La maternidad infantil y adolescente sigue siendo un drama oculto con miles de casos al año en Latinoamérica, la segunda región con la mayor cantidad de reportes de este tipo en el mundo, que perpetua, de esa manera, ciclos negativos de abuso, exclusión y pobreza para la mayoría de las jóvenes madres.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, en inglés) estima que casi el 18 % de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años y que anualmente dan a luz alrededor de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años.

Por ese motivo, organizaciones como Plan Internacional alertan que la alta tasa de embarazos tempranos “frustra el futuro” de muchas niñas y adolescentes en América Latina.

La mayoría de estos casos, afirman los expertos, están relacionados con la violencia machista, la pobreza extrema, la falta de acceso a la educación y la carencia de planificación familiar.

Todo hace indicar que esta situación se ha agravado por efecto del confinamiento y las medidas restrictivas ordenadas para afrontar la pandemia, algo que afecta a toda la región, pero que muestra cifras impactantes en países como Perú, República Dominicana, Venezuela y Panamá.

La situación actual

En ese contexto, es notorio el caso de Perú, un país que mostró un notable avance en sus marcadores de desarrollo hasta antes de la pandemia, afectado luego por el durísimo impacto de la crisis sanitaria y económica, pero que nunca ha logrado frenar las tasas de crecimiento de la maternidad infantil y adolescente.

Cifras oficiales señalan que el país andino triplicó el número de niñas menores de diez años de edad forzadas a ser madres en 2020, cuando los partos registrados formalmente en ese rango de edad fueron al menos 26, una aproximación incompleta de los embarazos de menores, al obviar los abortos o partos extrahospitalarios.

Tras el segundo año de la pandemia, como en casi toda la región, son pocos y dispersos los datos actualizados en Perú sobre esta problemática, pero durante 2021 al menos 1.436 niñas menores de 15 años fueron madres.

Esta situación les resta a estas niñas y adolescentes oportunidades de desarrollo y muchas veces perpetúa la situación de pobreza en la que, en la mayoría de los casos, se encuentran, tal como alertó a Efe Hugo González, representante del UNFPA en Perú.

“Si la niña ya era una persona con pocos recursos, esta situación se profundiza al quedarse embarazada y se entra en un círculo vicioso de pobreza”, remarcó González.

Una realidad similar se presenta en República Dominicana, donde miles de menores de edad dan a luz cada año, muchas de ellas víctimas de abuso sexual, lo que incluso ha llevado a organismos como las Naciones Unidas a lanzar pedidos de atención urgente.

El país caribeño ocupa el quinto puesto en América Latina con el mayor número de embarazos en adolescentes y las estadísticas más recientes, de 2021, indican que 77 de cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años ha sido madre, que el 35 % de los nacimientos en hospitales públicos corresponde a adolescentes y que, de ese porcentaje, el 22 % no alcanza los 15 años de edad.

Tan o más dramática es la situación en Venezuela, donde el más reciente estudio de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) señala que el riesgo de ser madres crece a medida que se avanza en la adolescencia.

Aunque en este país el promedio de hijos por mujer se redujo a lo largo de más de medio siglo, al pasar de 6 en 1960 a 2,23 en 2021, a los 19 años más de una quinta parte de las jóvenes venezolanas ya se han convertido en madres.

La ausencia de datos oficiales impide a organizaciones venezolanas conocer a profundidad la situación del embarazo adolescente en el país, pero de acuerdo con datos del UNFPA en 2020 se registraron 95 jóvenes gestantes por cada 1.000 en Venezuela.

El embarazo adolescente es otro problema grave y creciente en Panamá, donde las cifras oficiales reconocen una tasa de fecundidad de un 20 % en adolescentes, una de las mayores de la región según entes internacionales.

