La Cámara de Casación Penal revocó el fallo de la Justicia de Mar del Plata que había establecido que Alejandro Salaberry debía ser juzgado por el crimen del policía Cristian Agusti, ocurrido en el año 2003 en esta ciudad.

Se trata de un nuevo capítulo de uno de los episodios judiciales más singulares y controvertidos de las últimas décadas en el que Salaberry logró su objetivo de no tener que enfrentar a la Justicia como sí lo hicieron sus cómplices, todos condenados a prisión perpetua.

Lo que analizó la polémica sala III de Casación, integrada por los jueces Ricardo Borinski y Víctor Violini, fue si la acusación contra Salaberry quedaba sin efecto al superarse el plazo de la prescripción. En verdad, eso ya lo había entendido así el fiscal Leandro Arévalo y la justicia de Garantías, aunque no la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que resolvió un caso de “cosa juzgada fraudulenta”.

El conflicto se suscitó cuando Salaberry, que se mantuvo prófugo 15 años, 7 meses y 4 días, se presentó el 10 de julio de 2019 en el edificio de Tribunales para solicitar que se le dicte el sobreseimiento por haber pasado el tiempo que prevé el Código Penal para mantener una imputación. Lo primero que se hizo fue investigar si Salaberry había cometido algún nuevo delito que interrumpiera ese plazo y al no haber ningún antecedente desde el 2003, el fiscal Arévalo entendió que no había forma de mantener la acusación. La jueza Rosa Frende corroboró este fallo y todo parecía acabarse allí.

Sin embargo, al publicarse en LA CAPITAL esa novedad, varios medios nacionales la replicaron y un matrimonio de la localidad de Parque San Martín, en el partido de Merlo, reconoció a Salaberry. En verdad, ellos lo conocían como Lucas Lamas, un vecino violento que en 2018 había atacado al hombre con un machete. Ese hecho derivó en una causa penal que tenía a “Lucas Lamas” acusado de tentativa de homicidio.

El matrimonio se comunicó con el fiscal Claudio Oviedo y se retomó la investigación por ese ataque, por lo cual se libró una orden de captura contra Salaberry por amenazas calificadas y tentativa de homicidio.

El 11 de julio de 2021 una enfermera del Museo Mar se aprestaba a aplicar una dosis de vacuna a un hombre y lo invitó a acercarse. Le pidió la identificación y cuando leyó en el documento que era Salaberry, en lugar de una jeringa le dijo que estaba detenido. En verdad era una policía de la DDI Mar del Plata encubierta. Otros agentes de la misma dependencia y a la que también pertenecía Agusti completaron la detención.

El policía Cristian Agusti fue asesinado de tres tiros en octubre de 2003.

Vale decir que uno de los causales de suspensión del tiempo de prescripción es que el imputado cometa algún nuevo delito. Pero la Justicia al desconocer esa identidad había sobreseído a Salaberry, por lo cual la abogada Adelina Martorella, en representación de la familia Agusti, interpuso un pedido ante el fiscal Arévalo para que se reviera la prescripción firmada en 2019. Ni el fiscal ni la jueza Frende acompañaron ese pedido porque consideraron que se trataba, de todos modos, de una “cosa juzgada”, pero Martorella insistió y llevó la causa a la Cámara de Apelaciones.

Con los votos de Pablo Poggeto y Raúl Paolini se resolvió que la prescripción había sido dictada “bajo error judicial motivado en accionar delictivo y fraudulento del imputado”. A fines de abril de 2022 se ordenó, por lo tanto, emitir una orden de captura contra Salaberry, quien por ser paciente oncológico estaba con arresto domiciliario por la causa de Merlo.

El 2 de mayo de 2022 la casa de Salaberry fue rodeada por la policía y se aguardó la llegada al lugar de la autorización judicial para allanar y detenerlo. En ese lapso, Salaberry habló con LA CAPITAL: “Quiero pedir perdón a la familia de Cristian por su muerte, por la situación, pero yo no fui el que lo mató. Estuve escondido tanto tiempo por miedo. Yo no soy culpable de lo que se me acusa”.

Poco después resistió la irrupción policial a los tiros, hasta que fue detenido. Desde entonces permanece en la cárcel de Batán al revocársele el arresto domiciliario que tenía por la causa de Merlo y por la imputación por la muerte de Agusti.

 ¿Prescripción correcta?

La defensa de Salaberry apeló esa decisión de 2022 y ahora resolvió Casación a su favor. Entendió que “la afirmación de la Cámara (de Apelaciones de Mar del Plata) de que existe en el caso un supuesto de cosa juzgada fraudulenta que habilitaría la nulidad de la resolución firme que decretara la extinción de la acción penal por prescripción y el consiguiente sobreseimiento del imputado, se halla desprovista de fundamento normativo”. Interpretaron los camaristas Borinski y Violini que no hubo un “error judicial”.

Al respecto sostuvo que “no se advierte que la voluntad de la Juez de Garantías se hallara guiada por el error cuando, una vez recibido el pedido extintivo, se limitó, a través de un análisis objetivo, a verificar la existencia de los requisitos legales para el dictado del sobreseimiento por prescripción (transcurso del plazo extintivo de doce años para el hecho 1 y de quince para el hecho 2, sin que el imputado hubiese sido condenado, por sentencia firme, por nuevos delitos) y resolvió en consecuencia”.

Es decir, que como al momento de dictarse el sobreseimiento la jueza Frende no tenía conocimiento de algún nuevo delito cometido por Salaberry falló bien y que eso ya supone una cosa juzgada irrevocable e irreversible.

Ahora la familia Agusti llevará su reclamo de justicia a la Suprema Corte bonaerense.