El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy el procesamiento de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Se trata de la causa en la que están imputados por haber “favorecido ilegítimamente a los empresarios a través de distintas irregularidades en el acogimiento y otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que dicha firma debía ingresar al fisco y, que en cambio, utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo”.

El pedido de procesamiento, remitido al juez federal Julián Ercolini, incluye a otra decena de funcionarios de la AFIP y vinculados con el grupo empresario.

Según la acusación del fiscal, entre 2013 y 2015, Oil Combustibles “omitió el pago de los conceptos correspondientes al ICL –habiendo abonado únicamente 7 períodos de los 55 en cuestión–, siendo que los ex funcionarios indagados no reclamaron oportunamente el pago de la deuda”.

Al mismo tiempo, “habrían permitido por acción en algunas oportunidades y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento, otorgamiento y posterior gestión de regímenes de facilidades de pago, permitiendo de ese modo que la empresa se valiera indebidamente de esos fondos para financiar a otras sociedades del Grupo Indalo, del cual la nombrada formaba parte”.

Según Pollicita, el Estado Nacional “dejó de percibir más de 5.000 millones de pesos en concepto de capital, los que al momento de solicitar esta parte la declaración indagatoria alcanzaban la suma de más de 8.900 millones de pesos con los intereses incluidos”.

El dictamen, de 75 páginas, describe tres pasos de la presunta maniobra: la inmersión en el negocio petrolero con la creación y puesta en funcionamiento de la firma Oil Combustibles, seguido de ello, la omisión de pago de los montos declarados y percibidos por dicha firma en concepto de ICL y el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago generales y particulares.

“Y en último término, como resultado de lo anterior, el perjuicio millonario ocasionado al Estado Nacional por la falta de ingreso del tributo en cuestión”, resumió Pollicita.

El fiscal se permitió reiteradas evaluaciones políticas en su dictamen: “es dable poner de resalto la alarma social que generan hechos como el presente, y la preocupación que han manifestado diversos organismos internacionales en los últimos años, a raíz de la propagación y reiteración de conductas que, como la presente, se enmarcan dentro de lo que se ha dado en llamar ‘delitos de corrupción’, que afectan la transparencia y honestidad con que debe desempeñarse la función pública, y atentan contra la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

La lista de pedidos de procesamiento incluye a Ángel Rubén Toninelli, Guillermo Michel, José Antonio Bianchi, Pedro Gustavo Roveda, Celeste Ballesteros, Walter David D’angela, Eduardo Nappa, Pablo Jorge Aguilera, Simón Zárate, Fabián Di Risio, Karina Venier, Mabel Fadda, Walter Tetes, Víctor Cingolani y Gustavo Esperón, Claudio Burtin, Marcelo Eglis, Juan Vallee y Daniel Collazo.