Esta problemática afecta en especial a comarcas indígenas como la Ng„be-Buglé, que presenta el 40 % de los casos, seguida por Panamá Este, una zona densamente poblada, con el 38,4 %, y Bocas del Toro, una provincia de poblados rurales pobres e indígenas, con un 35,7 %.También en un informe sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay, el UNFPA reveló en 2020 que alrededor del 18 % de los nacimientos corresponden a madres menores de 20 años de edad.

Las consecuencias en el futuro

Tanto el UNFPA como Plan Internacional, además de otros organismos, alertan que esta situación “frustra el futuro” de las niñas y adolescentes y que las medidas de confinamiento y aislamiento por la emergencia sanitaria agravaron la problemática.

En ese sentido, se han provocado “severas repercusiones para las niñas y adolescentes de la región, en especial, en el cumplimiento de sus derechos, como el acceso a la educación y su desarrollo personal y profesional”, remarca Plan Internacional.

En Perú, según datos del UNFPA, siete de cada diez niñas que son madres dejan el colegio, con lo que reducen drásticamente sus oportunidades de desarrollo y, en muchos casos, se condenan a ocupar empleos informales.

La situación es similar en toda la región, ya que en Venezuela la Encovi señala que apenas el 8 % de las madres adolescentes puede conciliar la maternidad y los estudios, lo que lleva a las jóvenes a dejarlos a edades tempranas, incluso antes de tener su primer hijo.

En Panamá activistas defensores de los derechos de la infancia subrayan una mezcla de múltiples factores, que van desde la desigualdad y la pobreza, la falta de certeza de castigo para los agresores sexuales y una cultura patriarcal que alimenta un silencio cómplice de las familias de las víctimas.

En República Dominicana se remarca que tampoco ayuda la situación del país, que es una de las seis naciones de América que mantienen una prohibición total del aborto.

Las vías para enfrentar la tragedia

El Código Penal peruano señala que cuando una menor de 15 años queda embarazada ha sido objeto de un abuso sexual, pero las denuncias de estos casos no son la norma y las familias que deciden hacerlo ven como muchas veces quedan impunes.

El UNFPA también alerta que en el país andino es esencial la prohibición del matrimonio infantil, al que muchas familias recurren para lidiar con los embarazos de las niñas y evitar los juicios por violación sexual.

González remarcó, al respecto, que el matrimonio infantil “significa legalizar una mutación de un violador a ser esposo”, algo que atenta contra los derechos de las niñas “porque es una decisión que va más allá de sus deseos y derechos y la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Por ese motivo, los expertos defienden que una educación sexual integral, un mejor acceso y conocimiento de métodos anticonceptivos, plantear la posibilidad de legalizar el aborto por causal de violación y un sistema de justicia más firme son algunas de las vías de reducir las trágicas cifras.

Sin embargo, aunque el trabajo sobre temas de educación sexual con las comunidades ha permitido observar “un conjunto de beneficios muy positivos”, en países como Perú desde hace unos años se enfrenta una corriente conservadora que pretende eliminar los avances en materia de educación sexual y de género.

Por su parte, el Gobierno de República Dominicana lanzó en diciembre pasado un plan dirigido a disminuir las uniones tempranas y el embarazo en las adolescentes, pero esta situación persiste, más allá de que se prohibió el matrimonio de menores de 18 años en diciembre de 2020.A pesar de estas medidas y buenas intenciones, la prohibición no ha evitado que las menores dominicanas continúan atándose a relaciones con hombres de mucha mayor edad a través de uniones estables, según denunció Plan Internacional.

En Panamá, a su turno, se debe enfrentar una situación originada por factores como la desigualdad y la pobreza, la falta de certeza de castigo para los agresores sexuales y una cultura patriarcal alimentada con un silencio cómplice de las familias de las víctimas.

(*): EFE: David Blanco Bonilla y Paula Bayarte desde Lima, Marta Florián desde Santo Domingo, Giovanna Ferrullo desde Ciudad de Panamá y Génesis Carrero y Saraí Coscijuela desde Caracas.