscales y exfuncionarios, en el marco de una investigación por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y cobro de sobornos en un vuelo privado a la Patagonia.

La ampliación de esta denuncia expone la presunta “decisión coordinada” de los integrantes de esta comitiva, que se reunió presuntamente en la mansión del magnate británico Joe Lewis, de “ocultar el carácter de dádivas de los regalos y beneficios recibidos”, según expresó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un comunicado.

Entre los imputados por la Fiscalía de Bariloche se encuentran Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; y Jorge Rendo, consejero delegado del Grupo Clarín, además de otros funcionarios y empresarios.

“La presentación solicita investigar, entre otros hechos, las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario Joe Lewis dictadas con posterioridad al viaje, así como el intento de los imputados de manipular medios y periodistas para ocultar su accionar ilícito”, aseguró el ministro de Justicia, Martín Soria, en su cuenta de Twitter.

El viaje a Lago Escondido

Los hechos investigados se remontan a mediados de octubre, cuando los funcionarios y empresarios denunciados viajaron presuntamente en un avión privado hacia Bariloche para reunirse en la mansión de Joe Lewis, ubicada en las inmediaciones de Lago Escondido.

Si bien la existencia de ese viaje había sido revelada en octubre por el diario Página/12, la denuncia se fraguó tras la difusión en otros medios de filtraciones de mensajes telefónicos entre los presuntos viajeros, aparentemente acordando cómo evitar que la noticia del encuentro se conociera públicamente.

Esta denuncia se registró el 7 de diciembre, un día después de que un tribunal federal condenase a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción acaecidos durante su Presidencia (2007-2015).

En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprovechó la ampliación de la denuncia para criticar el accionar de la Justicia respecto a la investigación del viaje a Lago Escondido.

“En causas en las que está en juego la honorabilidad del Poder Judicial, el mensaje que se transmite a la sociedad parece ser claro: la Justicia es lenta para investigar a sus propios miembros, pero muy rápida para garantizar su impunidad”, aseveró Soria, en declaraciones recogidas por el comunicado.

EFE.