TOKIO, (EFE) – Las autoridades niponas siguen adelante con su plan para verter al Pacífico el agua contaminada y procesada de la central nuclear de Fukushima en 2023, pese al rechazo de las comunidades locales que aún sufren las consecuencias del desastre nuclear once años después.

La central de Fukushima Daiichi, dañada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, afronta un incierto proceso de desmantelamiento que se prolongará más allá de 2050, y dentro del cual la creciente acumulación de agua radiactiva supone el problema más urgente por resolver.

TEPCO, la operadora de la planta, y el Gobierno nipón aprobaron el pasado abril un plan para verter desde 2023 al Pacífico las miles de toneladas de agua tras ser tratada, una medida que está siendo supervisada por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y que ha generado fuerte oposición de colectivos de pescadores locales y de organizaciones ecologistas.

Un desmantelamiento complejo

Fukushima Daiichi afronta un largo listado de desafíos sin precedentes en la historia de la energía nuclear, entre los que destaca la retirada de los altamente radiactivos combustibles de los reactores, o el almacenamiento de estos y otros residuos que representan un gran riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

El más acuciante de estos quebraderos de cabeza es qué hacer con el agua contaminada con residuos radiactivos tras emplearse para refrigerar los reactores o filtrarse dentro de las instalaciones nucleares, de la que se acumulan unos 1,29 millones de metros cúbicos en bidones dentro de unas instalaciones atómicas donde se agota el espacio.

Tras analizar con un panel científico una serie de posibles soluciones de enorme complejidad técnica, entre ellas métodos de evaporación o de inyección subterránea, las autoridades niponas y TEPCO optaron por verter al mar frente a la central toda el líquido acumulado después de someterlo a un tratamiento descontaminante.

La operadora mantiene que el líquido que irá a parar al océano no representará ningún peligro para la salud humana ni para el medio ambiente, ya que su nivel de radiactividad estará “muy por debajo” de los límites establecidos tanto por el Gobierno de Japón como por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El agua es sometida a una sucesión de filtrados que eliminan todos los materiales radiactivos considerados peligrosos a excepción del tritio, un isótopo presente en la naturaleza, aunque en baja concentración, y que al diluirse en agua marina generará unos niveles de radiación insignificantes, según TEPCO y el Ejecutivo japonés.

Rechazo de comunidades locales

Los planes para el vertido de Fukushima están siendo analizados por el OIEA, que envió a una delegación a la central accidentada el pasado febrero para recoger muestras del líquido almacenado en los tanques y listo para ser vertido al mar, con vistas a elaborar un informe sobre el procedimiento y su seguridad.

Ni los argumentos de las autoridades niponas ni la mediación del organismo internacional han sido suficientes para convencer a los habitantes de la región, donde aún hay cerca de 27.000 personas desplazadas de sus hogares y localidades enteras con acceso prohibido por la contaminación radiactiva.

“Se trata de un procedimiento sin precedentes, por eso queremos tener en cuenta las opiniones de unos y de otros, incluido también escuchar las opiniones de las comunidades locales”, dijo Yuki Tanabe, directora de Asuntos Internacionales sobre Fukushima del Ministerio de Economía, Transporte e Industria, en una rueda de prensa virtual esta semana.

“Nosotros insistimos en que no queremos el vertido de agua procesada y el Gobierno sólo nos dice que nos lo va a explicar bien. Pero no sé qué significa eso, cuando en todo Fukushima tenemos una postura clara diciendo que no”, dijo el portavoz de la cofradía de pescadores de Onahama, quien no quiso ser identificado.

En la citada localidad portuaria de Fukushima las capturas de pescado y marisco se sitúan entre un 18 y un 20 % de los niveles previos al accidente, debido a la mala fama que sigue estigmatizando a los productos locales pese a los estrictos controles sobre radiación.

Los pescadores temen que esto empeore aún más con el vertido.Otras actividades económicas como la agricultura y la ganadería siguen sin levantar cabeza pese a las cuantiosas ayudas que reciben del Ejecutivo central, y que también incluyen campañas para limpiar la reputación de sus productos tanto dentro como fuera de Japón.

La organización ecologista y antinuclear Greenpeace ha reclamado a la autoridades niponas la exploración de “opciones de almacenamiento a largo plazo” del agua para evitar “una contaminación deliberada del Pacífico”, mientras que países vecinos como China y Corea del Sur también han expresado su rechazo a la medida.