La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendientes fallos de trascendencia política y económica que definirá en el segundo semestre del año, luego de la feria judicial, entre los que figuran el diferendo entre los Gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires en torno a los fondos para financiar a la policía porteña.

La Corte debe resolver en torno a un amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto que redireccionó los aportes por el traspaso de la policía a la administración porteña, resuelto en septiembre de 2020, por un monto equivalente al 2,36% de la coparticipación.

En uso de sus facultades la Corte convocó a una serie de audiencias, la primera de ellas celebrada en marzo pasado, entre funcionarios nacionales y porteños para que se llegara a un acuerdo, y luego dispuso una “mesa de trabajo” que se reunió en siete oportunidades con el mismo objetivo pero no hubo acuerdo y, por tanto, es el máximo tribunal quien debe definir el monto justo.

En este sentido, ambas partes apuestan por una salida equilibrada que reduzca la redistribución de fondos que firmó el presidente Alberto Fernández pero no la anule, eso dentro de los márgenes que le deja al tribunal supremo definir la cuestión de fondo, es decir, el dinero que demanda sostener la policía porteña.

También en materia de reclamos previsionales la Corte tiene una deuda que pretende saldar, aunque no en su totalidad, ya que es prácticamente imposible que un tribunal con cuatro magistrados resuelva los más de siete mil planteos que están aguardando sentencia en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

No obstante, los asesores letrados de la Corte evalúan la presentación del abogado de la seguridad social Miguel Fernández Pastor contra la ley 27.426 que impulsó Mauricio Macri como presidente en 2017, que modificó la fórmula de movilidad.

Con la fórmula aplicada de manera retroactiva por la gestión macrista entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019 se calcula que los jubilados perdieron un 20% por ciento de su poder adquisitivo.

Dando respuesta al recurso de Pastor, la Corte también resolvería una inmensa cantidad de planteos similares que llegaron al alto tribunal después de la modificación legislativa.

En temas penales, la Corte viene resolviendo en los dos últimos años una larga lista de recursos pendientes sobre causas de lesa humanidad, dando así respuesta al pedido de los organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales para que se rompiera con la quietud en los expedientes vinculados al terrorismo de Estado.

El reclamo más visible a la Corte viene por el lado del episodio que terminó con la muerte de Santiago Maldonado y el pedido de la familia para que se aparte al juez Guillermo Lleral.

El hermano de la víctima, Sergio, encabezó una marcha a la Corte en octubre pasado en la que reclamó: “no debemos dejar que la desaparición por 78 días y la muerte de Santiago Maldonado queden impunes. La Justicia no funciona, tenemos que construir una forma de reclamar colectivamente al Poder Judicial para que seamos escuchados”.

La Corte, como máximo tribunal nacional, no tiene plazos para fallar, aunque en el cuarto piso del Palacio de Justicia invocan el “interés público” para ordenar el tratamiento y la prioridad de los miles de expedientes que llegan por años.

En esta categoría entran varios amparos presentados ante el tribunal que preside Horacio Rosatti, vinculados a los convenios de Argentina con otros países en materia de inteligencia y sobre la administración de los datos personales de los ciudadanos.

También están pendientes de resolución casos vinculados con la suspensión de desalojos en territorios indígenas y otras presentaciones de los pueblos originarios sobre sus derechos ancestrales.