Uno de los siete detenidos en la causa por la llamada “mafia de los contenedores” pidió acogerse a la “ley del arrepentido” a cambio de aportar información sobre el funcionamiento de la banda que operaba en la Aduana Nacional y en la que aún está prófugo Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Minnicelli y otros tres prófugos eran buscados hoy en distintos operativos luego que el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky rechazara un planteo de exención de prisión hecho por la defensa del cuñado del ex ministro de la gestión kirchnerista, informaron fuentes judiciales.

En cuanto al detenido que pidió ser incluido en la ley del arrepentido, se trata de uno de los indagados ayer por el magistrado que admitió delitos luego de que se le hicieron escuchar grabaciones de sus conversaciones telefónicas incorporadas a la causa.

El pedido deberá ser evaluado por le fiscal del caso, Marcelo Aguero Vera y por el juez. Además de Minnicelli, continuaban hoy prófugos Osvaldo Giacumbo, quien se desempeñaba en la División Control y Fiscalización Operativa número 2, el agente aduanero Néstor Frega, y el jefe de la Terminal Portuaria número 5, Mauro Delmastro.

Aguinsky indagó ayer a los ya detenidos, entre ellos el empresario paraguayo Oldemar Carlos Barreiro Laborda, ex dueño de la empresa Lo Jack; Edgardo Paolucci, quien hasta hace dos meses fue una de las máximas autoridades operativas de Aduana; y Federico Tiscornia, hermanastro del ex juez del fuero penal económico Guillermo Tiscornia.

También fueron indagados los agentes de Aduana Vanesa Calamante, Martín Corral, Santiago Jiménez y Rodolfo Trebino. Calamante se descompensó durante el trámite y fue asistida en el Cuerpo Médico Forense.

Según la acusación que derivó en las detenciones, todos ellos conformaron una asociación ilícita para contrabandear mercaderías y destrabar containers bloqueados por los controles aduaneros.

Además de ingresar mercadería de contrabando, la banda realizaba tareas de “liberación o de desbloqueo de contenedores o mercaderías cuyo ingreso a territorio nacional, según se sospecha, habría intentado concretarse entorpeciendo o aun evadiendo íntegramente el control aduanero”, según la resolución donde se ordenó detener a los acusados.

Según la Justicia, se cobraba 70 mil dólares por cada contenedor con mercadería que lograba sacarse de la Aduana pese a que estaban bloqueados.