Por Ramiro Melucci

“Montenegro les cobra a los vecinos el asfalto que ya pagó la Provincia”. La estocada de Virginia Sívori, del Frente de Todos, no pasó inadvertida en el gobierno de Guillermo Montenegro. Inaugura, de algún modo, los debates por el uso de los fondos públicos que se vienen en el Concejo Deliberante. El de la contribución por mejoras es solo uno de ellos. Otro es el de las rendiciones de cuentas de la administración municipal. Ningún bando promete desentonar con los tiempos preelectorales.

Tras la aprobación de un convenio entre el municipio y el Ministerio de Infraestructura bonaerense por más de $ 600 millones para obras de asfalto, el bloque opositor reimpulsó un proyecto presentado en diciembre para suspender el pago de las contribuciones por mejoras cuando los recursos provengan de la Provincia o la Nación. El fundamento central es que, si los vecinos siempre tienen que pagar, entonces los nuevos pavimentos nunca llegarán a los barrios más postergados. La motivación no escrita es impedir que Montenegro haga campaña con obras que financia el gobernador.

El intendente no tardó en reaccionar. Mandó al presidente del Emvial, Mariano Bowden, a aclarar que el sistema de contribución por mejoras se utiliza desde hace décadas y que ayuda a financiar un fondo que permite seguir haciendo obras. La consecuencia de lo que propone el kirchnerismo, aseveró, sería el desfinanciamiento del ente, la ejecución de menos obras y la desigualdad entre vecinos, porque algunos tendrían que pagar y otros no.

Puntualizó, además, que cuando se pavimenta una cuadra los vecinos no pagan la obra completa. Lo hacen en 48 cuotas, 24 sin interés y las otras 24 con un interés del 1% sobre saldos. Es decir, con un método incapaz de alcanzar el imparable índice inflacionario. 

Contra lo que parece, el primer episodio de la discusión no fue el de la semana pasada. Ocurrió hace casi 20 días, en la Comisión de Obras del Concejo. Sívori explicó el proyecto y el montenegrista Fernando Muro lo rechazó de plano: hasta pidió no generar “falsas expectativas” entre los vecinos. La kirchnerista, molesta por la reacción, le sugirió cautela. “Hay qué ver qué pasa con los votos”, respondió. Enseguida intervino Nicolás Lauría: aunque en las decisivas siempre suele votar con el oficialismo local, esta vez dijo que la iniciativa opositora “es beneficiosa para los vecinos”. De todos modos, el ámbito de discusión es propicio para las intenciones de Juntos por el Cambio: tiene mayoría y preside la comisión. 

El primer episodio de la discusión ocurrió hace casi 20 días, en la Comisión de Obras. Sívori explicó el proyecto y el montenegrista Fernando Muro lo rechazó de plano: hasta pidió no generar falsas expectativas. 

La ordenanza que Sívori propone enmendar motivó un fuerte debate hace cerca de dos décadas, durante el gobierno de Daniel Katz. El radical había conseguido que el entonces presidente Néstor Kirchner, con el que se entendía a la perfección, le concediera un aporte no retornable de $ 10 millones (unos 1600 millones actuales) para la recuperación de la red vial de Mar del Plata. Entonces puso de moda un verbo en la política doméstica: retroalimentar. Estableció que ese aporte, más otros de origen municipal, entrarían a un fondo que se retroalimentaría con los ingresos de las contribuciones por mejoras pagadas por los vecinos para ejecutar más obras.

El principal oponente fue el bloque justicialista, comandado por Eduardo Salas, el “Turco”. “¿Quién va a negar la contribución por mejoras? Nosotros no la vamos a negar. En la época del gobierno del general Perón, del 45 al 55, se implementó como nunca en la Argentina. Ese concepto no lo negamos, pero ¿no habrá llegado el momento de hacer obra gratis en Mar del Plata?”, preguntó en el debate del recinto, en marzo de 2005. “Le queremos agradecer al presidente Kirchner que nos haya regalado 10 millones, pero lamentablemente, en vez de un regalo para los marplatenses, por culpa de la actual administración lo van a tener que pagar”, agregó.

Por momentos la historia se vuelve circular. Katz, como ahora Montenegro, ponía énfasis en el interés de los vecinos en que les llegara el pavimento mediante la contribución por mejoras. “Así como ahora ya hay 400 pedidos que podemos responder, hay muchos más pedidos”, sostenía el jefe de la bancada radical, Walter Malaguti. “Actualmente existen pedidos por más de 3500 cuadras para hacer uso de esta herramienta”, marcó Bowden en la última comunicación oficial sobre el asunto del gobierno de Montenegro.

El final de la discusión de 2005 está escrito: la ordenanza 16730, que declaró de utilidad pública el pago obligatorio de las obras de pavimentación, se aprobó. Los detalles son menos recordados: el bloque de Acción Marplatense, que presidía Marcelo Artime, condicionó su voto a que un 30% de los fondos aportados por el Gobierno nacional fueran destinados a obras sin costos para los vecinos. ¿Algún correlato de ese desenlace con la actualidad? Difícil: la bancada de AM no tiene representantes en la Comisión de Obras. 

Por momentos la historia se vuelve circular. Katz, como ahora Montenegro, ponía énfasis en el interés de los vecinos en que les llegara el pavimento mediante la contribución por mejoras. Y el PJ pedía hacer pavimentos gratis. 

Sívori, dama clave en el andamiaje político de Fernanda Raverta, también adelantó en la semana la expectativa opositora sobre el tratamiento de las rendiciones de cuentas de 2022. Les asignó una importancia igual o mayor a la del presupuesto. Ahora la Comisión de Hacienda diagrama un cronograma con visitas de funcionarios para que expliquen los números.

Como si no quisiera incurrir en ningún descuido, el intendente empezó a moldear la discusión. En su entorno marcaron el superávit por tercer año consecutivo y remarcaron el “orden” en las cuentas como consecuencia de la “austeridad” de la administración. Algunos conceptos comienzan a repetirse. La vuelta al “orden” también fue lo que destacó Montenegro tras el desalojo pacífico en el barrio Las Heras.

El jefe comunal tuvo una seguidilla de buenas sensaciones en ese flanco. El exitoso operativo articulado entre la policía y las diversas áreas del municipio para terminar de retirar a los ocupantes que quedaban. El pedido de las cámaras del sector productivo para que el Gobierno nacional anule la controvertida cesión de tierras en la zona de El Marquesado. Y la revelación del bloque radical de que hace dos años la Secretaría de Salud había pedido tierras a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) –la misma que otorgó las 140 hectáreas a la agrupación ligada a Grabois– para un centro destinado a la atención de niños del espectro autista y para la construcción de policonsultorios, pero no tuvo ninguna respuesta. 

Menos grato resultó escuchar la lógica que esparció en los últimos días el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, Roberto Fernández, acerca del posible convenio entre el municipio y la AFA para poner en valor el estadio José María Minella. Si no está entre los posibles escenarios para el Mundial 2030 es porque no hay ningún avance, razonó el dirigente. Sobre todo cuando Paraguay puso en la nómina a un estadio que ni siquiera tiene cimientos. Nadie salió a responderle.