Coincidieron en la necesidad de poner énfasis en el aspecto ambiental para no dañar ni al productor ni al medio periurbano. Escucharon recomendaciones de especialistas.

Sociedades rurales del sudeste coincidieron ayer en Mar del Plata en la necesidad de avanzar hacia la producción sustentable en el marco de un abordaje integral de las normas que regulan el uso de agroquímicos.
En un encuentro convocado por la Sociedad Rural de Mar del Plata en el que participaron representantes de los distritos de la zona, los ruralistas también abordaron la problemática de la inseguridad e intercambiaron opiniones sobre los seguros agrícolas, los servicios y la conectividad rural.
Uno de los temas medulares de la reunión fue la ordenanza municipal 21296, que creó en 2013 el Programa de Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad de “mejorar la sostenibilidad social, ambiental, cultural y económica de la producción agropecuaria del Partido de General Pueyrredon”.
La norma establece una serie de requisitos para el uso de agroquímicos en una zona de hasta 1000 metros de los núcleos urbanos. “No se podían aplicar productos de banda roja, los más negativos, y había que llevar cuaderno de campo, tener cartelería de buenas prácticas agrícolas e
inscribirse. Dentro de esa zona, además, había una zona de 100 metros en los cuales las restricciones eran mayores”, explicó a LA CAPITAL Enrique Adlercreutz, extensionista del INTA Mar del Plata.
La norma venía a reemplazar una de 2008 que directamente prohibía el uso de agroquímicos a 1.000 metros de los núcleos urbanos, y fue elaborada a partir de una mesa técnica convocada por la municipalidad en la que participaron representantes del Senasa, el Colegio de Ingenieros y diversas instituciones, entre ellas la Sociedad Rural.
“La ordenanza respeta el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos productivos, como mantener la producción en forma sustentable sin dañar al vecino, al consumidor o al que tiene una casa en la zona”, mencionó
Adlercreutz.
Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspendió la aplicación de los artículos 19, 23, 27 y 28 de la norma a partir de la presentación de un recurso de amparo. Se trata de los artículos que, justamente, delimitan el área en que deben respetarse los requisitos para el uso de agroquímicos.
El abogado Alberto Moreira, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y subdirector del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados local, consideró que no hay que tratar el tema “como una dicotomía entre ambientalistas y productores”.
“Es una problemática que atañe a todos y en la que todos debemos estar preocupados. Tal vez lo que hay que lograr es un equilibrio que sea progresivo en el que las cargas sean repartidas”, dijo. Y puntualizó la necesidad de una convocatoria municipal: “Es necesario un abordaje integral, una mesa a la que concurran todos los actores, donde el poder público es fundamental que esté presente. Si no, son tiempos perdidos. No podemos esperar la resolución de la Suprema Corte esperando que una sentencia vaya a resolver un conflicto que es mucho más complejo de lo que parece”.
El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Fermín Echeverría, opinó que “a la ordenanza hay que aplicarla”, porque al margen de esos cuatro artículos el resto del texto está en vigencia. “Estamos queriendo implementar el registro de los diferentes aplicadores y tener una mirada global de los pueblos de la provincia para elevar una ley provincial. Buscamos trabajar en lo ambiental para no dañar ni al productor ni al medio urbano y periurbano”, indicó.
El anfitrión del encuentro fue el presidente de la Sociedad Rural local, Esteban Area, e intervinieron ruralistas de Balcarce, Alvarado, Mar Chiquita, Lobería, Tandil, Maipú y Necochea.