Un centenar de referentes económicos, sociales y políticos señalaron caminos posibles para lograr una Mar del Plata con desarrollo inclusivo, en el marco de un encuentro considerado “histórico” por la nutrida y variada concurrencia en el Centro Cultural Estación Terminal Sur del Paseo Aldrey.

En el marco de esta jornada hubo importantes coincidencias respecto a diagnósticos sobre problemas transversales a todos los sectores y puntos de partida en común para construir soluciones.

La convocatoria fue realizada por la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (EGAP-UNMDP), cuya directora es Mónica Biasone, y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), a cargo de Agustín Salvia, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y el Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete de la Nación, bajo la titularidad de Fernando “Chino” Navarro.

Participaron también la decana de la Facultad de Ciencias Políticas, Esther Castro, el obispo Gabriel Mestre, el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, y el intendente Guillermo Montenegro.

En cuanto a las conclusiones más significativas de la jornada, se destacó el análisis de las problemáticas transversales el desarrollo con inclusión social a través del trabajo como prioridad.

En ese sentido, los disertantes señalaron que a pesar de datos importantes de recuperación económica, durante la pandemia “se ha agravado la situación estructural de la sociedad”.

Así lo evidencian testimonios expresados en todas las mesas, en particular en las temáticas de desarrollo social y urbano (adicciones y tráfico, multiplicación de comedores que no dan abasto, carencias estructurales, acceso a vivienda digna y servicios), pero también en lo referente a producción y empleo (salarios que no cubren la pobreza, experiencias subjetivas de desaliento, salud física y mental).

En ese sentido, se destacó la necesidad de generar empleo de calidad, a partir de lo cual, según el sector que se represente, la solución puede derivar de “incentivo a las inversiones de grandes empresas, fomento a las pymes, a cooperativas de trabajo o a pequeños emprendedores”.

“El rol del Estado en muchos testimonios apareció como limitador más que favorecedor, desde el punto de vista del empleado como ineficaz como mediador y garante, mientras que para las empresas debería cambiarse a un modelo menos burocrático y costoso”, señalaron.

También se debatió sobre la formación de recursos humanos productivos para la generación de empleo. En este caso, también el Estado fue cuestionado por su capacidad para dar respuesta en oferta de capacitación actualizada y pertinente, y coordinar el esfuerzo que en este sentido ya vienen realizando empresas, cámaras y sindicatos.

Tanto desde organizaciones sociales y cooperativas como PyMEs, “es nulo o dificultoso” el acceso a créditos disponibles o disponibilidad de obras públicas, mientras que para representantes de cámaras de empresas de mayor escala también el incentivo es escaso y las obras las financia el sector privado. Respecto a la disponibilidad de recursos estatales, “todos los sectores reclaman incentivos”, indicaron.

Por otro lado, se advirtió una “dificultad creciente” de disponer de personas que se adapten a las normas laborales básicas (como el presentismo y cumplimiento de horarios), con algunas interpretaciones que señalan “cuestiones generacionales y de desincentivo de parte del Estado”.

Como contrapunto, se expresó que las ayudas económicas a los sectores marginados “no llegan a cubrir las necesidades básicas”, que las condiciones laborales en muchos casos “no garantizan salir de la pobreza y son informales”, y que es “motivo de orgullo” para alguien que puede dejar de depender de un “plan social” para acceder a empleo formal.

Modernización del Estado

En otro orden, se planteó la necesidad de “transformar” y “modernizar” al Estado -en particular el municipal-, no sólo en hacer eficiente la gestión, sino también en la concepción política de la burocracia.

“Existe una sociedad civil que impulsa el desarrollo y encuentra en el Estado límites y dilaciones en vez de posibilidades de crecimiento. Se denota la sobreadaptación de organizaciones sociales, emprendedores, empresas y ONGs para supera la pandemia y la crisis, frente a dependencias estatales incapaces de flexibilizar su estructura y capacidad de respuesta”, concluyeron.

Al mismo tiempo, se apuntó la demanda de una intervención integral estatal que regule el crecimiento urbano y garantice infraestructura en función de las demandas más amplias de la sociedad. “Se requiere para ello una coordinación que modere lo que hoy parece ligado a iniciativa privada (inversiones concentradas que pueden generar falta de disponibilidad para viviendas sociales) o a acciones llevadas por la necesidad extrema (toma de terrenos en márgenes de la ciudad, sin acceso a infraestructura pública)”, detallaron.

También, los disertantes instaron a “repensar y flexibilizar” estructuras administrativas que funcionan como barreras institucionales y “superar diatribas político-partidarias” para integrar la gestión pública horizontal y verticalmente y, a su vez, “coordinación con dependencias” nacionales, provinciales y municipales.

Sociedad civil empoderada

Los expositores plantearon la necesidad de “basar las políticas públicas en diagnóstico y planificación” surgida de propuestas participativas con elaboración técnica, por lo que las y los referentes mencionaron los planes estratégicos, tanto el 2013-2030 como los anteriores. Mientras que para algunas y algunos de los presentes en el plan “está todo”, para otras voces se requiere “actualización o adecuación” del mismo.

También se señaló la demanda de “generar nuevos espacios de participación, ampliados a más actores sociales”. En esta oportunidad, con la convicción de que se deben orientar a acciones concretas direccionadas por el diálogo, los diagnósticos y la planificación.

Asimismo, se denunció la “situación inequitativa” del partido de General Pueyrredon respecto a la coparticipación de recursos que genera, que “retornan de forma escasa” en partidas presupuestarias.

Mar del Plata cuenta con una población superior a ocho provincias argentinas, a la que debe prestar servicios con un presupuesto municipal escaso incluso comparado con otros partidos.

“Esta situación de inequidad en la coparticipación frente al Estado Nacional y Provincial persiste en diferentes gestiones (con o sin alineamiento político partidario entre municipio-provincia-nación) y se debe generar un consenso que lo resuelva”, señalan las conclusiones del encuentro, cuyo informe completo se encuentra disponible haciendo click aquí.

A la jornada adhirieron la Pastoral Social de la Diócesis de Mar del Plata y la red de monitoreo ciudadano Mar del Plata Entre Todos, junto con la Unión del Comercio la Industria y la Producción (UCIP), la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, FortaleceRSE, Universidad FASTA, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad CAECE, Universidad Atlántida Argentina, Confederación General del Trabajo – Delegación Mar del Plata, Central de les Trabajadores de la Argentina Regional Mar y Sierras y el Parque Industrial MDP-Batán.