Por Karina Poritzker

A 28 años del atentado a la AMIA, la Justicia ordenó garantizar a los familiares de las 85 víctimas el acceso a información desclasificada sobre la investigación del ataque del 18 de julio de 1994, todavía impune, y renovó hasta 2027 las circulares rojas de captura internacional contra los ciudadanos iraníes prófugos.

El juez federal Daniel Rafecas, a cargo del caso como subrogante desde octubre pasado, renovó por cinco años el pedido a Interpol de publicación de las circulares rojas de captura internacional para los ciudadanos iraníes.

Además convocó a una reunión a las distintas partes de la causa y luego ordenó garantizar a las querellas de familiares el acceso a la documentación que se desclasificó sobre la investigación y que es digitalizada en la actualidad por la Unidad Fiscal a cargo de la pesquisa.

“Es una obligación del Estado asegurar a las querellas el ejercicio de sus garantías constitucionales” en pos del “derecho a la verdad”, consignó en esa resolución sobre los archivos que se guardan en la sede del Palacio Barolo bajo la órbita de la Unidad Fiscal AMIA.

Por eso se pidió tanto a esta fiscalía como a las autoridades estatales buscar la manera innovadora de dar acceso ” teniendo en cuenta que el volumen, la magnitud y la complejidad de la prueba disponible, pone en crisis la normativa procesal aplicable para los casos estandarizados”.

Los familiares deberán tener acceso a un análisis de la relevancia de lo encontrado para las hipótesis de la investigación y además se pidió que se suministren para ello recursos humanos, tecnológicos y materiales.

La causa central por el ataque a la sede de la mutual judía en Pasteur 633 del barrio porteño de Once cambió ya dos veces de juez en los últimos dos años, tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, titular durante dos décadas del juzgado federal 6 con sede en Comodoro Py 2002.

De esta forma desde octubre de 2021 el magistrado subrogante a cargo por sorteo es Daniel Rafecas y con anterioridad fue su colega María Eugenia Capuchetti, porque la titularidad del juzgado aún está vacante.

La investigación está delegada en la Unidad Fiscal AMIA, que hasta enero de 2015 tuvo al frente al fallecido fiscal Alberto Nisman y en la actualidad está a cargo del fiscal federal Sebastián Basso.

Este último tiene a su vez tiene bajo su órbita el análisis de la información de inteligencia relevada del secreto en sucesivos decretos presidenciales desde 2005, a raíz de las denuncias por irregularidades y delitos cometidos en la investigación, que derivaron en apertura de causas con condenas penales.

De hecho, la Corte Suprema de Justicia dejó firme este mes una condena a cuatro años de cárcel a uno de los primeros policías federales que intervino en la pesquisa bajo las órdenes del destituido ex juez federal Juan José Galeano, el ex comisario Carlos Castañeda.

Castañeda fue juzgado y condenado a 4 años de prisión por la desaparición de 55 casetes con escuchas telefónicas registradas apenas ocurrido el ataque terrorista en Pasteur 633 y por el borrado de agendas del último poseedor de la camioneta Trafic que se usó como cochebomba, Carlos Telleldín.

Fuentes de la fiscalía remarcaron que toda la documentación se encontró en el edificio Barolo, del centro porteño, donde funcionó una base de la exSIDE y actual Agencia Federal de Inteligencia y centralizó allí lo que se obtenía en la investigación de la causa AMIA.

En un informe elaborado por la UFI AMIA al que accedió Télam se sostuvo que “la cantidad aproximada de documentación en poder de la Agencia de Inteligencia y sujeta a este proceso es de 1893 metros lineales“.

Todo estaba distribuido en “distintos depósitos y oficinas, en malas condiciones de conservación y sin criterios de organización archivística, ni instrumentos de control (inventario, catálogo, etc.)”.

Personal de la fiscalía trabaja en la “recuperación, digitalización, sistematización y análisis de los documentos desclasificados” y en su digitalización, además de buscar la “adecuada custodia y guarda”.

En esta causa central por el atentado, tras un segundo juicio oral al único acusado Carlos Telleldín en el que resultó absuelto, no hay condenados ni detenidos.

Circulares rojas

En cuanto a las circulares rojas tienen como fin lograr la captura internacional de los ciudadanos iraníes Moshen Rezai, Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Ahmad Reza Asghari y Moshen Rabbani para ser indagados por la Justicia argentina en relación a las acusaciones vinculadas al ataque terrorista.

Todos tienen orden de captura internacional desde el 9 de noviembre de 2006, dispuesta por Canicoba Corral, quien además ese día declaró al atentado un delito de lesa humanidad imprescriptible.

Rezai era comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución al momento del atentado; Vahidi tenia el mismo cargo en la fuerza “Al Quds” del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, y Fallahijan era ministro de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán.

Asghari, por su parte, fue tercer secretario de la Embajada de Irán en Argentina mientras que Rabbani ocupó el cargo de Consejero Cultural en la misma sede diplomática.

La fiscalía también investiga los nexos en la Triple Frontera de otro sospechoso con pedido de captura internacional, Samuel Salman El Reda, por su relación con la organización Hezbollah, a la que la Justicia argentina considera perpetradora del atentado.

“En la actualidad se están llevando a cabo investigaciones tendientes a obtener evidencias probatorias sobre quiénes pudieron haberle brindado colaboración en la región, con miras a determinar posibles redes de apoyo a la labor desplegada por el imputado”, consignó el informe fiscal.

Hasta el momento, la Justicia no pudo indagar a ninguno de los imputados pese a intentos frustrados de pedir su arresto cuando en algunas ocasiones se detectaron viajes al extranjero.

En la investigación local, hay aún 34 imputados desde hace más de dos décadas con “falta de mérito” y respecto de los cuales la fiscalía pidió el año pasado el sobreseimiento, algo que aún no fue resuelto.

Por el atentado fueron juzgados como supuesta conexión local entre 2001 y 2004 cinco expolicías bonaerenses y Telleldín, pero todos resultaron absueltos al probarse que en la investigación se cometieron delitos.

Por estos delitos de peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato y encubrimiento fue condenado a seis años de prisión en otro juicio oral el exjuez del caso, Juan José Galeano, junto a otros acusados.

En el mismo juicio se condenó al extitular de la SIDE en el menemismo, Hugo Anzorreguy a cuatro años y seis meses de prisión y se absolvió al fallecido expresidente Carlos Menem.

Télam.