El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente en uso de licencia, para que se lo investigue por “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”.

El ministro de Justicia, Martín Soria, explicó que “los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D’Alessandro), empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales” y “la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani”.

El funcionario sostuvo en un comunicado del Ministerio de Justicia, que replicó en sus redes sociales, que la denuncia fue presentada “por instrucción del Presidente de la Nación”, Alberto Fernández.

Soria informó que esta mañana se presentó la denuncia ante la Justicia Nacional y se pidió que D’Alessandro entregue su teléfono celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro de Seguridad de CABA por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.

En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y Majdalani.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó el ministro.

El escrito presentado ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, se demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos” y esto sería “incompatible con un Estado de Derecho”.

Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A., presidida por Marcelo Violante.

Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesto por D’Alessandro y Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.

El ministro de Justicia, asimismo, pidió la habilitación de la feria judicial para que la denuncia sea admitida y “pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes”.

El comunicado también reportó que entre los hechos denunciados, también se destaca el presunto “arreglo” de licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad por parte del ministro porteño denunciado y la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.

Al respecto, la denuncia retoma las declaraciones que el ministro de Seguridad y Justicia porteño emitió en un programa de canal de cable, en las que afirmó que los intercambios y mails publicados vinculados a la licitación de chalecos antibalas “son falsos” y “armados”.

En esa línea, señaló el comunicado que eso “contrasta los dichos del Ministro porteño con documentos oficiales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) incorporados a la denuncia, que confirman la veracidad de los correos electrónicos”.

Asimismo, advirtió que esos dichos “refuerzan la autenticidad de las publicaciones periodísticas a pesar de los esfuerzos del Sr. D’Alessandro por desmentirlas” y, “por otro lado, acreditarían la connivencia entre éste último y Majdalani por diseñar una licitación para beneficiar a los principales interesados en hacerse del ‘negocio'”.

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban tácticas para que el Gobierno porteño use ante el máximo tribunal en la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

En tanto, el bloque del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura porteña presentó hoy un proyecto para crear una comisión que investigue las contrataciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con las empresas de Violante.

En los mensajes filtrados, Violante ofreció, en 2019, varios pagos de entre 30 mil y 60 mil dólares a D’Alessandro a cambio de gestiones ilegales que beneficiaron a sus empresas de grúas y estacionamiento.

“Es indispensable investigar estos hechos. Violante operó las grúas durante 21 años con un contrato vencido, sin que su empresa presentara balance y con un canon congelado en 55 mil pesos”, apuntaron desde el FdT en un comunicado.

En ese sentido, señalaron que “el gobierno de (el alcalde porteño Horacio Rodríguez) Larreta, mientras tanto, le otorgaba subsidios y predios públicos para hacer negocios con playas de estacionamientos que a su vez eran contratadas para guardar los autos de funcionarios”.

De acuerdo al contenido de los chats que se filtraron, D’Alessandro llevaba adelante gestiones para que las empresas de Violante recibieran contratos de parte del Gobierno de la Ciudad, así como también para que gozaran de impunidad ante denuncias por infracciones y faltas.

Además, Violante cuenta en los mensajes que un funcionario porteño le anticipó un borrador de un nuevo pliego de la postergada licitación del servicio de acarreo, que durante 21 años no se realizó por presiones del empresario.

El servicio de acarreo en la Ciudad estuvo en manos de Dakota SA y BRD Sociedad Anónima hasta agosto del 2022, cuando se puso fin a la concesión tras la constitución del “frente antigrúas” conformado por el FdT, la Izquierda, La Libertad Avanza y Consenso Federal, es decir todos los bloques opositores de la Legislatura.