Julio De Vido, ex ministro de Planificación e Infraestructura y diputado nacional kirchnerista, declaró hoy a la Justicia federal que sólo mantuvo una “relación funcional” con quien fuera su secretario de Obras Públicas, el ahora detenido José López.

Además tomó distancia de “cualquier acto” de su ex ‘número dos’ en la cartera que “pueda ser sospechoso”, tanto en el caso Skanska u “otra causa”.

Así consta en el escrito de descargo que el legislador entregó en el juzgado federal número 7, del Juez Sebastián Casanello, al comparecer durante una hora en declaración indagatoria asistido por su abogado defensor, Adrián Maloneay, en el marco de la causa penal conocida como “caso Skanska”. En la misma, se encuentra imputado de supuesto cobro de coimas junto a López, quien declaró en la víspera.

“Mi llamado a indagatoria se basa en una concatenación artificial y forzada de circunstancias confusas, no probadas, de origen espureos”, alegó De Vido y argumentó que la causa “se encuentra sobreseída por un auto firme, con autoridad de cosa juzgada”.

Al salir del juzgado, De Vido hizo declaraciones a la prensa y aseguró que “jamás conocí en mi vida a ningún ejecutivo de Skanska ni en Santa Cruz ni acá”, pero consultado sobre quién entonces firmó los contratos de adjudicaciones de obras para gasoductos a la compañía de origen sueco respondió: “Yo no”.
“La imputación es absolutamente falsa, se inventan acusaciones para que tengamos que venir acá y figuremos en la picota mediática”, insistió y sostuvo que “sufrimos una persecución sistemática del gobierno de Macri que produce presiones al poder judicial”.

También consideró el legislador que “se ve una doble vara” por parte de la Justicia porque “el Gobierno porteño contrató a Iron Mountain, que ha sido un hecho de corrupción con 14 muertos, y no veo a ningún funcionario porteño convocado en tribunales”.

“Cuando no hay justicia es que hay presiones del poder ejecutivo”, resumió.

La causa Skanska, abierta hace diez años, en 2006, y que aborda un tema considerado como el primer caso sonado de corrupción durante el kirchnerismo, investiga el pago de sobornos por parte de la empresa sueca para la ampliación de gasoductos en el norte y el sur del país.

Esta irregularidad había sido comprobada por una auditoría interna mediante la grabación del testimonio de uno de sus ejecutivos, que la Sala I de la Cámara Federal no convalidó porque no había una orden judicial.

Pero la Cámara Federal de Casación resolvió hace unos meses revalidar esa conversación y revocar entonces los sobreseimientos del ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) Fulvio Madaro, el ex titular de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa y ejecutivos de las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur.