Hubo un tiempo, hace no tanto, en el que un grupo de adolescentes cometía graves delitos en la ciudad. Robos a mano armada, privación ilegítima de la libertad y hasta homicidios. Varios de ellos eran conocidos por sus apodos y muchos marplatenses se contaban entre sus víctimas. Además, algunos se hicieron tristemente célebres por llegar a escaparse del “Batancito”, como es apodado el establecimiento vecino a la cárcel al que son trasladados los menores aprehendidos.

En ese entonces, entre 2013 y 2016, las autoridades políticas, judiciales y policiales manifestaban su dificultad para responder con una solución ante la ciudadanía, debido al siempre polémico marco legal que, aun hoy, impide penalizar a personas que no hayan cumplido los 16 años, por más que sean autores de los hechos más terribles. De esa forma, cada vez que estos jóvenes eran aprehendidos, solo pesaba sobre ellos alguna medida de abrigo o encierro circunstancial. En general, no transcurrían muchos días hasta que volvían a la calle y después a delinquir, lo que nuevamente desataba la controversia.

La semana pasada, un asalto a mano armada contra un taxista en el que participó un adolescente de 17 años, sumado a la recaptura de un prófugo que había transcurrido una década detenido por un crimen que cometió cuando tenía esa misma edad, en 2011, llamó a la reflexión de varios especialistas. Tanto en la órbita de los servicios sociales como en la de la Justicia, las fuentes consultadas por LA CAPITAL coinciden en que el accionar delictivo de los menores ha disminuido, y también en que esto no obedece a ninguna razón específica.

Es decir, que en la última época los menores no hayan cometido asesinatos ni raides delictivos con persecuciones policiales incluida, como supo ocurrir en el pasado, parece explicarse solo por obra de la casualidad. Así lo admiten quienes integran el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y también los miembros del área de Minoridad municipal, y sus pares del gobierno bonaerense.

Según confiesan, no se han llevado a cabo nuevas o distintas medidas de contención y prevención que aquellas que regían sus tareas hace menos de una década. Por el contrario, la situación socioeconómica de la Argentina ha empeorado de acuerdo a los datos estadísticos, y a pesar de ello, contra lo que suele pensarse en general, la cantidad de delitos graves cometidos por menores ha descendido ostensiblemente.

Otra época

Carlos Russo, Marcelo Yanez Urrutia, Walter Martínez Soto y Mariana Baqueiro -quienes desde que se crearon, en 2008, tienen a su cargo las fiscalías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil– solían investigar hechos que cometían “alrededor de 10 chicos que en una época eran siempre los mismos”. Entre 2013 y 2016, cuando tenían entre 14 y 17 años, solían ser aprehendidos en forma recurrente.

Por citar ejemplos, a uno de ellos que era conocido como “Mapuche” -la prensa tiene prohibido difundir las identidades de los menores cuando son acusados de cometer ilícitos- se le habían contabilizado en la adolescencia más de 35 delitos, entre los que incluso pesaban dos homicidios ocurridos en el barrio Centenario: el del taxista Rubén Cufré, durante un asalto en septiembre de 2014, y el de Marcelo Pili, en el marco de un ajuste de cuentas en julio 2016. Por eso, estuvo alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Batán hasta obtener la libertad asistida, en abril de 2019. A fines de ese año, cuando ya tenía 20, fue asesinado de un disparo por la espalda cuando circulaba en una motocicleta por el barrio Coronel Dorrego, en un presunto ajuste de cuentas.

Otro de esos jóvenes, cuyo apodo era “Bebeche” y solía formar parte del mismo grupo que integraba “Mapuche”, a sus 15 años ya había sido aprehendido unas 40 veces. Contra todos los pronósticos, y después de una etapa sumamente conflictiva en la que solía robar automóviles (le reconocían su audaz forma de conducir) con los que luego asaltaba comercios y escapaba a toda velocidad de la policía, cumplió la mayoría de edad y en 2019 fue detenido por un violento robo en la vía pública.

Por último, Kevin Córdoba, quien en enero de 2013 asesinó al comerciante Fabián La Bella, y a mediados del año siguiente se fugó del CAD, volvió a ser arrestado en Lomas de Zamora y actualmente cumple su condena en el penal de Dolores.

Sin razones

Al ser consultado al respecto por LA CAPITAL, Adrián Lofiego -director de Niñez y Juventud del municipio desde hace casi dos décadas- ratifica que en el último tiempo no hubo modificaciones ni se dictaron nuevos lineamientos que hayan servido para prevenir o disminuir los casos de delincuencia infantil. Con suma honestidad, adjudica este fenómeno al paso del tiempo y al simple hecho de que “los chicos crecen”. Y lo mismo consideran los fiscales, que intervienen en las investigaciones una vez que los delitos ya fueron cometidos.

Adrián Lofiego.

“Muchos fueron creciendo y si siguieron cometiendo delitos quedaron bajo la órbita de la Justicia de mayores. Igualmente, en los últimos años es evidente que hubo una merma en la cantidad de hechos graves cometidos por menores si se compara con aquella época”, sostienen, por su parte, Russo y Yanez Urrutia en diálogo con este medio.

En tanto, Facundo Barrionuevo -titular en Mar del Plata del Servicio Zonal de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires– cuenta que, después de más de un año y medio de iniciada la pandemia del Covid-19, periodo en el que muchos programas sociales se vieron perjudicados y los sectores populares padecieron profundamente la crisis que se generó, los trabajos de campo en los barrios periféricos se reforzaron con el objetivo de contener sobre todo a los jóvenes. “La meta es mantenerlos alejados del delito y evitar la deserción escolar”, indica, y cita como ejemplo los planes Fines y Envión que en el pasado fueron de suma utilidad en esa línea, como así también la utilización de los polideportivos emplazados en distintos puntos necesitados de la ciudad.

Los últimos casos

Entre 2019 y 2020 hubo seis homicidios en los que estuvieron incriminados menores: dos de ellos fueron durante sendos asaltos, otros dos en contexto de hurto y consumo de sustancias tóxicas, y otros dos en el marco de episodios de violencia vecinal por robo y venganza. En cambio, en 2021 y a lo largo de lo que va de 2022 no se produjeron hechos de este tipo.

El más resonante de los casos mencionados fue el que tuvo como víctima al playero de estación de servicios, Tomás Marcos (52), al que dos “motochorros” mataron para robarle su motocicleta en Belgrano y 14 de Julio, el 2 de abril de 2019. En esa oportunidad, los investigadores identificaron al autor del disparo como Nicolás Pérez, un joven de entonces 18 años que próximamente será juzgado. Su cómplice, según la pesquisa, era quien conducía el rodado con el que escaparon de la escena del crimen y tenía 15, por lo que fue declarado no punible.

El siguiente caso tuvo como víctima a Miguel Quintana (57), asesinado de una puñalada en su casa del barrio Cerrito Sur por una adolescente de 17 años, a quien su propia madre entregó a la policía horas después. Conforme surgió de la investigación, la menor padecía un severo problema de adicciones y mantenía una relación con el hombre.

En horas de la madrugada del 1 de agosto de 2019, una mujer identificada como María Lago (52) fue atacada a golpes en el interior de un hogar evangelista situado sobre la ruta 88. Horas antes, había cenado con ella en el mismo establecimiento un adolescente de 15 años que se encontraba en situación de calle.

Conforme la reconstrucción del hecho, cerca de las 23 del miércoles 31 de julio el joven se retiró del establecimiento pero minutos más tarde regresó y solicitó entrar nuevamente. Las autoridades no se lo permitieron porque, de acuerdo a sus declaraciones posteriores, notaron que se encontraba en visible estado de nerviosismo, “como alcoholizado o intoxicado”. Lago murió cinco después después en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y por el crimen fue aprehendido el menor, quien según los investigadores había violentado uno los sectores de ingreso al hogar para luego agredir salvajemente a la víctima y sustraerle algunas de sus pertenencias. Inclusive, en el mismo nosocomio en el que falleció la mujer llegó a contar que le habían robado.

En octubre de 2019, Lucas Miracco (17) fue asesinado de un balazo en el cruce de las calles Cerrito y 47. Según trascendió entonces, el joven recibió el tiro cuando perseguía en un automóvil y junto a un amigo a presuntos delincuentes que les habían robado una moto. En el marco de la investigación posterior, la policía aprehendió a tres adolescentes de 15, 16 y 17 años, y a otros dos acusados mayores de edad.

En marzo de 2020, un adolescente de 17 años y su hermano, de 22, fueron detenidos y acusados de matar a Ernesto Carlos Ortiz (29), en el barrio Belgrano, en el marco de una pelea por problemas personales que mantenían desde hacía tiempo.

Finalmente, el último crimen en el que participó un menor se produjo en junio de 2020, cuando el repartidor Gabriel Aramayo (30) víctima de un “robo piraña”. De acuerdo a los datos que recabaron los investigadores, dos hombres y un adolescente de 14 años lo sorprendieron y lo golpearon para luego robarle su motocicleta en Polonia y Ortiz de Zárate. Días después, el trabajador murió en el HIGA.

El tiroteo que pudo ser tragedia

Hace dos años, en febrero de 2020, un tiroteo en La Rioja, entre Rodríguez Peña y Primera Junta, pudo terminar en tragedia.

El hecho ocurrió cuando miembros del CPC Centro y la comisaría segunda custodiaban su cuadrícula observaron cómo dos ladrones asaltaban a un hombre de 45 años que caminaba por la vereda. De inmediato, los efectivos intervinieron para dar la voz de alto y uno de los delincuentes disparó sobre ellos, quienes repelieron la agresión.

De esa forma, según revelaron fuentes del caso, se inició un feroz tiroteo que terminó poco después con uno de los policías y el menor de los delincuentes, de 16 años, heridos de bala. También sufrió una lesión producto del roce de uno de los tiros el hombre que había sido asaltado, mientras que el restante ladrón escapó a bordo de su motocicleta.

Si bien se trató de un hecho de suma gravedad, los heridos fueron trasladados al HIGA y sobrevivieron: el policía sufrió un balazo en un testículo y uno de los hombres que lo había acompañado al lugar fue herido en el omóplato, en tanto que el delincuente debió ser internado por haber recibido un tiro en la zona intercostal izquierda.

“La acción policial fue por de más profesional. Por hacer el mejor trabajo se llevó la peor parte”, consideró entonces el fiscal Martínez Soto, quien por quedar imputado un menor debió intervenir en la investigación de la causa.

En ese entonces, fuentes consultadas por LA CAPITAL aseguraron que ese adolescente, con tan solo 16 años ya era un nombre familiar en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con causas por diferentes delitos que “han ido de menor a mayor en cuanto a la gravedad de las imputaciones”, hasta llegar a ese último hecho, en el que pudo haber asesinado a un policía. Además, cuando era no punible también había infringido la ley en reiteradas ocasiones.

“Cuando el menor no es punible se hacen derivaciones a la Municipalidad y a la Provincia. Cuando es punible tiene que ser un hecho grave como éste para que quede detenido. Porque la premisa es la libertad con tratamiento y asistencia, sin embargo no hay efectividad en cuanto al abordaje que hacen las agencias de promoción y protección de derechos. Pero no es fácil, hace falta una política de Estado”, consideró el fiscal Martínez Soto.

Después de recibir el alta médica, el adolescente quedó aprehendido en el CAD, imputado por los delitos de “tentativa de homicidio calificado criminis causa -procurar la impunidad y la efectividad en cuanto al robo- agravado por haber atentado contra un policía y por el uso de arma de fuego”, “robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” y “lesiones leves”.