Por Jorge Raventos

Durante los períodos de transición entre un ciclo que se extingue y otro que se insinúa, el cambio del talante político se expresa en la gestación de nuevos consensos, que paulatinamente disuelven y suplantan a los preexistentes.

En este caso, son los hechos los que obligan a buscar consensos creativos sobre una combinación de temas en los que el sistema político jugó al avestruz durante mucho tiempo: los de la inseguridad y el avance del crimen organizado y las redes narco.

No es “una sensación”

Que la inseguridad no es una alucinación colectiva ni un embeleco fraguado por los medios quedó decretado en los últimos días. El ataque contra un supermercado propiedad de los suegros de Leo Messi puso en marcha un proceso vertiginoso, que se combinó con otro: una pueblada barrial que arrasó la vivienda de un presunto vendedor de droga indirectamente vinculado con la muerte de un chico de once años. Esa suma de hechos operó como una balacera de largada para que se sucedieran declaraciones, iniciativas y algunas decisiones largamente postergadas.

Rosario es desde hace años una ciudad en la que campean las bandas dedicadas a la extorsión y al negocio de la droga. Los jefes de esas pandillas gozan de la relativa seguridad que les garantiza el sistema carcelario, desde donde siguen conduciendo confortablemente sus organizaciones por teléfono. Las fuerzas de seguridad locales están superadas o infiltradas por los delincuentes, la justicia está desmantelada (por falta de acuerdos e inacción política está vacante el 40% de los juzgados federales que deberían atender este tipo de delitos); en mayo del último año la Corte Suprema en pleno estuvo en la ciudad y participó de un evento de la Justicia Federal donde se trató el juzgamiento de los casos de narcotráfico.

No es solo Rosario

El delito ligado al narcotráfico se destaca en Rosario, pero no vive solo en esa ciudad. Paulatinamente, el Estado ha ido perdiendo control del territorio: en numerosos espacios el orden lo imponen poderes de hecho, vinculados al delito organizado. La policía admite que en muchos lugares sus agentes no pueden entrar si no es en el marco de grandes operativos, pues en otras condiciones no tienen garantías de seguridad. Las ambulancias públicas no se atreven a penetrar en los asentamientos de emergencia ni siquiera en compañía de un policía.

En esos territorios, la ley la imponen los que ejercen la fuerza o amenazan plausiblemente con usarla y los que reclutan y facilitan ingresos, habitualmente vinculados a la actividad delictiva. El orden es impuesto por el crimen organizado y su tejido de influencias, que llega a niveles políticos y estatales. En esa jerarquía, las redes narco se encuentran en la cúspide. Y la numerosa población de esos espacios que no está vinculada a tales actividades queda sometida a su poder, desprovista del resguardo permanente de una autoridad legítima. La tarea de preservación, construcción y restauración de tejido social sano que llevan adelante curas villeros, maestros y asistentes sociales es un precario puente con la Nación, reemplazo vicario de una acción decidida del Estado para asistir y promover seriamente a amplios segmentos de la población, establecer allí el orden de la Constitución y la ley y desalojar a las organizaciones que convierten esos espacios en “territorios liberados”.

Rectificaciones

La inacción por la que la provincia de Santa Fe reclamaba al Estado central tuvo que modificarse de urgencia: el gobierno de Alberto Fernández adoptó, el martes, la decisión de ampliar los contingentes de fuerzas federales destinados a la ciudad y enviar recursos; el Presidente también prometió una presencia del Ejército: ingenieros militares acudirían a las villas más problemáticas para, con el justificativo de la colaboración en temas de vivienda, mostrar presencia castrense en lugares peligrosos. Eso sí, acudirían desarmados, ya que el Presidente quiso moverse dentro de límites que las normas legales prohíben. Fernández actuaba morosamente, pues hasta ese martes no había atendido el pedido de las autoridades santafesinas.

Un domingo atrás, se destacó en esta página que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, había expuesto un punto de vista (“asesoramiento técnico y profesional desde el nivel estratégico militar sobre qué tipo de misiones el instrumento militar está en condiciones de cumplir y para cuáles no es apto”) que no alentaba la participación actual de las fuerzas en esta cuestión. Lo había hecho antes de la resolución presidencial y después de que la titular del PRO, la opositora Patricia Bullrich, se declarara partidaria del uso de las Fuerzas Armadas en el tema narcotráfico.

