No coinciden en sus ideas políticas. Él lidera el oficialismo y ella la oposición. Fueron los grandes protagonistas de la última elección en General Pueyrredon y todo parece indicar que volverán a enfrentarse el año próximo. En los últimos tiempos cruzaron declaraciones fuertes -interna del PJ y el rol de la oposición en el Concejo- y por lo general no asisten a los mismos actos. Sin embargo, el lunes, el intendente Guillermo Montenegro y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, compartieron la firma de un acuerdo que beneficia a Mar del Plata. Se presentó la foto que aplauden quienes entienden a la política como una forma de dar respuestas a la comunidad que representan. En tiempos de crisis, las coincidencias entre quienes son los líderes políticos de los marplatenses y batanenses no constituyen un dato menor. Que se convierta en un hecho aislado o fortuito dependerá únicamente de ellos. Ya tendrán tiempo para enfrentarse y rivalizar en las próximas elecciones. Hoy verlos codo a codo pensando en Mar del Plata -cabe insistir, ojalá no constituya un hecho aislado- suena como un hecho aplaudible.

Lo cierto fue que con la presencia de la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, y el intendente Guillermo Montenegro, se llevó adelante la firma del convenio para la realización de la obra de repavimentación del camino San Francisco, entre ruta nacional 226 y ruta provincial 88. En esta primera etapa se asfaltarán 7 kilómetros y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación destinará más de $534 millones para la obra. Raverta resaltó que “este tipo de acciones muestran el acompañamiento y compromiso de la Nación y la Provincia para la realización de obras para la ciudad”, a la vez que remarcó que “la repavimentación de este camino estratégico no sólo garantiza la seguridad vial de la zona sino que impulsa el mejoramiento de la infraestructura productiva y fortalece el desarrollo de las economías regionales que son esenciales para la generación de empleo”.

Testigos del encuentro entre quienes en los últimos comicios para intendente cosecharon más de 327 mil votos fueron el Director Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta; el Gerente Ejecutivo de Recursos Humanos de Vialidad Nacional, Jorge Ruesga; y el asesor en Asuntos Municipales de Vialidad Nacional, Marcelo Sosa. Los casi 13 kilómetros del camino San Francisco de Asís permiten la circulación entre Sierra de los Padres y Batán y el tránsito, abastecimiento y distribución de productos de la ciudad, principalmente provenientes del cordón frutihortícola, que es el segundo más importante de la Provincia. También facilita la conexión de las comunidades con los servicios educativos, como la escuela N°51, y el acceso al complejo penitenciario. Este camino se pavimentó por última vez en 1998. “Para nosotros es más que beneficioso que laburen juntos por la ciudad. Y acá está una prueba”, refería satisfecho un vecinalista de Batán, tras el encuentro entre Montenegro y Raverta.

¿Qué tiene que ver la presidenta del Consejo Escolar Natalia Russo (la polémica funcionaria que llegó al cargo por Juntos por el Cambio y hoy se convirtió en opositora) con el conflicto que existe en el barrio Pueyrredon, donde los vecinos pidieron frenar el avance de un plan de viviendas? La situación, polémica por cierto, promete nuevos capítulos. Lo cierto es que un grupo de vecinos presentó una nota al intendente para que interceda ante Nación y Provincia a los efectos de interrumpir la construcción de viviendas en terrenos que están destinados a otro fin. Se trata de las tierras ubicadas entre las calles Fortunato de la Plaza, Soler, Camusso y República de Cuba, donde los vecinos denunciaron una actitud de “atropello y ocupación”. Es que la zona del conflicto cuenta con seis manzanas que pertenecían a la familia Peralta Ramos, cuyos integrantes las donaron en 1935 para construir establecimientos educativos. Actualmente cuenta con un jardín de infantes, una escuela de educación primaria y una secundaria, reclamando los vecinos ese espacio disponible para que se amplíe la escuela especial Nº515 y la construcción de una sala de primeros auxilios para descomprimir la demanda de las existentes en barrios vecinos.

En la sesión del Consejo Escolar del 26 de abril pasado, la presidenta del Consejo, Natalia Russo, le informó a sus colegas Eva Fernández, Verónica Castro, Abigaíl Araujo, Marcelo Veneziano, Mónica Lence, Pablo Coronel, Celeste Bracciale y Carina Cermosini (estuvo ausente Hugo Rosa), que había firmado “de manera informal” la cesión de tierras linderas a la escuela secundaria Nº19 al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, comunicando que el año pasado se inició un expediente donde la Dirección General de Cultura y Educación cede un porcentaje de esos terrenos para un proyecto de construcción de 64 viviendas, un polo deportivo, un playón deportivo techado y otro abierto con gradas. “Está todo el aval legal y el expediente a disposición de cualquier consejero que quiera acceder a él”, anunció Russo. Ante una consulta de la consejera Cermesoni, que dijo no haber tenido acceso al expediente, Russo insistió que se trató de una cesión de tierras.

