Por Ramiro Melucci

–¿Se van conformes?– preguntaron los periodistas que esperaban en la Gobernación a los intendentes del PRO que el jueves se habían reunido con Axel Kicillof.

–Vamos a estar conformes cuando lo que planteamos hoy tenga una respuesta positiva, porque si no vamos a estar en la misma circunstancia– contestó Julio Garro, el intendente de La Plata.

Esa respuesta a una pregunta que generalmente, casi por cortesía, se responde en forma positiva, ilustra la tensión que rodeó el encuentro del gobernador con los jefes comunales amarillos, entre los que estaba Guillermo Montenegro.

Los intendentes llegaron enojados al despacho de Kicillof ante la posibilidad de que el encuentro se leyera como un gesto de consenso político en medio de la crisis. Todavía les daba vueltas en la cabeza la frase que el mandatario bonaerense había deslizado un día antes en Florencio Varela. “Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición”. Fue el mismo día que un integrante del Gobierno nacional dijo que había charlas con Juntos por el Cambio para llegar a un acuerdo. Las piezas encajaban.

Mientras el rechazo a esa propuesta estaba en marcha (la explicitaría después Horacio Rodríguez Larreta) a los intendentes del PRO les tocaba reunirse con Kicillof. Por eso apenas pisaron la Gobernación se preocuparon por aclarar que la audiencia había sido solicitada diez días antes. Es decir, cuando la crisis por la falta de dólares todavía no era lo que es y el blue cotizaba 60 pesos menos.

“Hablar del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) ahora ya no tiene sentido. Lo damos por perdido. No nos sirve que nos den lo que estaba previsto a principios de año. Eso servía para hacer diez cuadras de pavimento. Ahora alcanza para hacer dos o tres, si conseguís proveedores”, se quejan en el municipio.

La noción de “discriminación” volvió a estar presente en los planteos de Montenegro. El intendente le pidió al gobernador que lo consulte si quiere conocer “las obras que quieren los marplatenses” y lamentó que no haya contactos con el secretario de Obras para planificar tareas.

Venía de acusar públicamente a la Provincia y la Nación de abandonar Mar del Plata. El contexto político y económico propicia ese posicionamiento crítico. El Gobierno nacional no logra enderezar el barco y encima tiene timoneles que procuran llevarlo en direcciones contrarias. Sabe la responsabilidad que le cabe, pero recuerda con insistencia que todo comenzó con Mauricio Macri. Kicillof lo volvió a repetir en la semana: le pidió a Juntos por el Cambio “humildad y respeto por el pueblo que sufrió sus políticas”. Tras una reunión virtual, la mesa nacional de JxC también envió su mensaje confrontativo: “Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el frente que lideran son los únicos responsables de este descalabro”.

“Hablar del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) ahora ya no tiene sentido. Lo damos por perdido”, se quejan en el municipio. 

La relación de Montenegro y otros intendentes PRO con Kicillof deriva de aquel cuadro despintado. Con un dato que no debe pasar inadvertido: el gobernador es el candidato natural del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, el territorio que cada fuerza política necesita conquistar para garantizar su triunfo nacional el año próximo. Horadarlo –como en su momento sucedió con María Eugenia Vidal– es parte del libreto opositor.

Montenegro, cada vez con mayor protagonismo en el concierto bonaerense (fue el principal representante del interior en la reunión de los intendentes del PRO), no esquiva el desafío. Tras el encuentro deslizó la responsabilidad del gobernador, dirigente clave del Frente de Todos, en la crisis, y reclamó diálogo interno en el Gobierno. El mensaje fue el mismo que bajó Larreta: no hay acercamiento posible con el kirchnerismo si primero no se ponen de acuerdo entre ellos.

El gobernador, que desmintió que haya intentado entrampar a los intendentes opositores en una foto de consenso, no tardó en ocuparse de responder la acusación de “discriminación” y “abandono”. Mandó a Mar del Plata a su mano derecha, Carlos Bianco, con esa misión. El jefe de asesores desembarcó con un cuadernillo de 38 páginas bajo el brazo: el resumen de toda la colaboración de la Provincia a General Pueyrredon desde que gobierna Kicillof.

Unos días antes, la titular de la Anses y jefa del Frente de Todos local, Fernanda Raverta, había evaluado que era hora de terminar con los eufemismos: habilitó a su tropa a decir que Montenegro miente. 

Los concejales encabezaron el pelotón. Virginia Sívori mencionó los “más de $ 26 mil millones en asistencia a pymes y emprendedores” marplatenses. Vito Amalfitano citó los $ 70 millones del Fondo de Seguridad. Mariana Cuesta los $ 515 millones del Fondo Educativo. Daniel Di Bártolo, jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación, recordó los $ 54 millones “destinados a unidades productivas autogestionadas para promover la inclusión laboral”. Pablo Puche, coordinador del Opisu (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana), apuntó que en Mar del Plata se financian obras y proyectos por más de $ 360 millones.

El gobernador desmintió que haya intentado entrampar a los intendentes en una foto de consenso y no tardó en ocuparse de responder la acusación de “discriminación” y “abandono” 

Ni la semana sin comisiones por obras en el Concejo alcanzó a enfriar del todo la temperatura política. El estado del José María Minella en la previa del partido de hoy de Aldosivi con River y los movimientos de arena en La Perla para el trazado del circuito del Enduro Pale –que comenzaron antes de que ingresara el pedido de autorización del Ejecutivo para la realización de la competencia– generaron nuevos choques entre el gobierno de Montenegro y el Frente de Todos. Acción Marplatense tampoco afloja: Paula Mantero denunció que el municipio hizo un plazo fijo con $ 30 millones que la Provincia le dio para el Programa Sumar, destinado a ampliar servicios de salud.

Pero los ojos del Concejo empiezan a fijarse en una hoja del almanaque: la del miércoles próximo. Es el día acordado para que asista a la Comisión de Legislación el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, a responder las inquietudes de la oposición sobre el proyecto de reconocimiento facial. El funcionario ya ha adelantado algunos aspectos. Sostuvo que la búsqueda de prófugos es solo una de las aplicaciones que tendría el sistema. Ve otras “interesantes”: la identificación de delincuentes que están cometiendo ilícitos en la vía pública, la búsqueda de personas perdidas o, en casos de violencia de género, la posibilidad de conocer si se respetan las restricciones de acercamiento.

El oficialismo y la oposición habían empezado a dibujar un puente para sancionar el proyecto. Pareció borrarse en la última reunión de comisión. Es que existe un consenso vinculado a contratar mediante una licitación a la empresa que dispondrá el software de reconocimiento facial. Lo reclamó la oposición y lo aceptó gobierno, pero hay un problema: por el momento el expediente no lo refleja. Ninguno de los tres informes del Ejecutivo que obran en el Concejo contienen tal certeza. Y hay claras discrepancias sobre la manera en que debería incorporarla: la oposición directamente reclama el envío de un pliego licitatorio; el oficialismo ofrecería la redacción de un artículo aclaratorio. El contexto no colabora: cada día se reduce un poco más el margen para lograr acuerdos.