LA PLATA.- La jueza de Garantías platense Marcela Garmendia ordenó hoy las detenciones de tres comisarios de la Policía Bonaerense por los sobres con dinero de presuntas coimas hallados en la Jefatura Departamental de La Plata, aunque las aprehensiones no se concretarán aún porque los uniformados pidieron la exención de prisión.

La medida es contra los comisarios Sebastián Cuenca, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz, quienes tenían a su cargo las comisarías 3ra. de Los Hornos, 2da. y 6ta., respectivamente, y fueron pasados a disponibilidad el mes pasado cuando la misma magistrada ordenó detener a otros seis jefes policiales.

Los arrestos, que en rigor no se concretarán porque restan resolverse pedidos de exención de prisión, habían sido solicitados ayer por el fiscal Marcelo Martini, luego de que el miércoles esos tres policías quedaran comprometidos tras una pericia caligráfica que confirmó sus escrituras en varios de los sobres hallados.
Los policías involucrados en la causa están acusados de recaudar dinero a cambio de brindar protección o permitir la realización de diversas actividades ilegales.

Cuenca, Velázquez y Sáenz son tres de los cuatro jefes policiales que no se presentaron a la prueba caligráfica de mediados de septiembre y que quedaron fuera (junto con el comisario Juan Retamozo) de la orden de detención que Garmendia dispuso contra los otros seis imputados el 29 del mismo mes.

Sin embargo, el miércoles la Asesoría Pericial de La Plata confirmó que los tres comisarios firmaron algunos de los sobres tras dar positivo un estudio de comparación de la caligrafía de los acusados que consta en sus legajos con las letras y números plasmadas en los envoltorios.

El caso que involucra al menos a 10 comisarios salió a la luz en abril de este año, pero la investigación se inició en febrero por una llamada anónima al 911 de un supuesto policía que denunció que en la Departamental recibían por mes sobres con 200 mil pesos.

La acusación fue tomada por Martini, fiscal de turno en esa fecha, y el 1 de abril la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense hizo una inspección sorpresiva en el edificio policial ubicado en la calle 12 entre 60 y 61 de esta capital.

En la requisa se encontraron en un cajón de la oficina del secretario del titular de la Departamental 35 sobres cerrados y uno abierto, que estaban identificados con números y letras, que se presume corresponderían a las comisarías de la ciudad, y que contenían un total de 153.700 pesos.

Martini caratuló la causa como “abuso de poder” y solicitó a la jueza Garmendia la detención de cinco policías, pedido que fue confirmado el 22 de abril pasado.

Pero las detenciones no se concretaron pues los abogados de los policías presentaron hábeas corpus contra la medida y la Cámara Penal platense revocó los pedidos de arresto.

No obstante, el fiscal profundizó la investigación y remitió los nuevos pedidos que luego ordenó Garmendia contra el ex titular de la departamental Darío Camerini; su secretario, Walter Skramowskyj; el ex Jefe de Operaciones, Ariel Huck, y el ex segundo jefe de la departamental, Rodolfo Carballo.

También contra los titulares de las comisarías 12da. y 16ta. de esta capital, Raúl Frare y Federico Jurado, respectivamente.

Pero los arrestos tampoco se efectivizaron porque la Cámara Penal debe zanjar otro pedido de exención de prisión presentado por las defensas de los comisarios, que podría resolverse en los próximos días.

Garmendia acusa a los nueve comisarios del delito de “asociación ilícita en concurso real con concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo pide una contribución) e ideal con recepción de dádivas”.

Según el expediente judicial, “entre los meses de diciembre de 2015 y marzo del corriente año” los uniformados acusados integraron “en forma organizada una asociación” que recaudaba dinero “en forma ilegítima” con la participación del personal policial de las diferentes comisarías de La Plata.

El accionar, según el texto judicial, consistía en “exigir en forma indebida la entrega de distintas sumas de dinero a diferentes personas -algunos de ellos comerciantes- para brindarles seguridad o permitir funcionar sin habilitación, o vender estupefacientes, entre otras actividades ilícitas”.

Los montos de dinero, según las denuncias de comerciantes que constan en el expediente, variaban entre los 300 pesos y 1.000 pesos semanales, que eran recaudados por las dependencias regionales y llevados “a los Jefes Departamentales” dentro de sobres numerados el primer día de cada mes.