La Comisión Provincial por la Memoria aportó datos contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro.

En el primero se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en el segunda el secuestro y tortura de militantes comunistas. Al momento de los hechos el fiscal se desempeñaba como sub inspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), donde -según los miembros de la Comisión de la Memoria- desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado.

Entre sus actividades -agregaron- se habría infiltrado en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Espiscopal. La CPM puso inmediatamente en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense y solicitó su inmediata intervención. Ante la gravedad institucional del caso, la CPM solicitó además su juicio político y el urgente apartamiento de sus funciones.

“Durante la dictadura cívico-militar, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”, denunciaron mediante un comunicado.
En relación a ese material, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó documentos que involucran a Fernández Garello, entre otros agentes de la Dippba, en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del mismo espacio político, el 23 de julio de 1981.

“El entonces oficial subinspector participó tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas”, agregó el manifiesto.
Por otra parte, la CPM también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV. La delegación Dippba San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.