Por Ramiro Melucci

Mar del Plata vive el último fin de semana de las vacaciones de invierno como lo anhelaba el gobierno municipal: con una fiesta en las playas del norte. La realización del Enduro Pale representa, para las autoridades, un mega evento necesario para rumbear hacia la ciudad turística de todo el año. Se necesitaría uno por mes, aseguran.

Lo que no está muy claro es por qué, a pesar de esas certezas, procedió con un desdén por las formas que hizo zozobrar la competencia. El perfil que siempre cultivó Guillermo Montenegro, el de un intendente resolutivo, por momentos parece empujar a la administración a incurrir en desprolijidades.

Para empezar, envió al Concejo Deliberante el proyecto de autorización después de que comenzaran los movimientos de arena para la confección del circuito. Con una letra que, en principio, casi no aludía a esas tareas previas en la playa, sino a los cortes de tránsito, los food trucks y las exenciones de tasas que concedía a los organizadores: la Asociación Civil de Automovilismo de Alta Velocidad.

Después de los primeros cuestionamientos vinculados al impacto ambiental, cuatro días antes de la competencia cambió el texto. No solo en la parte normativa, sino también en los fundamentos. Señaló, por ejemplo, que el evento no exige una licencia ambiental específica y que las medidas de mitigación y control están alcanzadas por el Protocolo para la Habilitación de Eventos.

La autorización, además, ya no iba dirigida a la asociación de automovilismo, sino al Ente de Deportes. Aunque –como escribió el juez Carlos Méndez al desestimar el recurso de amparo– ya desde abril los organizadores habían comenzado a difundir el Enduro, recién tres días antes de la competencia el oficialismo propuso aprobar la autorización “ad referendum” del Concejo. Ya cuando la presentación judicial de la ONG Protección de Flora y Fauna, Surfrider y la Organización Mar obraba en el Juzgado Civil y Comercial N° 5.

Si bien es habitual que el Concejo proceda de esa forma cuando los tiempos apremian, en este caso, de fuerte debate público, la práctica puso en evidencia la improvisación. El retardo administrativo le permitió al Colegio de Arquitectos decir hace dos semanas que la Municipalidad había tomado la decisión de realizar el Enduro “sin pasar por el Concejo”. En ese momento tenía razón.

Dos aspectos parecieron inclinar al magistrado a desestimar los argumentos de los amparistas. La importancia que el evento reviste desde el punto de vista turístico, reforzada por el titular del Ente de Turismo, Bernardo Martín, en la audiencia entre las partes, y la firma del decreto de autorización por parte de la presidenta del Concejo, la radical Marina Sánchez Herrero.

El juez argumentó, además, que no está comprobado que el movimiento de arena que se hizo genere un perjuicio en el medio ambiente. Entre un daño seguro (el económico por suspender la competencia a último momento) y uno al que tildó de “supuesto”, Méndez opto por evitar el que veía con mayor nitidez.

Recién tres días antes de la competencia el oficialismo propuso aprobar la autorización “ad referendum” del Concejo. Ya cuando la presentación judicial obraba en el Juzgado Civil y Comercial N° 5.

Montenegro y su equipo celebraron. “Queremos mostrar todo el potencial de nuestra ciudad”, fueron las palabras que eligió el intendente. Luego, el municipio difundió todo lo que encontró bajo la arena: desde basura, plásticos, maderas y neumáticos hasta tachos de hidrocarburos. Estaba emitiendo un mensaje ambiental.

Para ese entonces, el Frente de Todos –único bloque que no aprobó la autorización– ya había abrazado los argumentos de los ambientalistas al asegurar que Montenegro estaba “destruyendo las playas”. Menos altisonante, pero más comprobable, era el cuestionamiento a la falta de planificación, que también blandió para oponerse. Lo dejó en posición adelantada el aval que se conoció después de la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (Copam), que preside el subsecretario de Deportes bonaerense, Javier Lovera.

El mismo funcionario había compartido la mesa con el gobernador Axel Kicillof y la directora de la Anses, Fernanda Raverta, desde la que partió el anuncio de que la Provincia se hará cargo del estudio técnico para conocer en detalle las obras que deben llevarse a cabo para poner en valor el estadio José María Minella. Aquel que el municipio evitó incluir en su presupuesto por considerarlo caro: se estima que cuesta $ 13 millones.

El presidente Alberto Fernández, el ministro de Turismo, Matías Lammens, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta, cortaron la cinta de la reinauguración del hotel 6 de Chapadmalal.

Si hay algo que, pese a los vaivenes del Gobierno nacional, no ha variado en Mar del Plata es el liderazgo de Raverta en el Frente de Todos. El acto de reinauguración del hotel 6 del Complejo Turístico de Chapadmalal, encabezado por el presidente Alberto Fernández, la mostró como única representante de la política local en el centro de la escena. El detalle adquiere relieve porque no era, ni por asomo, un acto del kirchnerismo duro.

El desembarco de Sergio Massa como superministro, el eclipse de la figura presidencial, la vigencia de Cristina Kirchner y el regreso de Daniel Scioli a la Embajada de Brasil configuran un nuevo escenario. Empodera a dirigentes que, como Ariel Ciano y Juan Manuel Cheppi (del Frente Renovador), han convivido en buenos términos con Raverta, al tiempo que complican los planes de quienes buscan enfrentarla, como Rodolfo Iriart. ¿Y Gustavo Pulti? Sigue parado en el bulevar del medio: crítico del Gobierno y de Juntos por el Cambio.

Pese a los vaivenes del Gobierno nacional, no ha variado el liderazgo de Raverta en el Frente de Todos local. El nuevo escenario empodera a dirigentes que han sabido convivir con ella. 

En el Concejo, las discusiones por el Enduro solo fueron interrumpidas por la exposición del secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, sobre el proyecto de reconocimiento facial. El funcionario se presentó en la Comisión de Legislación para tratar de aclarar dudas de la oposición. Sumó datos y explicaciones técnicas (aportadas por el director de Tecnología, Sergio Anduezza) que los concejales no tenían.

Comentó la intención de que se convierta en una política que puedan continuar otros intendentes, como la de videovigilancia, y transmitió la necesidad de generar el mayor consenso posible para negociar con organismos nacionales y provinciales los convenios que aporten las bases de datos que permitan implementar el sistema.

Dio, por primera vez, una idea de cuánto cuesta: entre $ 800 mil y 900 mil mensuales paga el municipio de Lanús. Y ratificó lo que había escrito en un informe el secretario de Economía, Germán Blanco: la contratación del software se realizará mediante lo que corresponda según la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). De acuerdo con la última actualización de la LOM, por el monto involucrado debería ser un concurso de precios.

De todos modos, el oficialismo aclaró que, si la oposición pretende que se realice por licitación, no tiene inconvenientes en añadir un artículo que así lo garantice. Pero rechaza la posibilidad de pedirle el pliego al Ejecutivo para discutirlo en el Concejo.

Cada discusión empieza a estar impregnada por la relación agrietada de Montenegro con Kicillof y los movimientos políticos de cara a las elecciones del año próximo. El municipio le reclama a la Provincia una deuda de casi $ 800 millones por fondos de obras comprometidas y el gobernador procura mostrar que, contra lo que dice el intendente, ayuda a Mar del Plata. Eso sí: ya no parece posible que se pongan de acuerdo en las prioridades.