El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, presentó hoy un proyecto de ley que contempla un “programa de sanciones financieras selectivas contra personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actividades de tráfico ilícito de estupefacientes”.

Es una iniciativa para que aquellas personas identificadas y sospechadas con el narcotráfico se les impida todo tipo de operación financiera. En este marco, se les congela los bienes y las cuentas, y se les prohíbe la asistencia de terceros.

“Este proyecto de ley es un nuevo paradigma en la lucha contra el narcotráfico. Una iniciativa que venimos trabajando hace meses, siguiéndolo con especialistas que analizan estos temas en todo el mundo. Estados Unidos, Italia y Alemania lo implementaron”, sostuvo Santilli.

Para Santilli, “lo importante es que dejas de ir solo contra los soldaditos y enfrentás de frente a los capos narcos de la Argentina”. “Atacás la raíz del problema que es el financiamiento y significa una respuesta integral porque enlistas a los narcos, les congelas los recursos económicos y avanzás sobre su red de contactos”, aseguró el dirigente de Juntos.

En ese sentido, agregó: “Actualmente, lo que termina pasando en gran parte del mundo es que los narcos siguen con su operación porque el negocio financiero no se interrumpe. Entonces se llega a un exceso de llenar cárceles de narcos que siguen operando con todas las comodidades. Evidentemente el encierro físico no alcanza, hay que ir al encierro financiero”.

Por último, expresó: “El Gobierno tiene que dejar de hacerse el distraído con este tema. Necesitamos celeridad administrativa para congelar la operación integral a los capos narcos y romper, de esta forma sus operaciones”.

Acompañaron la firma del proyecto presentado, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Rogelio Frigerio, Ricardo López Murphy, Álvaro González, Silvia Lospennato, Waldo Wolff, Gerardo Milman, y el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert.

Ejes centrales 

Contempla, en primer lugar, un mecanismo de designación administrativo de personas humanas, jurídicas y entidades, nacionales o extranjeras, vinculadas a actividades delictivas en el territorio nacional encuadradas en la Ley 23.737 (y modificatorias) que, por su significación, amenazan la integridad del sistema económico-financiero y la seguridad nacional de la República Argentina y, en segundo lugar, la aplicación de una sanción financiera selectiva, como es el congelamiento administrativo de bienes y dinero, contra quienes han sido designados.

Este es el modo más efectivo para doblegar el poder económico financiero de estos grupos narcos que complementa, sin sustituir, las facultades de investigación y enjuiciamiento de los traficantes que se encuentran previstas en el orden jurídico penal y procesal penal nacionales vigentes.

Congelar los bienes a los narcotraficantes y cortar el financiamiento del crimen organizado es la herramienta más eficaz para desmantelar sus estructuras. Y le permite al Poder Ejecutivo tener una herramienta legal para actuar con inmediatez.

Es una ley inédita en el país porque permite al Presidente y sus funcionarios actuar dentro de la ley, en forma paralela a los procesos judiciales ordinarios sin interferir en ellos sino apoyándolos.

Esta herramienta legal permite actuar con celeridad y contundencia sobre el decomiso de los bienes y el dinero de las bandas narco para cortar su capacidad operativa, logística y criminal.