La Cámara Marplatense de Empresas de Autotransporte de Pasajeros (Cametap), que agrupa a las concesionarias del distrito, presentó este miércoles una nota ante el Ejecutivo local por medio de la que solicitó un aumento del 101,8% en la tarifa plana.

El último incremento decretado por el intendente Guillermo Montenegro entró en vigencia en mayo y llevó el boleto de $ 59,90 a $ 74,38. De acuerdo al cálculo de costos que realizaron las empresas, ahora debería subir a $ 150,12. Argumentaron que así se reflejaría el impacto de las principales variables que afectan al costo del servicio.

“Por ejemplo, el precio del combustible se incrementó en un 99% si comparamos los valores abonados en noviembre/diciembre del 2021 en relación con el precio vigente actual. Por su lado, se ha producido un incremento salarial del 50% sólo con miras a un solo semestre”, indicaron.

También sostuvieron que “los repuestos, cubiertas y otros componentes que se encuentran fuertemente ‘atados’ al valor dólar se tornan cada vez más prohibitivos”, mientras que “la devaluación del signo monetario es inminente” y “los pronósticos menos desalentadores de inflación para este año no bajan del 80%”.

La Cametap advirtió que sus asociadas “no se encontraron ni se encuentran hoy en día ajenas a los avatares de este incierto contexto”. Y puntualizó que “la creciente inflación y devaluación del tipo de cambio traen aparejadas alteraciones en la ecuación económico-financiera de las empresas del sector, imposibles de ser paliadas con una tarifa desactualizada y subsidios cuasi-congelados”.

A entender de la entidad, “la abrupta caída en el nivel de actividad” durante los meses más crudos de la pandemia “se tradujo en el mayor descenso que se haya sufrido en la historia del sector”, al punto que llegó “al 90%” en los primeros meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. “Hoy en día nos encontramos trabajando al 65% de una cantidad de pasajeros que se podría considerar ‘normal’ si tomamos información prepandemia (períodos 2018/2019)”, detalló.

Los empresarios sostuvieron que “el desaliento al uso del transporte público promovido oportunamente desde los sectores que tomaron las decisiones en torno a la movilidad en el marco de la pandemia más cruda, limitándolo únicamente a las trabajadoras y trabajadores de actividades esenciales, signó el presente y futuro del consumo de este tipo de servicios en el corto y mediano plazo”.

“Desde el primer momento, nuestra actividad fue señalada por el sector público como esencial, lo cual no fue menor por la importancia que ello representa, cubriendo un servicio básico para la población. Empero, lo anterior no fue acompañado por políticas de apoyo que garanticen un marco para la sustentabilidad de la actividad”, aclararon.

Además, “los subsidios corrientes se están percibiendo asincrónicamente” y “son ya recurrentes los retrasos en las liberaciones de las partidas mensuales que cada prestataria debería recibir en plazos que otrora estaban programados y le otorgaban un marco de previsibilidad presupuestaria empresarial”, agregaron. En esa línea, alertaron que “las variaciones nominales de las partidas no acompañan el proceso inflacionario”.

La inequidad entre el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior en esa materia también fue incluida como fundamento. “Si bien hoy en día la tarifa vigente en la zona del AMBA se incrementó luego de más de dos años sin ser alterada (de $ 18 a $ 25,20), y a su vez contando con el esquema de subsidios por transbordo, el espíritu sigue vigente: el subsidio para el AMBA cubre el 80% de su estructura de costos. En cambio, si realizamos el mismo análisis para las empresas del interior del país, la relación se invierte: los subsidios cubren apenas entre el 20% y el 25%”, diferencian.

Costos fijos

Las empresas aseveraron que no debe perderse de vista el alto componente de costos fijos que tienen, “los cuales no pueden reducirse ni amoldarse en el corto plazo para adecuarse a la realidad del mercado”.

“Las nóminas de personal no sufrieron modificaciones por tal motivo; todas las empresas priorizaron el capital humano a costa de un fuerte y caro endeudamiento. El parque móvil permaneció incólume en su cantidad, e incluso las empresas afrontaron renovaciones de unidades pese al contexto adverso”, indicaron, y subrayaron que “el sostenimiento de toda la estructura debe realizarse para no permitir que el capital perima”.

Ante la falta de respuestas del Estado, las empresas nucleadas en la Cametap “han debido recurrir a diferentes herramientas de financiación para poder enfrentar los costos más urgentes y no evitables”, como “adelantos en cuenta corriente, descuento de cheques e incluso préstamos bancarios”, en momentos en que la capacidad de cancelación “resulta absolutamente prohibitiva”, señalaron.

“A todo esto, también hemos afrontado los resultados de la negociación de las nuevas paritarias de UTA: un incremento del 50% en los haberes de todas las categorías en relación a los vigentes en diciembre 2021/verano 2022, con más la fijación de una suma no remunerativa extraordinaria de $ 69.000 para cada empleado, con vigencia hasta agosto del 2022, dejando liberado el tratamiento de los salarios que regirán para septiembre en adelante, conforme el devenir de la economía en estos meses”, mencionaron.

En ese sentido, “si bien existió el compromiso por parte del Ministerio de Transporte al momento de la firma del acuerdo salarial de aportar parte de los fondos suficientes para afrontar tales incrementos, en la práctica esto no ha sucedido, agravando aún más las finanzas del sector”.

De acuerdo con los empresarios, ante este escenario “la única salida que se puede avizorar en el cortísimo plazo es la adecuación tarifaria”.