El presidente Mauricio Macri no lo pudo imaginar ni en el más delirante de sus sueños, pero a diez meses de su asunción se está erigiendo en el mediador de los dos sectores internos más poderosos del peronismo en la actualidad: los gobernadores y los sindicalistas, enfrentados en una suerte de paritaria premium.

El reclamo gremial por el pago de un bono de fin de año tiene en los mandatarios provinciales a sus más férreos opositores, mucho más aún que los empresarios. Los problemas coyunturales de déficit fiscal en las provincias (habrá que admitir que es una coyuntura demasiado larga) se montan sobre un esquema de terror: cuatro de cada cinco empleados públicos son provinciales o municipales, pero provincias y municipios solo recaudan uno de cada cuatro pesos del total.

Una confrontación de similares características se puede comprobar en torno de las demoras del Gobierno nacional en enviar al Congreso el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias. Es que el tributo es coparticipable y el cálculo es más sencillo de lo que se cree: por cada peso de mejora en el sueldo de un trabajador (y su correspondiente aporte sindical) hay cincuenta centavos de perjuicio en las arcas provinciales.

El miércoles, el ministro Alfonso Prat-Gay dejó en claro ese cuello de botella, al explicar que no se enviará el proyecto de ley de Ganancias hasta que no se tenga la certeza de cuál será el Presupuesto que apruebe el Congreso.

El costo fiscal del cambio en el impuesto previsto en el proyecto de Presupuesto es de 27.000 millones de pesos, pero ese número podría variar si las negociaciones con los gobernadores llegasen a representar un gasto adicional no previsto.

Detrás de esa disputa, subyace una realidad compleja, signada por la pérdida del poder adquisitivo de la mayor parte de los trabajadores y el deteriorado frente fiscal de las provincias, que por lo visto no se puede subsanar con el reintegro paulatino de los 15 puntos de la coparticipación retenida durante 24 años de silencio de muchos gobernadores.

Al respecto, el último Reporte Regional de la consultora Economía & Regiones agrega más preocupaciones. En la primera quincena de octubre, las transferencias a las provincias en concepto de coparticipación tuvieron un incremento interanual de apenas el 10,3 por ciento, casi la cuarta parte de la inflación y rezagado ante la más mezquina pauta salarial.

“Si se descuenta el efecto del fallo de la Corte Suprema de la Nación que beneficia a Córdoba, Santa Fe y San Luis, y el aumento del coeficiente de participación de la CABA, los envíos por coparticipación crecieron 4,9 por ciento”, añadió E&R. Difícil hacerse cargo de un bono de 2.000 pesos cuando las estrecheces financieras llegan a tal extremo.

Según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) el 56 por ciento de los empleados públicos son provinciales y el 25 por ciento municipales.

Un bono de 2.000 pesos para todos ellos representaría una erogación extra de 6.300 millones de pesos. Y un dato clave: las provincias con mayor proporción de empleo público son las que atraviesan por los problemas financieros más agudos.

Pero todos esos problemas, eminentemente económicos, no están exentos de condimentos políticos. Como pocas veces en la historia, el poder de la cúpula de la CGT está jaqueado por reclamos que exceden a los de una oposición interna y suma a las dos CTA y una cantidad de movimientos sociales que pugnan por su inclusión en las mesas de discusiones.

Por su parte, los quince gobernadores peronistas (o diecisiete, con los aliados de Río Negro y Santiago del Estero) están lejos de ser un frente homogéneo, pero hacen causa común ante un poder central que les representa un desafío inédito. Macri es el primer presidente democráticamente elegido en más de siete décadas que no proviene de ninguno de los dos partidos dominantes de la política nacional, el PJ o la UCR. Su eventual éxito podría herir severamente un tablero político que se mantiene desde mediados del siglo pasado y, con ello, representar el fin de muchas carreras políticas. Pero su fracaso derivaría en una nueva crisis social, económica y política, cuyos blancos más accesibles e identificables están en las administraciones provinciales y municipales, mayoritariamente en manos del peronismo.

Unidas, entonces, más por el espanto que por el amor, las provincias y la Nación buscan mantener una relación cuyo equilibrio depende de los recursos que esta le transfiera a aquellas. Una suerte de “seguro de gobernabilidad” alimentado a puro déficit, a su vez acrecentado por la necesidad de atender al sindicalismo, el tercero en discordia.

En el fondo, casi nada nuevo bajo el sol, en un país donde la concentración de recursos en cabeza del Estado nacional convirtió al poder central en el árbitro de las pujas distributivas. La novedad del caso radica en que por primera vez gobernadores y sindicalistas peronistas tendrán que resolver sus diferencias con recursos administrados por el PRO.

La síntesis de este extraño maridaje la aportó hace casi un siglo un revolucionario ruso que no participó de ningún Diálogo por la Producción y el Trabajo. “La política es la expresión concentrada de la economía”, dijo Lenin en 1921. Noventa y cinco años después, en el otro extremo del planeta, la historia se repite como comedia.

DyN.