BALCARCE (Corresponsal).- En el marco de una causa donde se investigan el manejo fraudulento de planes sociales en Balcarce un hombre y una mujer fueron imputados y se presentaron ante el fiscal este miércoles para brindar declaración

En 2020 la sede de la Agrupación Atahualpa de Mar del Plata, la casa particular de su referente, la de su par en Balcarce, y otros dos domicilios fueron allanados. Durante la pesquisa ordenada por el Juez de Garantías, Saúl Errandonea, por requisitoria del fiscal Rodolfo Moure, se secuestró gran cantidad de documentación, planillas de inscripción, fotocopias de documentos, computadoras, notebooks, celulares y otros elementos.

Una vez analizados exhaustivamente por personal de la Sub DDI Balcarce, el fiscal Moure decidió citar para este miércoles a audiencias de declaración indagatoria a los dos sospechados de estar involucrados en las maniobras defraudatorias. El hombre acusado declaró mientras que la mujer se negó a hacerlo.

Los procedimientos se realizaron en calle 110 Nº 518, 105 entre 30 y 32 y calle 11 entre 18 y 20 de Balcarce, la Sede de la Agrupación Atahualpa (Bolívar al 9060) y la vivienda ubicada en Brown 8757, ambos de Mar del Plata.

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Documentación secuestrada.

La investigación fue iniciada en el mes de agosto de 2020 por la Sub DDI Balcarce a raíz de la denuncia presentada por la abuela de un joven que, al momento de tramitar ante la Delegación local de ANSES el Ingreso Familiar de Emergencia “IFE”, su solicitud fue rechazada ya que de acuerdo a las bases informáticas estatales el joven estaba percibiendo el programa “Potenciar Trabajo”. Lo curioso fue que dicho beneficio nunca había sido solicitado y había sido afiliado -sin su consentimiento- al movimiento social “Atahualpa”.

A raíz de esto, y por recomendación del titular de la UDAI Balcarce, Javier Menonne, el joven y su abuela concurrieron a la Sub DDI Balcarce, donde contaron que contactaron a la líder de ese momento de la agrupación, a través de su sobrino, en busca de trabajo. La mujer le pidió los datos y nunca más tuvo contacto con ella.

Según consta en la causa, la referente en Balcarce y su sobrino desde inicios del año 2018, de manera continuada e ininterrumpida, habrían conformado un “elaborado esquema de captación de personas necesitadas a las que afiliaron al plan social denominado ´Haciendo Futuro y Potenciar Trabajo´”.

También habrían desplegado “sistemáticamente conductas de engaño, intimidación y amenazas dirigidas a obtener una parte del dinero que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinaba a cada una de esas personas con vulnerabilidades económicas”.

La investigación permitió conocer que se habrían apoderado de sumas de dinero fijas que iban desde doscientos hasta quinientos pesos mensuales (año 2020), e incluso en algunos casos se apropiaban de todo el monto del beneficio para lo cual retenían tarjetas de débito otorgadas por el Banco de la Nación Argentina.