Por Ramiro Melucci

El convenio con la Universidad Nacional de San Martín para aplicar fotomultas quedó la semana pasada pendiendo de un hilo en el Concejo Deliberante. Lo paradójico es que el oficialismo tomó nota de ese estado mientras el expediente avanzaba a ritmo vertiginoso y luego de llegar a la conclusión de que tendría los votos en el recinto en caso de que el proyecto derivara hacia allí con dictamen de comisión.

El problema es la imposibilidad de que la iniciativa llegue en esas condiciones al sitio en que se termina definiendo la suerte de toda propuesta legislativa. Los pasos previos al recinto son las comisiones de Legislación y Hacienda, donde la única fórmula que tiene Juntos por el Cambio para obtener la mayoría es mediante un acuerdo con Acción Marplatense. Ese acuerdo no está.

El plan oficial comenzó a marchar después de la inauguración de las sesiones ordinarias, en las que el intendente Guillermo Montenegro reiteró que “no tiene un fin recaudatorio”. Primero lo aprobó la Comisión de Seguridad y después la de Movilidad Urbana, con tanta prisa que los ediles afines al jefe comunal entendieron que no hacía falta esperar la llegada de los informes solicitados al Ejecutivo.

El último, sin embargo, adquirió los rasgos de un triunfo pírrico por el voto en contra de Acción Marplatense, capaz de desnivelar las dos comisiones siguientes. De inmediato el campamento oficialista comenzó a divisar con mayor nitidez los obstáculos que se proyectaban en el horizonte y se llenó de dudas.

Para evitar un trago amargo, el radical Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Legislación, no puso el expediente en el orden del día de la reunión de mañana, a pesar de que el Frente de Todos se lo pidió por nota. “Otra infracción reglamentaria”, se quejaron en el kirchnerismo. Lo cierto es que el oficialismo tuvo que frenar de golpe para no chocar. Ahora hay miembros del interbloque que se preguntan si fue oportuno apurarse tanto de entrada.

Horacio Taccone, de Acción Marplatense, no dejó dudas: el bloque solo acompañaría un plan de fotomultas surgido de una licitación. La postura registra dos antecedentes. La licitación que dejó cerca de la adjudicación el gobierno de Gustavo Pulti y la oposición al convenio que firmó Carlos Arroyo con la UTN La Plata. En Acción Marplatense creen que una compulsa pública puede tener sus falencias, pero siempre será más transparente que una contratación directa.

Taccone ya había cuestionado el proyecto en la sesión especial en que se trató el asunto después de la controversia por el giro eliminado a la Comisión de Educación. La semana pasada dijo que esa clase de convenios con universidades se hacen para evadir las licitaciones. En el partido ratificaron luego la postura con una frase que exime de mayores comentarios: “No podemos votar esto”.

 El oficialismo tuvo que frenar de golpe para no chocar. Ahora hay miembros del interbloque que se preguntan si fue oportuno apurarse tanto de entrada.

Mientras rechaza el convenio de las fotomultas, el partido de Gustavo Pulti discute con Montenegro los términos de un apoyo al presupuesto y el aumento de tasas. La negociación parte de la desconfianza. El año pasado, para aprobar el cálculo de gastos y recursos de 2021, el bloque había acordado la inclusión del presupuesto participativo, una mayor partida para las capacitaciones en oficios y la construcción del hospital ambulatorio de Batán. “No nos cumplieron nada”, lamentan. Aun así, las conversaciones están abiertas.

El fiel reflejo fue la actitud de la otra integrante de la bancada, Paula Mantero, en la Comisión de Ambiente: se levantó de su silla antes de votar, después de avisar que la intención era llegar a un consenso como “en el presupuesto anterior”, y permitió que el oficialista Agustín Neme usara su voto doble para garantizar el paso del aumento del 48% en la tarifa del agua a la Comisión de Hacienda.

Fotomultas y presupuesto marcan los dos puntos el péndulo en el que se mueve Pulti. A distancia de la oposición férrea que propone Fernanda Raverta. Para el gobierno local, el voto en contra de Máximo Kirchner al acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados grafica que no habrá tregua en ningún plano. “Si no votaron lo que les pidió el Presidente, menos lo que propone un intendente opositor”, conjeturan.

Rodolfo Manino Iriart, rival de Raverta en la contienda del PJ prevista para el domingo 27, también facturó el rechazo del jefe de La Cámpora cuando, en un comunicado dirigido a la interna, cuestionó “la falta de acompañamiento a las políticas nacionales por parte de algunos dirigentes del Frente de Todos”.

En medio del torbellino nacional, Raverta dio Mar del Plata señales de buena convivencia. Participó junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, de la reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo y celebró, a través de Virginia Sívori y Gabriel Felizia, las gestiones del ala albertista del Gobierno nacional para la radicación de Lamb Weston Alimentos Modernos en el Parque Industrial.

Los kirchneristas también participaron del encuentro de Montenegro con las autoridades de la fábrica de papas prefritas congeladas, en la que todos destacaron la importancia de la generación de empleo en una ciudad que siempre coquetea con el primer lugar del ranking de la desocupación. La coincidencia quedó retratada en una postal conjunta. Aunque sea por un instante, la institucionalidad afloró en medio de la contienda política.

Fotomultas y presupuesto marcan los dos puntos el péndulo en el que se mueve Pulti. A distancia de la oposición férrea que propone Raverta. 

Buena parte de las batallas se libran en el Concejo, donde el transporte vuelve a ganar la agenda. El pedido de los empresarios para que el boleto aumente a $ 91,96 tuvo una leve corrección del municipio (el estudio de costos dio $ 91,87) e ingresa en un tratamiento con final abierto. En su intento de mejorar el servicio de taxis, el gobierno local sumó una advertencia: si no se acatan las medidas, como la incorporación del GPS, siempre existirá la posibilidad de debatir la llegada de Uber.

Mandó aquel mensaje en forma indirecta, mediante un proyecto de ordenanza de Angélica González, de la Coalición Cívica. Suficiente para poner en alerta al sector. En pocas horas la dirigencia de los techos amarillos estaba tocando la puerta del jefe comunal.

Montenegro los recibió. Al salir, sus interlocutores aseguraron que se había pronunciado en contra de la aplicación. No es precisamente lo que dijeron más tarde en el entorno del intendente. “Que se debata lo que tenga que debatirse”, deslizaron, todavía dolidos por la votación pública con la que un grupo de choferes puso en escena la resistencia a las medidas municipales.

“Son un servicio público, tienen que aceptar las regulaciones. Otro verano como el último no se soporta”, reclamaron en el mismo tono. Y ante el supuesto malestar oficial con el proyecto de González, remataron: “Que los taxis sepan que no son la última Coca Cola del desierto”.