Por Ramiro Melucci

Encuentros todos los días en la primera fase, algo más espaciados en la etapa decisiva y con un día marcado en el calendario para la definición. El tratamiento del presupuesto municipal 2023 en el Concejo Deliberante tiene este fin de año ritmo de Mundial.

El martes, en tiempo récord y antes de que la Selección jugara la semifinal contra Croacia, expusieron en la Comisión de Hacienda cinco funcionarios (Carlos Balmaceda, Sebastián Puglisi, Andrés Macció, Bernardo Martín y Santiago Bonifatti) y al término del cónclave los concejales le dieron dictamen al incremento del 73% en las tasas.

El jueves, las ordenanzas fiscal e impositiva fueron aprobadas en el recinto, y un día después la Comisión de Ambiente le dio el primer aval al presupuesto y al tarifario de Obras Sanitarias, que supone un incremento del 80% con una cláusula gatillo que según los cálculos oficiales se dispararía en el último bimestre de 2023.

Los proyectos fueron presentados por el Ejecutivo el 28 de noviembre y, si los planes legislativos se cumplen, todo el paquete presupuestario –con la ratificación de la suba de tasas incluida– será aprobado el 28 de diciembre. La diferencia con los años anteriores es abismal. Semejante sprint solo es posible por un acuerdo de tiempos del oficialismo con la oposición.

En ese contexto no extraña la moderación con que se llevó adelante el debate entre los secretarios y los concejales. Incluso algunos de los funcionarios ofrecieron guiños en señal de armonía. El más enfático en esa materia fue el presidente del Emtur, Bernardo Martín: dijo que el récord turístico de este año no se podría haber logrado sin las ordenanzas que devolvieron el Fondo de Promoción Turística a su fin original y delimitaron cómo debe usarse la partida.

Una de esas normas había sido impulsada por el Frente de Todos y, en un principio, el oficialismo la consideraba un intento de desfinanciar el municipio. La otra por Acción Marplatense. “Si no fuera por esto, no podríamos haber traído a la selección de básquet”, agradeció Martín. Unos días después, fuera del recinto, dejó completamente de lado sus dotes de equilibrista en un tuit en el que acusó a la Provincia de no hacer nada durante el año en la ruta 2 y de empezar a repararla cuando más turistas circulan.

La exposición de Carlos Katz también dejó un mensaje claro para el Concejo. El presidente de OSSE les dijo a los ediles que, ante el escenario de alta inflación, a la empresa sanitaria no le alcanza con un aumento tarifario por año. “No da para más vernos las caras una vez al año”, les espetó después de recordarles que son los accionistas de Obras Sanitarias.

El funcionario argumentó que, a diferencia de otros estamentos del Estado, OSSE no dispone de impuestos o tasas vinculados con las actividades autónomas, como Seguridad e Higiene e Ingresos Brutos, o el consumo, como el IVA, sino una tarifa fija que hasta acá se establece a principios de cada año. Si los aumentos fueran más seguidos, razonó, el golpe para los vecinos no sería tan brusco.

Aunque algunos concejales ponderaron su “sinceridad” y otros admitieron que había que verse “más de una vez al año”, no todos quedaron convencidos de que deba ser para incrementar la tarifa. De hecho, el Frente de Todos votó contra el tarifario y la cláusula gatillo propuesta para 2023 porque la suba “podría llegar a más del 100%”. Pensar que las áreas técnicas de la empresa habían propuesto un 120% de aumento, desechado por Katz antes del envío del proyecto al Concejo por razones políticas. 

La exposición de Carlos Katz también dejó un mensaje claro para el Concejo. El presidente de OSSE les dijo a los ediles que, ante el escenario de alta inflación, a la empresa sanitaria no le alcanza con un aumento tarifario por año.

El oficialismo puso la mira en otro asunto. Señaló que en dos años Montenegro eliminó “250 tasas y derechos”. Una hipérbole. Para el año próximo se destaca la de habilitación de comercios e industrias. Muchas de las otras ya no se cobran.

La polémica de la semana consistió en la reedición de un clásico. Con el oficialismo local cuestionando la atención que se brinda en el Hospital Interzonal y el Frente de Todos marcando las deficiencias de los centros de salud municipales.

Empezó a tomar forma en la audiencia pública por el presupuesto. La gran mayoría de las demandas vecinales se ajustó al discurso del Frente de Todos. Al otro día, la radical Marianela Romero reparó en aquella coincidencia, pero el protagonismo se lo llevó su compañero de bloque Gustavo Pujato, el concejal que exhibió una palangana y una pava eléctrica para criticar al Interzonal.

Su intervención, más apuntada al espectáculo que al intercambio de ideas, enturbió un ambiente que se presentaba sosegado. Y que solo había estado a punto de quebrarse en el inicio de la semana, cuando el presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea, se desayunó mientras exponía en la Comisión de Hacienda de la medida cautelar que suspendió un artículo del pliego de licitación para la operatoria y mantenimiento del predio de residuos.

El párrafo suspendido señalaba que para la acreditación de la capacidad técnica de las empresas se aceptaba experiencia tanto en operación y mantenimiento de centros de disposición final de residuos como en recolección, barrido y servicios especiales. O en construcciones de centros operativos de disposición final o tratamiento de plantas de líquidos lixiviados.

El juez Marcelo Fernández impide de este modo que el municipio acepte acreditar servicios que “prima facie no se encuentran vinculados al objeto del futuro contrato”. Algunas de las empresas interesadas en la licitación son de esos rubros, por lo que, de no prosperar la apelación del municipio, se reduciría la cantidad de oferentes. Además, la cautelar retrasaría la fecha prevista por el ente para la apertura de sobres (el 27 de diciembre) y la adjudicación, estimada por el propio D’Andrea, minutos antes de conocer la medida, para mediados de febrero.

Mientras digiere la noticia, el gobierno municipal pone en marcha una vez más otro anhelo: mañana, varios meses después de lo esperado, comienza el tratamiento del pliego del transporte en la Comisión de Movilidad. Tras el fracaso de 2021, el oficialismo buscará su revancha.