La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del atentado a la AMIA advirtió que la ex Secretaría de Inteligencia produjo información útil para la causa, antes y después del ataque a la mutual judía, pero no la remitió hasta que fue descubierta el año pasado.

Esa información estaba distribuida en tres depósitos de la flamante Agencia Federal de Inteligencia (AFI, que reemplazó a la SIDE), ubicados en las direcciones de Inteligencia Antiterrorista y Contrainteligencia y en la ex Dirección de Observaciones Judiciales.

“Se trata de cajas con informes que, si se los ordenara linealmente, ocuparían una recta de casi dos kilómetros”, informó a Télam una fuente de la investigación, que aseguró también que se trata de documentos que dan cuenta de cómo se manejaron los servicios de inteligencia en relación al atentado.

En el primero de los de los depósitos encontraron 997 paquetes, en el los otros dos hallaron materiales en distintos formatos que se los alineara ocuparían 730 y 465 metros respectivamente.

El descubrimiento del equipo de fiscales a cargo de la investigación del ataque contra la mutual judía ocurrido en 1994 fue volcado en un informe referido al proceso de desclasificación de información secreta o reservada sobre el atentado (del año 2000 al 2016) al que tuvo acceso esta agencia.

“La labor desarrollada reveló que la Secretaría de Inteligencia produjo información antes y después del atentado que no fue incluida en el envío dispuesto por la resolución ‘S’ 119/05 y que, incluso después de esa remisión, siguió generando información que tampoco se puso a disposición de la UFI AMIA”, concluyeron los fiscales en el informe.

La documentación fue descubierta el año pasado luego de que el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó una nueva desclasificación de información reservada en el marco de la causa AMIA.

La orden de la ex mandataria implicó la desclasificación de 2047 carpetas que se encontraban hace una década bajo custodia de la UFI-AMIA pero vedadas a las partes y la búsqueda de toda nueva documentación o archivo que no hubiera sido aportada a la causa.

“En el cumplimiento de esa orden, la AFI realizó una inspección de sus instalaciones con magistrados y funcionarios de la UFI-AMIA y una escribana de la Escribanía de Gobierno”, detallaron los fiscales Roberto Salum, Sabrina Namer y Leonardo Filippini en el informe que se publicará en los próximos días.

La inspección culminó con la identificación de tres nuevos depósitos de documentación que quedaron registrados en sucesivas actas y en soporte fotográfico y fílmico y que luego fueron relevadas por un equipo especializado a cargo del fiscal coordinador de la UFI, Juan Murray.

Hasta el cierre del informe, el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (Gerad) creado por la Procuración General de la Nación había logrado sistematizar 10.000 registros 200.000 fojas “que representan una fracción menor de la documentación desclasificada”, según consignaron los fiscales.

La tarea del Gerad se concentró en tres grupos de documentos bajo distintos regímenes de guarda y accesibilidad:

1) Documentos pertenecientes a la Secretaría de Inteligencia que fueron custodiados por la UFI durante 10 años.

2) Documentación del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires solicitada por las querellas en 1998 en virtud del rol que, se creía, habían cumplido en el atentado algunos integrantes de ese cuerpo.

3) Documentación desclasificada por el decreto 395/2015 que está distribuida en tres depósitos de la AFI.
“Se espera conseguir contextualizar el modo en que la información de inteligencia se produjo a lo largo de la investigación con el objetivo de identificar aquella que fue producida con la intención de desviar la pesquisa o que no fue puesta en conocimiento de las autoridades por la misma razón y distinguirla de la información certera y confiable sobre los sucesos”, sostuvieron los fiscales.

La información ocultada durante años podría aportar elementos trascendentes a la causa AMIA como así también al juicio oral y público que se desarrolla por estos día en los tribunales federales de Comodoro Py donde se juzga el desvío intencional de la investigación del atentado.