A tres días de que comience a regir la ordenanza de la Zona Roja, trabajadoras sexuales ratificaron este miércoles junto con vecinos de los barrios aledaños a la avenida 10 de Febrero que no irán a ese sector de la ciudad a realizar su actividad, al tiempo que propusieron cuatro áreas alternativas.

“Tan solo 200 metros no pueden absorber cinco zonas de trabajo sexual desplazadas a lo largo de la ciudad. Necesitamos renegociar las zonas para evitar razzias policiales y enfrentamientos entre vecinos, trabajadores sexuales y policías”, dijo Victoria Disalvo, de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual.

Uno de los sectores propuestos es la avenida Champagnat, que “se ha mantenido por más de 20 años como Zona Roja”.

Disalvo también mencionó “la ruta 88, en el acceso a la ciudad”, la plaza Rocha y Luro entre Chile y Tierra del Fuego. “Son 300 metros de un depósito de cereales sin frentistas, que es lo que pide la ordenanza”, indicó sobre el último sector.

Las trabajadoras volvieron a pedirle al intendente Guillermo Montenegro una reunión para consensuar las zonas. De no concretarse, el sábado saldrán a caminar por los mismos lugares que lo vienen haciendo. “Caminar no es delito”, afirmó Disalvo en una conferencia de prensa en la que participaron representantes de la Red de Personas Viviendo con VIH, el Colectivo Fuega, Mujeres Trans Migrantes en Mar del Plata y las sociedades de fomento de los barrios Don Diego, Las Canteras, Florencio Sánchez y Santa Celina.

“Le decimos no”

Lorena Thesz, de la Asociación Vecinal del barrio Santa Celina, marcó la unidad de las trabajadoras con los vecinos y se mostró “en contra de la ordenanza y del lugar” elegido por el jefe comunal.

“Le decimos ‘no’ a la instalación de una zona roja con criminalización y vulneración de derechos para los vecinos y vecinas de toda la ciudad”, agregó.

Thesz contó que, junto con otros seis fomentistas, presentó una nota en el municipio con firmas de vecinos. “En ningún momento el intendente nos otorgó una reunión. Quisimos llegar a él a través de distintos funcionarios, pero nunca fuimos convocados a una mesa de diálogo”, lamentó.

Disalvo puntualizó que la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual no está en contra de una regulación por parte del Estado. “Creemos que tiene que cumplir un rol en la vida de las trabajadoras sexuales, por eso no solicitamos ningún recurso de amparo, porque creemos que esta normativa debería convertirse en un instrumento institucional para asegurar nuestros derechos humanos, sociales y laborales”, indicó, al leer un documento de su agrupación.

“Esta ordenanza no contempla nada de esto. Muy por el contrario, atenta contra los derechos humanos de las personas trans y de las mujeres cis trabajadoras sexuales. La regulación que queremos es la misma que aplica en países como Bélgica o Nueva Zelanda: despenalización y derechos laborales”, reclamó.

Según apuntó, “una regulación nunca puede criminalizar”. “Por lo tanto, alertamos que el Estado argentino, a través del Municipio de General Pueyrredon, está utilizando instrumentos gubernamentales para criminalizar nuestras vidas y las de nuestras familias”, lanzó.

La avenida 10 de Febrero, el lugar elegido por el intendente para la Zona Roja.

La ordenanza en cuestión, la 25590, fue aprobada en la sesión del 24 de junio por mayoría, con votos del interbloque oficialista de Juntos por el Cambio y Nicolás Lauría. El Frente de Todos y Acción Marplatense votaron en contra.

Estableció que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública solo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal, y aclaró que “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”.

Otorgó un plazo de 45 días corridos, a partir de la publicación de la norma, para la recepción de solicitudes o la realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios en que se podrá ejercer la prostitución en la vía pública. Vencido el plazo, el Ejecutivo determinó que el lugar elegido es el tramo de la avenida 10 de Febrero, desde Cacique Chuyantuya hasta Juan Cutay, con excepción del que se extiende sobre el lateral del cementerio allí ubicado. Quien ejerza la prostitución por fuera de esa zona será pasible de abultadas multas o arrestos de entre 5 y 30 días.

“Esta normativa ensancha las barreras de nuestro sector para acceder a los servicios de salud, el trabajo e incluso la libre circulación de la vía pública. Refuerza la violencia institucional hacia un sector que ya es vulnerable, que ya es vulnerado justamente por el Estado”, contrapuso Disalvo.