Por Ramiro Melucci

Mar del Plata vive un fin de semana largo con más 80% de ocupación hotelera que anticipa una gran temporada. Entre enero y noviembre visitaron la ciudad cerca de 8 millones de turistas, el número que las autoridades municipales esperaban alcanzar a fin de año. Noviembre, con 702.000 turistas, fue el mejor para el penúltimo mes del año desde 2013. “Son números tremendos”, concluyó el presidente del Emtur, Bernardo Martín.

El secretario de Obras, Jorge González, dio la semana pasada otro dato clave sobre la Mar del Plata que se levanta tras la pandemia: este año, el municipio lleva aprobados 410.000 metros cuadrados de obra privada. En diciembre podrían añadirse a la cuenta otros 200.000, anticipó.

Los ejemplos pueden seguir si se hurga en otros sectores industriales. Pero la misma ciudad que repunta por un costado es la que suele sufrir con los índices que elabora el Indec, la que padece como cualquier otra los aumentos de precios, la de la “inequidad urbana” explicada en el último informe de la red Mar del Plata entre Todos, la que tiene paralizada su obra de infraestructura más importante.

La semana pasada gran parte de estas contradicciones quedaron expuestas en el debate del presupuesto municipal 2023. Son reflejos de un país que no deja de presentar indicadores favorables, a pesar de que convive con una inflación por ahora indomable y debe pagar una deuda faraónica.

La cobrabilidad de las tasas es baja, pero muestra una evolución. Fue del 58% en 2021 y del 61% en 2022. Está claro que cuando la plata no alcanza lo primero que se deja de pagar es lo que no se corta. De todos modos, la expectativa del secretario de Economía y Hacienda, Germán Blanco, es llevarla al 65% en 2023. Horacio Taccone, de Acción Marplatense, le preguntó qué pasaría si el municipio probara con bajar las tasas. Blanco aseguró que no hay datos empíricos que demuestren que la recaudación repuntaría.

El funcionario apuntó que, con el 73% de aumento incluido, la Tasa de Servicios Urbanos representará el 1,2% de la canasta básica total, mientras que en 2019 representaba el 1,8%. El Frente de Todos cuestionó que el incremento sea lineal para todos los contribuyentes y no se intente alguna clase de segmentación. También fustigó lo que se les cobrará a los decks. Se lució Sol de la Torre: en la comparación anual, detalló, tener un deck saldrá menos que estacionar un auto en el mismo espacio en la zona del medido.

Pero el kirchnerismo también puso en agenda la inseguridad y las problemáticas vinculadas a los centros de salud municipales, asuntos que pueden volvérsele en contra al que tira la primera piedra. Porque nadie desconoce que la seguridad depende en gran medida de la Policía de la Provincia y los hospitales bonaerenses no están ajenos a la realidad general del sistema sanitario.

Lo destacable es que la discusión en la Comisión de Hacienda no mutó en confrontación. El titular de Obras confirmó el freno de los trabajos de la segunda etapa del colector Marcos Sastre, que había sido ejemplo de Montenegro para graficar la “discriminación” en la obra pública. Sinuoso, deslizó que la Nación debe pagar las redeterminaciones de precios obligadas por la inflación sin recurrir a expresiones que envalentonaran al kirchnerismo. 

 La misma ciudad que repunta por un costado es la que suele sufrir con los índices que elabora el Indec, la que padece como cualquier otra los aumentos de precios y la de la “inequidad urbana”.

El radical Daniel Núñez se la dejó picando a la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, cuando le preguntó si las complicaciones con el gas del Hospital Interzonal generaban más afluencia en la atención primaria. Sin una respuesta contundente, Bernabei prefirió tirarla afuera. Ya había usado alguna chicana para responderle a la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, y había hecho notar que en el mismo momento en que ella exponía ante los concejales se realizaba un paro de profesionales en hospitales provinciales por demandas similares a las que hay en el municipio.

Su par de Seguridad, Martín Ferlauto, llegó al recinto sabiendo que la oposición había lamentado de antemano la falta de políticas para afrontar la inseguridad. Su respuesta fue indirecta: apenas se sentó ante los ediles recordó que en el sistema intervienen los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado. Como su antecesor, Horacio García, repitió que la Secretaría de Seguridad cumple un rol de articulación.

No logró eludir la pregunta sobre la vidriosa actuación de la patrulla municipal en la madrugada del 26 de junio, cuando el cumpleaños de Mauricio Ríos terminó con el crimen de Maximiliano Rihl. En un intento por desviar la conversación, el oficialismo procuró que no se abordaran temas no concernientes al presupuesto. Pero el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Carrancio, obró con sentido común y permitió la consulta. Cómo no hacerlo si hacía cinco meses se esperaba alguna respuesta del municipio sobre el asunto. Esa respuesta fue que hasta ahora nadie fue sancionado porque aún no se ha determinado que alguien haya procedido mal. Determinarlo, al parecer, lleva una eternidad.

En la semana en que el país habló del fallo que condenó a Cristina Kirchner y se sorprendió con el anuncio de que no será candidata a nada en 2023, Mar del Plata miró con ahínco otra decisión judicial: el levantamiento de la medida cautelar que frenaba la exploración petrolera.

El kirchnerismo, que para cuidar sus sociedades políticas nunca fue demasiado enfático sobre el asunto, ya desde la semana anterior había puesto en marcha una estrategia. Expuso a Montenegro por haber llevado el tema a la Justicia. Primero los concejales Roberto Páez y Miguel Gugliemotti, después el jefe de Asesores del gobernador, Carlos Bianco, y por último el propio Axel Kicillof lo responsabilizaron por la demora. El mandatario bonaerense dio un paso más: dijo que todo aquello ya tuvo “un costo muy grande” para Mar del Plata y que es él quien procura revertirlo.

El intendente optó por ahora por el perfil bajo. Solo mencionó que si no hubiera sido por la instancia judicial no existiría la información que hay sobre el proyecto ni estaría garantizado el control ambiental como lo está ahora. Y aclaró que así sí, va a acompañar.