El secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto, sostuvo este miércoles que el sistema de reconocimiento facial permitirá “vivir más seguros” a los vecinos, garantizó el descarte de datos de personas no buscadas y marcó el objetivo de lograr “el mayor consenso posible” para sancionar la iniciativa.

Al exponer en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, el funcionario ratificó su postura favorable al proyecto, establecida en un informe enviado previamente a la Comisión de Seguridad, y señaló que el municipio considera que la herramienta es “muy importante para la seguridad del partido”.

El secretario mencionó “cuatro aplicaciones principales” del software de reconocimiento facial. La primera es la búsqueda de prófugos de la Justicia. La segunda es la identificación de personas en flagrante comisión de delitos. La tercera, la búsqueda de personas perdidas. Y la cuarta, la constatación de si se violó o no una restricción de acercamiento en casos de violencia de género.

Ferlauto buscó responder los principales cuestionamientos opositores. Con respecto a la posible violación de derechos, afirmó que “ninguno es absoluto”. “Todos admiten ser reglamentados. Eso forma parte de la propia Constitución y de los tratados internacionales que son la fuente de reconocimiento de todos los derechos”, señaló.

“Se ha dicho que viola los derechos fundamentales. Desde nuestro punto de vista, la palabra ‘violar’ es incorrecta, porque implica que la norma o el programa a implementar resulta contrario al orden jurídico en su conjunto, y el orden constitucional tolera reglamentaciones a derechos siempre que sea para proteger otros bienes jurídicos y se tenga un fin lícito”, argumentó.

“En este caso –añadió– no solamente creemos que el fin es lícito, sino que además es noble: proteger la seguridad de los vecinos, lo que también constituye un derecho humano”.

Ferlauto indicó que “esta medida es razonable, ajustada a derecho y positiva”, al punto de que permitirá “defender los derechos de los vecinos a vivir seguros”.

El funcionario destacó dos “garantías” para una “buena utilización del sistema”. “La información biométrica que capture el sistema y no sirva para lograr la identificación de una persona buscada debe ser descartada inmediatamente, no puede ser almacenada por la Municipalidad”, dijo en primer término. Y en segundo lugar puntualizó la conformación de una comisión –sugerida por la Subsecretaría Legal y Técnica– “para garantizar el descarte de la información”.

“Política de Estado”

Ferlauto marcó la intención de que el reconocimiento facial se convierta en “una política de Estado” en materia de seguridad, “que trascienda la gestión del intendente”, como el sistema de videovigilancia.

Respecto de la forma contratación (la oposición reclama una licitación), el secretario dijo no tener “ninguna objeción a que se lleve adelante por los medios previstos en la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM)”; es decir, por el método correspondiente en virtud de los montos involucrados.

“Si tiene que hacerse por licitación, se hará por licitación. Nunca se propuso hacerlo por contratación directa”, aclaró, y dio una idea del precio: el municipio de Lanús, donde se implementa un sistema similar al que pretende contratar General Pueyrredon, paga “entre 800 mil y 900 mil pesos mensuales”.

En ese marco, resaltó el objetivo de lograr consensos políticos sobre la utilización de la herramienta para que, una vez aprobado el proyecto, el municipio celebre convenios con diversos organismos provinciales y nacionales para tener a disposición las bases de datos necesarias para implementar el sistema.