El intendente Guillermo Montenegro aseguró hoy que “no dialogará” con las personas involucradas en el proyecto para construir viviendas y crear hueras en el predio de 140 hectáreas de El Marquesado cedido por el Gobierno nacional porque “eso está mal, no es la forma”, y confirmó que “hará todo lo posible” para que la iniciativa no prospere.

Tras la fuerte tensión desatada durante el fin de semana, el intendente realizó este lunes una presentación en la Justicia Federal para impugnar la cesión de los terrenos de parte del Estado nacional a un organización que busca desarrollar un proyecto agroecológico.

“Trabajamos en una denuncia penal donde queda claro la falsedad ideológica y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, explicó el intendente. La acción legal es contra el representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que firmó el convenio con la Asociación Civil Tercer Tiempo para la ejecución de este proyecto entre El Marquesado y San Eduardo del Mar.

Montenegro volvió a manifestar su rechazo a la iniciativa y la cesión de tierras, y dijo que “para hacer este tipo de proyectos necesitás autorizaciones como del OPDS, el agua…” pero “eso no ocurrió”, sino que “directamente le avisaron a los vecinos que se iban a instalar con un proyecto para 100 familias con un camping, un balneario, una salita y una comisaría; no es la forma”.

Para el intendente, todo el proceso administrativo “es nulo”. “El sábado fue una persona del Ministerio de Justicia de la Nación con esta resolución, tratando de hacer valer algo que el acto es ilegal”, porque “no se puede entregar arbitrariamente una tierra del Estado a quien se me ocurra porque sí, sobre todo cuando son 140 hectáreas en primera línea frente al mar”, agregó.

El intendente adhirió además a la versión de los vecinos del sur que sostiene que “es imposible generar un emprendimiento de huertas” en la línea costera.

Consultado por el aspecto político de la situación de tensión que se ha generado en El Marquesado, Montenegro dijo: “Hubo tres tomas en los últimos meses. En las Heras y el barrio Libertad. Cuando ves el horario, el día, la forma, las camionetas, los tirantes, te das cuenta de que son organizadas”.

Seguido, aseguró que “hay aprovechamiento político de algunos sectores y eso lo tendrá que determinar la Justicia”.

Respecto a la posibilidad de dialogar con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) para encontrar un punto de acuerdo en torno al problema, el jefe comunal dijo que no lo hará. “Voy a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Ahí hubo la búsqueda de un papel para legalizar un acto ilegal”, sostuvo.

“Acá hay un problema. Y como intendente tengo que hacerme cargo. Tengo que estar del lado del vecino que se rompe el lomo y se levanta a las 5 de la mañana para comprarse su lote, su casa y no que alegremente por un grupo de amigos te entregan un lote. Eso está mal, no lo puedo avalar, lo siento con tristeza pero no es así la forma y el que toma terrenos es un delincuente”, agregó.

Por último, cuestionó: “Acá a un grupo de amigos de ellos (por el Gobierno nacional) les están entregando un campo de 140 hectáreas frente al mar. No se puede, no es la forma. Yo no puedo entregar el COM a un grupo de amigos para que alegremente hagan una cancha de fútbol. Está mal y eso es lo que están haciendo”.

La denuncia

La presentación que realizó Montenegro en la Justicia promueve una querella contra Eduardo Albanese, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Marcos Leonardo Joel Santucho, quien invocó el
carácter de presidente de la Asociación Civil Terecer Tiempo Escuela de fútbol y huerta comunitaria, Osmar Núñez quien ocupa actualmente el predio y Gabriela Carpineti quien se presentó funcionaria publica y abogada de la Asociación Civil Tercer tiempo escuela de futbol y Huerta Comunitaria.

En el desarrollo, Montenegro plantea que es “falso que existiera riesgo de intrusión que justificara el otorgamiento del convenio: también es falso que el inmueble no contara al momento de la emisión del acto con una custodia activa; fue constatada la existencia de un cuidador por los funcionarios municipales que se hicieron presentes en el lugar, cuidador que fue ´retirado´ del mismo por quienes se presentaron como legítimos tenedores”.

Además, califica como una decisión “arbitraria e infundada de acordar la entrega de un inmueble en custodia mediante un mecanismo excepcional que busca eludir los procedimientos administrativos ordinarios”