La Justicia Federal de Mar del Plata dictó una medida cautelar de “no innovar” para impedir alteraciones en las instalaciones en las que funcionó el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva”, y ordenó una inspección en el sitio, ubicado en la Base Aérea local, para verificar su estado actual.

La resolución fue dictada por el titular del Juzgado Federal 1 de la localidad balnearia, Santiago Inchausti, a partir de un requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal, tras la preocupación expresada por organismos de derechos humanos respecto de “posibles modificaciones” en el lugar.

En línea con el pedido de los fiscales Laura Mazzaferri, titular de la Oficina de Coordinación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y Santiago Eyherabide, titular de la Fiscalía Federal 2, el magistrado destacó la “importancia” de preservar “los sitios y documentos históricos de los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos”.

En ese contexto, subrayó “la necesidad de conservar todo material probatorio que pueda contribuir al conocimiento de la verdad”.

La medida de no innovar busca “impedir la realización de cualquier obra, mejora, puesta en valor, etc, que altere, modifique, produzca algún cambio tanto en su estructura y/o fachada exterior como así también en el interior de las instalaciones” del sitio, lindero con el Aeropuerto local.

En ese sentido, fue notificada a la Base Aérea militar, al Ministerio de Defensa, al Registro de la Propiedad Inmueble provincial y al Municipio de General Pueyrredón.

Para “verificar y dejar constancia del estado actual del predio” y de “sus instalaciones”, Inchausti hizo lugar, además, al pedido para que se realice una inspección judicial y un reconocimiento del predio donde funcionó el centro de detención.

Organismos de derechos humanos de la ciudad habían advertido el pasado 8 de marzo sobre “posibles modificaciones” en las instalaciones del lugar, y solicitaron entonces ante la Fiscalía General Federal un relevamiento de ese tipo para verificar su estado y evitar transformaciones “que puedan interferir en la producción de prueba” en investigaciones en curso.

A partir del requerimiento de los fiscales, el juez ordenó que se inspeccionara de manera ocular el predio, con filmaciones y tomas fotográficas, y a través del Programa de Verdad y Justicia se dispuso que intervengan en el reconocimiento del lugar víctimas o familiares, en compañía de organismos de derechos humanos, en caso de que lo requieran.

El magistrado, además, pidió a la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de la Memoria, dependiente de la Secretaria de los Derechos Humanos de la Nación, que informe si “en el marco de sus competencias administrativas, se han llevado a cabo tareas de preservación o de recuperación” del predio donde funcionó “La Cueva”.

El sitio que fue utilizado como centro clandestino está ubicado a más de 1.000 metros del acceso a la Base Aérea por la Autovía 2, cerca de una zona de tránsito de aviones comerciales, y su nombre se debe a que se trata de una construcción subterránea sobre la que se encontraba un viejo radar, con entrada casi al nivel del suelo.

Según se estableció en distintas causas sobre violaciones a los derechos humanos, más de 200 víctimas pasaron por lugar sitio desde fines de 1975 y durante 1976, mientras estuvo bajo la órbita de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, dentro de la subzona 15.

“Es innegable el valor probatorio que tiene el predio, aún cuando el edificio haya sido reconocido por numerosas víctimas en varios procesos y existan sentencias a su respecto”, sostuvo el Ministerio Público y destacó en ese sentido que “resulta necesaria su preservación, para la reconstrucción de los hechos” que son objeto de causas en curso.