En el análisis del teniente general Paleo, las fuerzas están en principio preparadas para actuar en conflictos armados interestatales que en este momento histórico siguen “siendo una posibilidad vigente y relevante”. Por ello, en las circunstancias actuales y “teniendo en cuenta nuestros recursos naturales altamente demandados a nivel global, la usurpación de nuestros territorios en el Atlántico Sur y la bicontinentalidad antártica, pensar emplear a las FF.AA. en detener a un grupo de personas que tiene una cocina de pasta base es un despropósito total”.

Las reticencias tienen motivo

Particularmente, podría añadirse, cuando la política no toca los instrumentos jurídicos que encuadran legalmente la actuación de las Fuerzas Armadas. El texto de la Ley de Defensa Nacional, aprobada en 1988 (gobierno de Raúl Alfonsín), afirma en su artículo 2 que “la Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.

Si se admite que las redes del narcotráfico son configuraciones transnacionales que agreden al país y disputan al Estado el control efectivo de espacios, no hay en el texto de la ley límites para el uso de las fuerzas militares ante esa presencia. En rigor, ese límite fue incorporado a través del decreto reglamentario (727/2006, presidencia de Néstor Kirchner, ministra de Defensa Nilda Garré); ese decreto dispuso que el sistema de Defensa “debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado (…), dejando fuera de la órbita del mismo, ya sea en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y adiestramiento, así como también de producción de inteligencia, toda cuestión que haga y/o refiera a la seguridad interior”.

Ese decreto surgió del aliento a cierto consenso antimilitar fogoneado por el primer kirchnerismo, en una mezcla de ideologismo y búsqueda pragmática de un enemigo que alimentara la polarización y fortaleciera así a su corriente, que había accedido a la Casa Rosada con un 22% de los votos.

Ese consenso prácticamente se ha evaporado: los dos últimos ministros de Defensa, Agustín Rossi y Jorge Taiana, han trabajado en una atmósfera sumamente cooperativa con las fuerzas. Pero el decreto sigue en pie y hacia fines del gobierno de Cristina Kirchner, cuando el Ejército fue convocado a actuar en operaciones de control del narcotráfico, en el marco del operativo Escudo Norte, Horacio Verbitsky invocaba su vigencia para cuestionar que esa actividad militar “fuerza los límites de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior”. Probablemente ese argumento se repetirá ahora, ante la decisión que adoptó Fernández.

La política debe hablar claro

Es razonable que en las fuerzas militares haya cierta reticencia, pues la política no actúa con claridad, no cumple los prerrequisitos para legalizar la misión que entretanto invoca o reclama: la actividad requiere la corrección normativa y, además, instrumentos militares, organización y adiestramiento específicos.

El general Paleo ha puntualizado entretanto un hecho incontrovertible. Las guerras interestatales no han desaparecido del mapa y las Fuerzas deben estar preparadas y pertrechadas para esa tarea y la preservación del patrimonio nacional.

Entretanto, el argumento de que, ante la presencia de las redes del narcotráfico, las Fuerzas Armadas no deben combatirla por tratarse de cuestiones de seguridad interna merece analizarse.

La globalización disuelve los conceptos de “afuera” y “adentro”: las organizaciones del delito transnacional no son ejércitos que se congregan en las fronteras para lanzar desde allí alguna ofensiva, tampoco son estados, aunque a menudo están asociadas a alguno (y suelen ser más fuertes que muchos); actúan en redes transnacionales para las que las fronteras son un leve obstáculo; se filtran a través de ellas como la peste.

Igual que en otras materias, Argentina (sus instituciones, sus partidos, sus fuerzas sociales) debe responder las preguntas que plantea el presente y su proyección a mediano y largo plazo. En este caso, ¿qué fuerzas armadas y de seguridad necesita, con qué tareas, en el marco de qué Estado, con cuál papel en la región y en el mundo?
Estos asuntos, que implican decisiones estratégicas, necesitan una Argentina en la que la lógica de la unidad prevalezca sobre la división y el conflicto. La crisis de seguridad iluminada en virtud de que esta vez sus esquirlas rozaron a Messi es un capítulo crepuscular de una crisis mayor, la del sistema político.