“Tengo entendido que esas tierras fueron donadas por la familia Peralta Ramos, y siendo orientadas a lo educativo, eso debería respetarse ya que incluso la familia puede revocarlo si no se respeta el cargo hecho”, acotó Cermesoni, tras lo cual el secretario técnico, Emanuel Duarte, confesó que “en su momento habrá sido la donación al ministerio de Educación, pero en este caso, el acuerdo nos excede porque es directamente una cesión del ministerio de Educación al de Desarrollo Social”. Recordó entonces Cermesoni que ese espacio pertenece a la Dirección General de Escuelas y Cultura y que en algún momento fue objeto de un anteproyecto de traslado de la Técnica Nº5 (que hoy alquila un edificio en situación de irregularidad contractual desde 2019) y de un instituto a la vez que reveló que hubiera preferido que ese espacio se ocupara en construir algo educativo ya que “todos saben que estamos en búsqueda de edificio para la 515”. Y añadió en un clima de tensión que “lamento que no se haya contemplado a la hora de decidir el uso de estas tierras, porque hay otras tierras fiscales para ese uso”.

A su turno, la consejera Mónica Lence -que tuvo ya varios cruces con Russo, incluso con denuncias a través de redes sociales- dijo estar de acuerdo con que se adjudique tierra a la gente que la necesita, pero le pareció “pésimo” que sean tierras de la Dirección General de Escuelas. “No se nos ha tenido en cuenta como cuerpo, ni para consultar. Quizás hablando antes se podría haber llegado a una solución”, se lamentó. Lo cierto es que un grupo de organizaciones sociales, a través de sus cooperativas, iniciarán obras en ese predio, con la creación de 64 lotes con servicios para soluciones habitacionales y un salón de usos múltiples para tres instituciones educativas de la zona. Las obras forman parte de un programa de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y estarán a cargo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nuestramérica, Atahualpa, Frente Popular Darío Santillán y Unión Fuerza Argentina, habiéndose realizado ya una jornada de limpieza, según se anunció en redes sociales. Trascendió que se invertirán 165 millones de pesos.

Los vecinos, en tanto, recordaron que hubo un intento de ocupación de esas tierras en 2004, cuando se pretendió utilizarlas para el “Plan Dignidad” (relocalización de la villa de Paso), aunque lograron demostrar que el fin de la donación de ese predio era para educación, y en memorando Nº 300 del 2 de agosto de 2004 se reafirmó su destino para la construcción de un polideportivo y de recreación, aclarándose que sería expropiado de destinarse a la relocalización de la villa de Paso. “No estamos en contra de ningún movimiento, ni del avance de la ciudad, ni de las personas a las que se les prometió una vivienda”, afirmaron en un documento los vecinos, donde añaden que están “indignados” por la “falta de respeto a la educación”. Y aseguran que las tierras se encuentran lindantes a la planta de gas YPF. “La vuelca indiscriminada de hidrocarburos a través de los años hacen negativo el informe de impacto ambiental, y por tal motivo fue que mediante tratativas se resolvió realizar playones deportivos y recreativos hasta la subsanación de dichos terrenos”, detallaron. Y añadieron con respecto al actual conflicto que “no admitimos que no se realicen informes sociales y que no nos digan que no los han hecho, porque de ser así, sería inviable la construcción de un complejo vecinal”.

Por ahora, todo es silencio tanto en el departamento Ejecutivo como en el Concejo Deliberante ante la inquietud de los vecinos. “Nadie aclara nada y nos encontramos sin explicaciones por lo que no descartamos acudir a la justicia para que determine si es correcto o no lo que se pretende realizar”, explicó un vocero barrial, quien recordó que desde que asumió en su cargo, la consejera escolar Natalia Russo “no dio ninguna respuesta viable” para resolver los problemas edilicios de los establecimientos educativos allí afincados. En definitiva, vecinos contra vecinos. Por un lado, quienes hoy habitan en la zona pretendiendo que se cumpla el destino fijado en la donación de esas tierras, y por el otro, la esperanza, para 64 familias, de contar con su vivienda propia. Un tema más que delicado.

