El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°11 aceptó este viernes como querellante al intendente Guillermo Montenegro en la causa que investiga la posible adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010 y la incidencia de ese dato en la distribución de la coparticipación provincial.

La causa se inició luego de una denuncia del alcalde de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien también fue aceptado como parte de la querella dentro del proceso penal.

En un escrito de tres páginas, el magistrado del caso afirmó que el pedido realizado por los jefes comunales de Tres de Febrero y General Pueyrredon cumplían los requisitos legales. Por eso, los autorizó a ser parte de la investigación, lo que implica que, entre otras cuestiones, podrán pedir y aportar prueba en la causa.

En la presentación realizada el lunes, Montenegro había advertido que “el Municipio de General Pueyrredón podría ser damnificado por la indebida distribución de los fondos mencionados, dispuestos en beneficio de La Matanza y en detrimento de los demás que conforman la Provincia de Buenos Aires”.

Por ello, había solicitado ser querellante en la causa que investiga la “posible adulteración de los registros recabados por el INDEC durante el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, los que constatarían una cantidad de habitantes en el distrito de La Matanza que no se ajustaba a la realidad de ese momento y que se refleja en un porcentaje cercano al veintisiete por ciento (% 27%) más de pobladores de los que efectivamente se habrían verificado”.

En su denuncia penal, Valenzuela destacó que la coparticipación provincial es el mecanismo a través del cual la Provincia de Buenos Aires transfiere fondos a los 135 municipios que la conforman, generados a partir de la percepción de tributos del Estado provincial y aportes provenientes del Estado nacional; estos últimos, en función de la Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.

En este marco, el intendente de Tres de Febrero dejó en claro que, si bien no es el único, la población es el principal ítem que toma en cuenta la Provincia al momento de la distribución de los fondos.

Según el Censo de 2010, La Matanza alcanzó los 1.775.816 habitantes, lo que señalan como un “abrupto ascenso poblacional sin que exista para ello un fenómeno demográfico atípico que pueda brindar una explicación plausible”.
Valenzuela interpretó que “los datos arrojados en el censo exhiben distorsiones inexplicables si se los contrasta con otros registros, también de carácter público y confeccionados por otros organismos oficiales, como la población vacunada según el Ministerio de Salud y los electores habilitados a emitir sufragio según la Cámara Nacional Electoral”.