La abogada Agnes Hooft, dedicada al derecho de familia, asistente legal de los Hogares de Belén y representante de la familia que tiene a cargo el cuidado de un hermanito de Yasmín, la beba supuestamente asesinada por sus padres, Lucía Sosa y Javier Picard, actualmente detenidos, no tiene consuelo. Con evidente tristeza y dolor está convencida que tras la muerte de Candela Milagros, quien hoy tendría tres años, la de Yasmín Milagros se podría haber evitado.

“Acá hay negligencia por parte de muchos funcionarios“, refirió Hooft en su charla con LA CAPITAL antes de publicar una amplia carta abierta en su facebook para dar a conocer todos los antecedentes de ambos casos que conmovieron a los marplatenses y que vienen ganando también espacio en los medios nacionales.

La profesional, incluso, en base a la documentación acumulada a lo largo de todos estos años trabajando para permitir que “L”, hermanito de Yasmín y Candela, entregado a los Hogares de Belén a los diez días de vida, hoy con ocho años cumplidos pudiera quedar al cuidado de una familia de tránsito, conoce toda la historia del controvertido nucleo familiar del matrimonio detenido por este nuevo crimen aberrante, y no descarta una hipótesis que jamás fue investigada.

Agnes Hooft

Sostiene que Lucía, la madre detenida, es oriunda de Formosa, adonde viajaba constantemente junto a su esposo Javier, llevando a sus hijos. De la autopsia de Candela surgió que la bebé tenía cocaína en sangre en dosis bajas y que esa no fue la causa de la muerte. La mujer en varias oportunidad ingresó al Hospital Materno diciendo que sus hijos “tenían diarrea con sangre”. En este contexto, Agner Hooft es directa: “nosotros creemos que usaban a los niños para transportar cocaína, como mulas“. Y también sospecha que teniendo en cuenta que Javier Picard contraba a menores de edad para que cuiden a sus hijos, también podría haber habido presuntos casos de trata de personas. “A través de carteles que dejaba en el barrio -comentó- solicitaba niñeras. Javier y Lucía no tenían casi ni para comer, todo se los proveía el Estado, y lejos estaban de poder contratar servicios de nursery. Se probó con informes de asistentes sociales que en la casa de Javier y Lucía vivían menores de edad. Nada se sabe hoy de esas niñas, las cuales en su mayoría eran norteñas“.

La abogada, sobre los presuntos casos de tráfico de drogas y de trata de personas, reveló que “hemos pedido que se investigue y nada se hizo” y admitió que Javier Picard tendría “causas en la localidad de Azul por abuso sexual donde habría estado preso”.

Sindrome de Munchausen y graves errores

En otro tramo de la charla con LA CAPITAL, la profesional también explicó que desde antes de la muerte de Candela Milagros, los médicos del Hospital Materno Infantil diagnosticaron que Lucía Sosa padecía el Síndrome de Munchausen. Se trata de una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil. El cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. “El Hospital se presentó ante la Justicia. En muchas oportunidades fueron citados para dar explicaciones sobre el Munchausen, fueron a decir que estos chicos corrían peligro, que por favor se los saquen, pero nunca los escucharon”.

Agnes Hooft sostuvo que “acá hay una deuda tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo. Hay dos poderes trabajando con los niños. Las medidas de abrigo, de protección, las toma el Ejecutivo a través del Servicio Zonal. Tratan de revincular constantemente y que los niños vuelvan con sus familias de origen. Cuanto esto no se logra -añadió-, interviene el poder Judicial y toma medidas. Los chicos son derivados a una institución y después hacen el camino hacia la adopción”. En este marco, recordó que “cada vez que se intentaba sacar a los menores de los padres, había reclamos y ONGs interviniendo, como Eco y la organización EnRed“. Sobre este última, que encabezó protestas y denuncias mediáticas para que le fueran restituidos los hijos a Lucía Sosa y Javier Picard, Hooft dijo que “al menos fue abusivo el haberse metido en una materia que no les correspondía. No había un solo médico del Materno que desconociera el Munchausen que padecía Lucía” dijo y apuntó contra la licenciada Patricia Gordon, miembro de la ONG EnRed quien “en todos sus informes indicó que Lucía podía ejercer la maternidad y que “L” debía volver con ella y Javier”.

La pequeña Yasmín.

La representante de los Hogares de Belén recordó que “también pidieron el reingreso del menor a sus progenitores la asesora de menores, doctora Mónica Cotroneo, y el Servicio Zonal por medio de su directora Alejandra Germinario”, mientras los profesionales médicos insistían con el Sindrome de Munchausen, indicando que los niños “entraban maltratados al Materno por lo que los profesionales médicos solicitaban que les pusieran protección. Yo mismo solicité protección para los hermanos porque era inminente que Lucía los lastimaría, o peor aún, los mataría. Con el caso de “L” debí llegar hasta la Corte para lograr que quede al cuidado de otra familia”.
Agner Hooft volvió a insistir con la labor desarrollada por todos los médicos del Materno Infantil y de la salita Avenida en el tratamiento de los niños. “No sólo han trabajado ejerciendo su profesión dignamente, sino que se presentaron a la justicia reclamando, denunciando, explicando el Sindrome de Munchausen. El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo están en deuda con todos estos profesionales de la salud” dijo, al tiempo que también resaltó las actuacioes de las juezas Adriana Rotonda, Clara Obligado y Marcela Meregoni, y del juez Facundo Dominoni. “Todos estos jueces trabajaron con sus consejeros, secretarios, prosecretarios, etc. En cuanto a la situación de Yasmin, Dominoni había ordenado que la niña no estuviera al cuidado de sus padres y el Servicio Zonal intervino con medidas de abrigo”, afirmó para resaltar además la labor comprometida de la licenciada Ana Aroza, psicóloga del Juzgado de Familia.

“Para que esto no vuelva a suceder”

Hooft, en tanto, sostuvo que hubo participaciones negativas, identificando a “la asesora de menores Mónica Cotroneo, quien estaba convencida que lo mejor para su representado era vivir con sus padres de origen, llevando la causa hasta las últimas consecuencias. También la licenciada Gordon, el Servicio Zonal y la doctora Germinario, en todo momento defendieron a los padres, entorpeciendo la posibilidad de que los niños sean protegidos”, remarcó.
La doctora Hooft admitió que si existiese alguna posibilidad sería más que interesante que se reabriera la causa por la muerte de Candela, pero a la vez adelantó que solicitará una nueva investigación en cuanto al pasado de Lucía. “Ella empezó a tener hijos a los 23 años, hoy tiene 33 años y siete hijos, dos de ellos fallecidos. Fue abusada desde los 5 años en Formosa y me llama la atención que no haya tenido otros hijos antes de los 23 años. Habría que investigar en Formosa sino estuvo entrando y saliendo de los hospitales como lo hizo durante tanto tiempo acá en Mar del Plata“, detalló.

“Todos tenemos un rol que cumplir, y especialmente ayudar para que esto no vuelva a suceder”, remarcó finalmente Agnes Hooft.