La Municipalidad se presentará la semana próxima como querellante en la causa que investiga la posible adulteración de la población de La Matanza en el Censo 2010 y la incidencia de ese dato en la distribución de la coparticipación provincial.

“La decisión está tomada. Somos unos de los municipios que podrían haber sido perjudicados en el reparto de fondos”, confirmaron a LA CAPITAL altas fuentes municipales, y advirtieron que otros distritos gobernados por Juntos por el Cambio seguirán el mismo camino.

La denuncia penal fue presentada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (JxC). Destaca que la coparticipación provincial es el mecanismo a través del cual la Provincia de Buenos Aires transfiere fondos a los 135 municipios que la conforman, generados a partir de la percepción de tributos del Estado provincial y aportes provenientes del Estado nacional; estos últimos, en función de la Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.

La ley provincial 10559 es la que estatuye la composición de la masa coparticipable y el régimen jurídico con el cual se lleva adelante la división entre los municipios. De acuerdo con el artículo 1°, las Municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14% del total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de Impuestos sobre los Ingresos Brutos no descentralizados al ámbito municipal, el Impuesto Inmobiliario Urbano, el Impuesto a los Automotores, el Impuesto de Sellos, las Tasas Retributivas de Servicios y la Coparticipación Federal de Impuestos.

Valenzuela deja en claro que, si bien no es el único, la población es el principal ítem que toma en cuenta la Provincia al momento de la distribución de los fondos. Los otros son la capacidad contributiva per cápita, la superficie del partido, los establecimientos oficiales para la atención de la salud y los servicios o funciones transferidas por la Provincia.

Esas variables conforman el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Cada municipio tiene su propio CUD, que no es estático, sino que puede sufrir variaciones año a año. “El aumento de uno impacta en el resto de la masa coparticipable, a expensas de los restantes”, advierte Valenzuela. Y apunta: “La importancia de garantizar una distribución correcta (esto es, justa y equitativa) de los recursos de los ciudadanos bonaerenses implica que ese CUD y las variables que lo componen se deduzcan de datos ciertamente objetivos y fehacientes”.

Sin embargo, “se han puesto en cuestión las cifras arrojadas por el Censo 2010, por ser inconsistentes a la luz de otros datos objetivos obrantes en fuentes oficiales y de acceso público”, indica.

Según el Censo, La Matanza alcanzó los 1.775.816 habitantes, un “abrupto ascenso poblacional sin que exista para ello un fenómeno demográfico atípico que pueda brindar una explicación plausible”.

Valenzuela cita la información aportada por Federico Tiberti y Mauro Infantino, e interpreta que “los datos arrojados en el censo exhiben distorsiones inexplicables si se los contrasta con otros registros, también de carácter público y confeccionados por otros organismos oficiales, como la población vacunada según el Ministerio de Salud y los electores habilitados a emitir sufragio según la Cámara Nacional Electoral”.

En el primer caso, al citar también el pedido de informe presentado por el diputado nacional Martín Tetaz, puntualiza que “la cobertura de vacunación Covid fue llamativamente la más baja de la provincia, la cual sugiere que el dato administrativo de vacunas efectivamente aplicadas se dividió por un número que no refleja la verdadera población del distrito”. Detalla que se vacunó  “60% contra 80% en otros municipios”, cuando La Matanza “presentaría la menor cantidad de fallecidos por Covid cada 100 mil habitantes de todo el conurbano”.  

En cuanto a los electores, pone de relieve que el distrito “ha tenido un comportamiento normal”, es decir que no crecieron en la medida en que lo hizo la población.

Según Valenzuela, de corroborarse la materialidad de la denuncia “podríamos encontrarnos ante un verdadero escándalo institucional con implicancias políticas, responsabilidades penales y un claro impacto económico y financiero para las municipalidades de la provincia”.

Fuentes del gobierno de Guillermo Montenegro aseguraron que se presentarán ante la Justicia para “ofrecer pruebas” con datos sobre la cantidad de vacunados contra el Covid, la basura generada en el distrito y el agua que se consume, indicadores que, por contraste, podrían echar luz sobre la población del distrito más populoso de la provincia.