La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó hoy a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1° de septiembre, a la que le atribuyó un accionar, “como mínimo, negligente” desde “el primer día de la investigación”, cuando se reseteó el teléfono del agresor.

En un escrito de 37 páginas que lleva la firma de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, la querella afirmó que “es imposible seguir” con la investigación en manos de la jueza Capuchetti a la que le endilgó la supuesta actitud de no querer avanzar en determinas líneas de la causa.

“Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, sostuvieron los letrados querellantes.

Los abogados hicieron notar en su presentación que no cuentan con una “causal sobreviniente” de recusación -como podría ser que la magistrada tuviera algún grado de parentesco con alguna de las partes o bien hubiera enemistad manifiesta- sino que le achacaron “un sinfín de actitudes” que “no dejan otra alternativa que recusarla”.

Si bien la recusación se motorizó a partir de las diferencias entre la magistrada y la querella en cuanto a la forma de abordar la denominada “Pista Casablanca” -que investiga si un diputado de Juntos por el Cambio sabía que se produciría un ataque contra la vicepresidenta- el escrito recorre una serie de decisiones de la jueza Capuchetti que provocaron la pérdida de confianza.

El escrito completo fue compartido por la Vicepresidenta en su cuenta personal de la red social Twitter luego de ser presentado en el expediente a cargo de la jueza Capuchetti, que será quien, en primera instancia, deberá responder los planteos allí enumerados por los abogados Ubeira y Aldazabal.

“Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez”, sostuvieron los abogados que representan a la vicepresidenta en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio.

Los letrados dividieron el escrito en subtítulos a partir de los cuales fueron enumerando una serie de “errores” que les hicieron perder la confianza en la imparcialidad de la magistrada, entre los que se destacan la pérdida de información del teléfono del agresor Fernando André Sabag Montiel, las demoras en la detención de sus supuestos cómplices Brenda Uliarte (procesada como coautora) y Nicolás Carrizo (procesado como partícipe secundario).

Los abogados de la Vicepresidenta también cuestionaron la firma en la que la magistrada abordó la pista que conducía a un dirigente de la Nueva Centro Derecha (Hernán Carrol) a quien Sabag Montiel, mediante una carta escrita desde su lugar de detención, había designado para que le nombrara un abogado; y también por el manejo de la línea de investigación en la que surgió el nombre del diputado nacional Gerardo Milman.

“La prueba más relevante (el celular de Sabag Montiel) que pasó por las manos de Capuchetti terminó destruida, tardó semanas en hacer los allanamientos más básicos, y toda línea fuera de Sabag, Uliarte y Carrizo se la tuvo que marcar esta querella. Nunca reclamó los refuerzos de personal que la Corte (Suprema de Justicia) no le dio, con el argumento de que su juzgado podía afrontar la investigación”, sostuvieron los abogados querellantes.

“Pero todas las pruebas relevantes las señalamos dos abogados, por nuestra cuenta, y no el dream team judicial, que ni siquiera pudo (o no quiso) ver a Milman en un video de pocas horas. En las testimoniales, la jueza investigadora no realiza preguntas y a los testigos los llama solo a pedido de parte”, agregaron.

Las diferencias ocurridas con el avance de la investigación fueron la que hicieron detonar la confianza de la querella, que finalmente decidió exponer sus críticas cuando la magistrada no quiso secuestrar los celulares de las dos colaboradoras que estaban reunidas con el en el bar Casablanca el día que un testigo dijo haberlo escuchado decir: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

Esas dos asesoras declararon en la causa como testigos y no recordaron haber estado en el bar Casablanca el 30 de agosto -como señaló el testigo que apuntó a Milman- hasta que les fueron exhibidas las imágenes de las cámaras de seguridad que las ubicaban allí. Fue en ese punto que los abogados de la querella reclamaron que se les secuestrara el celular para avanzar con esa línea de investigación y la jueza se opuso.

“La decisión fue confiar en la imparcialidad de la Dra. Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores. A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”, sostuvieron los abogados en el comienzo de su escrito.

“La magistrada decidió no delegar la instrucción, pero, paralelamente, no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo”, afirmaron Ubeira y Aldazabal.

“Por la naturaleza del caso, su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”, continuaron los abogados.

“Estas causales no son más que la manifestación específica, en ciertas situaciones, del motivo que habilita la recusación: la falta de imparcialidad”, enfatizaron los abogados en el marco de la recusación a la jueza que conduce la investigación por el intento de magnicidio que protagonizó Sabag Montiel el primero de septiembre en la puerta del edificio en el que por entonces vivía la dos veces expresidenta.

Hacia el final de la presentación los abogados querellantes señalaron que, tras notar la cantidad de “errores” que atribuyeron a la jueza decidieron indagar en el perfil de la magistrada.

“Esta querella tiene el evidente problema de creer en la buena fe de las personas. Pero, ante la catarata de irregularidades en nuestra contra, hemos ahondado en el perfil de la magistrada. Así, en las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri”, sostuvieron.