Un tribunal bielorruso condenó al Nobel de la Paz Ales Bialiatski a 10 años de prisión tras ser considerado culpable, junto a otros activistas de derechos humanos, de “financiación de acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público”.

Así lo denunció la organización Viasna, fundada por Bialiatski, en un comunicado que precisa que los otros dos activistas juzgados son Valentin Stefanovitch y Vladimir Labkovitch, que recibieron condenas de nueve y siete años de prisión, respectivamente.

Bialiatski, un activista prodemocracia nacido en Rusia en 1962, brindó a través de Viasna servicios legales y financieros para ayudar a los manifestantes que participaron en la ola de protestas contra el gobierno de Alexandr Lukashenko en 2020.

Además es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y ganó en 2022 el Premio Nobel de la Paz junto a la ONG rusa Memorial y a la organización ucraniana Centro para las Libertades Civiles.

Poco después de conocida la sentencia, la Unión Europea (UE) expresó su “consternación” y exigió la liberación de Bialiatski.

“Consternada” por la condena, escribió en su perfil en la red social Twitter la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien recordó en su mensaje que Bialiatski es también premio Sájarov, el galardón a la libertad de conciencia que otorga la Eurocámara.

“Las sentencias por motivos políticos contra Bialiatski y los activistas de Viasna son un insulto a la justicia. Pido su liberación”, indicó.

En la misma lineal, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su “grave preocupación” por los procedimientos seguidos en el juicio a Bialiatski, que pone a los defensores de derechos humanos en riesgo”, según señaló en rueda de prensa la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.

La fuente oficial recordó que al menos 1.446 personas, entre ellas 10 menores, están arbitrariamente detenidas en Bielorrusia, muchas de ellas activistas de derechos humanos en arrestos “políticamente motivados”.

La líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, que se encuentra en el exilio tras ser perseguida en su país y quien compitió por la presidencia bielorrusa en 2020, criticó la decisión de la justicia y aseguró que lo ocurrido es solo “un juicio falso”.

Pidió “hacer todo lo posible para luchar contra esta vergonzosa injusticia y liberar” a los condenados.

Grupos de derechos humanos afirman que en Bielorrusia existen todavía unos 1.500 prisioneros políticos, muchos de ellos arrestados durante las masivas protestas de 2020, que surgieron cuando Lukashenko se declaró vencedor en unas elecciones que la oposición bielorrusa tachó de fraudulentas.