Tras la confirmación por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de que en marzo próximo se iniciaría la exploración petrolera a poco más de 300 kilómetros de la costa, y mientras se aguarda el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata -se conocería en no más de diez días- en base a las impugnaciones presentadas, se realizará el próximo lunes la audiencia pública en el Concejo Deliberante donde quedarán expuestas las posiciones de representantes de distintas organizaciones, profesionales, sindicatos, empresarios y particulares. La misma fue impulsada en su momento por Acción Marplatense. “Lo importante -confiaba el concejal Horacio Taccone- será poder decidir en base a opinión fundada y no de disparates que se dijeron de un lado y el otro”.

La audiencia pública -se realizará en forma virtual- será presidida seguramente por el concejal Agustín Neme (presidente de la comisión de Medio Ambiente). Hasta este martes había 400 inscriptos, estableciéndose que los interesados podrán anotarse vía web del Concejo Deliberante hasta el viernes 27 a las 13, por lo que se estima que el número de oradores crecerá. “El formato -explicó una alta fuente del deliberativo- es por Zoom, con cinco minutos por orador, sin intercambios, sino que habla uno, continúa el siguiente y así sucesivamente”. Si bien la audiencia arrancará el lunes, por la cantidad de inscriptos se piensa, como mínimo, en cuatro o cinco jornadas. “Estimamos que vamos a estar toda la próxima semana con este tema”, se consignó.

A todo esto, estuvieron en Mar del Plata representantes de las firmas petroleras involucradas en esta iniciativa, manteniendo encuentros informativos con distintas organizaciones y entidades locales, detallando cómo se ha trabajo en otros lugares del mundo para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las respectivas comunidades en cuanto a supuestos daños ambientales. Equinor planea iniciar la prospección sísmica, en primer lugar, sobre las licencias CAN 100 y 108 ubicadas a 307 kilómetros de Mar del Plata. La firma noruega tiene ocho permisos de exploración distribuidos en el norte y en el sur del mar Argentino, donde es el operador en seis y participa en dos como socio, detalló Raúl Hurtado, gerente de Activos Costa Afuera de la compañía noruega en la Argentina.

Hurtado fue uno de los 500 oradores de la audiencia pública off shore convocada por el Gobierno nacional, donde se escucharon argumentos de la compañía Equinor, de las cámaras pesqueras y de entidades ambientalistas. En el sitio econojournal.com se detalló que Hurtado, representante de Equinor, expresó que la campaña sísmica contará con tres buques donde se desplegará una red de 10 cables de 8.000 metros de largo y 150 metros entre ellos con una anchura de barrido de 1.350 metros. Los cables son sumergidos a 12 metros de profundidad y arrastrados por el buque principal. Por su parte, Nidia Álvarez Crogh, presidenta de Equinor Argentina, subrayó que “hacemos entre tres y cinco estudios similares al año en Noruega y en otras partes del mundo”.

Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Sostenible y presidente de la audiencia pública, comentó que la convocatoria “se da en un contexto de una agenda que promueve una profunda transición hacia un modelo que garantice el balance entre crecimiento económico, equidad social y protección ambiental. Ya no hay margen para concebir el desarrollo sin sostenibilidad”, aseguró. “Cualquier alteración en la distribución y abundancia que se produzca en los recursos marítimos a partir de las prospecciones sísmicas, desestabilizará la estructura comercial de las empresas pesqueras, pudiendo provocar consecuencias indeseadas y pérdidas económicas considerables”, indicaron por su parte en un comunicado las cámaras pesqueras.

Mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señalaba que si prospera la exploración petrolera aguas adentro en el mar Argentino “se abrirá una ventana de oportunidades inmensas”, se conocía, a través de los voceros de las empresas petroleras, que en el caso del pozo a 300 kms de Mar del Plata no se instalará una torre como es tradicional en muchos de los casos. Al tratarse de un lugar de 1.500 metros de profundidad, se empleará un gigantesco barco -construido para esta ocasión- con el que se realizaría toda la exploración. Se puso como ejemplo el caso del Peregrino FPSO (Floating Production Storage and Offloading) que opera en Brasil. En dicha embarcación -tras la exploración hay al menos un año de análisis de pruebas recolectadas- la tripulación es de 200 personas. “Hay recambios, al menos diez personas por día. Y esa actividad se realiza con helicópteros. Desde Mar del Plata serían vuelos de dos horas, y de allí la ventaja que tiene el puerto local con respecto a los de otros puntos de la provincia”, se estableció.