Por Sonia Almada

Las investigaciones sobre agresiones sexuales grupales todavía son escasas. En Argentina no contamos con estadísticas oficiales a nivel nacional sobre violencia sexual perpetrada por un único autor y mucho menos cuando es cometida por un grupo. Esto contribuye a que se considere que son hechos aislados y no es así. Las violaciones grupales son muy frecuentes aunque no todos los casos lleguen a los medios o a redes sociales.

A pesar de constituir una realidad internacional de interés mediático, no existe consenso sobre la terminología adecuada para denominar la agresión sexual grupal. Según un informe del Ministerio del Interior de España, los delitos sexuales grupales son cometidos por jóvenes que seleccionan a sus víctimas por su accesibilidad, utilizando el abuso de autoridad o confianza como método de aproximación. En relación al modus operandi, la mayoría de las agresiones sexuales grupales se cometen en días festivos, fines de semana, y de noche. La ubicación donde tiene lugar la agresión suele ser la vía pública o un espacio abierto.

Dentro de las explicaciones socioculturales para comprender este delito se hace referencia al sentimiento de dominio y control que está relacionado con las actitudes patriarcales en las que el ejercicio del poder se considera como una expresión de masculinidad.

Los varones que violan de manera grupal (y de manera individual también) no pertenecen a una “manada”, pertenecen a un grupo y son hijos de una sociedad sostenida en el sojuzgamiento de las mujeres y los niños mediante el dominio corporal y moral en él que se reafirma el pacto de silencio social. Las agresiones sexuales se legitiman, en cierto modo, minimizando el daño, mediante un proceso de normalización y de naturalización de las violencias.

La gravedad de estos delitos, su notable incremento y la brutalidad de las secuelas que dejan en las víctimas requieren de un tiempo extra para su elaboración en comparación con otros delitos. Las evidencias médicas y psicológicas disponibles dan cuenta de los daños y de esas secuelas, lo que se conoce como estrés postraumático, una consecuencia insoslayable para los sobrevivientes. Muchas veces tampoco pueden acceder al sistema de justicia dentro de los márgenes temporales y, consecuentemente, obtener asistencia para su recuperación. Por supuesto, todo ello se ve agravado si a los hechos aberrantes se les suma la complicidad social, algo que ocurre frecuentemente dentro de algunas familias, de ciertas comunidades, de las instituciones religiosas o educativas en las que se cometieron los hechos.

“Fue el 17 de septiembre de 2012, tenía 16 años y fue (estaba) en la ciudad de Playa Unión. Fuimos a una fiesta…Al poco tiempo de llegar perdí la conciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encuentra en una habitación siendo abusada por un grupo de 4 varones…”. Así comenzaba la carta publicada en 2019 por la adolescente sobreviviente de una violación grupal en Chubut, que conocimos a través de las redes sociales y se viralizó conocida como la violación en manada cometida por los hijos del poder.

La reverberación del “Mirá cómo nos ponemos”, cuando en 2018 la actriz Thelma Fardín denunciaba públicamente la violencia sexual padecida a la misma edad, seguía despertando conciencias y animando a las y los sobrevivientes a alzar su voz. También el eco del caso de La Manada, como se conoció el ataque sexual a una joven ocurrido y filmado por los agresores en Pamplona, España, en 2016, había movilizado a miles de mujeres a la calle pidiendo justicia.

Del mismo modo un movimiento contrario a esta fuerza intentaba acallarlo, desprestigiando a las víctimas y no creyendo en su relato y denunciando a los y las profesionales dedicados a asistirlos. La justicia lo hace desde siempre sostenida en una doctrina adultocéntrica y patriarcal donde la palabra de un niño, niña o adolescente no vale nada y un crimen como estos puede ser juzgado de manera abreviada.

El 3 de junio de 2020, en el aniversario del Ni Una Menos se difundió que el fiscal Fernando Rivarola acordó un juicio abreviado, con anuencia de la víctima, y la liberación de los acusados donde se proponía un acuerdo en el marco de una probation, a través de una figura jurídica “el desahogo sexual “. El escándalo mediático y por redes fue inmediato. Días después Rivarola reconoció que la frase “desahogo sexual’, pese a su amplio y arraigado uso judicial, “debe ser erradicada” y agregó: “soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas”. Finalmente el juez no homologó el acuerdo. Así, el camino judicial continuó en la Cámara del Crimen de Chubut, y los tres imputados, que ya habían reconocido su participación en el hecho, aceptaron ir a juicio oral y público.

El juicio, contra los tres imputados: Quintana, Del Villar y Mallemaci, se reinició, tras una postergación de tes días porque un juez y una jueza del Tribunal, definido en abril del año pasado, pidieron licencia dilatando otra vez los tiempos de la Justicia, lo que ponía en peligro la imprescriptibilidad. Los imputados serán juzgados por “abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante”.

Quién espera justicia que la ayude a reparar el daño es la joven que hoy tiene 25 años y que, 10 años después, lleva en su cuerpo y en su mente la marca indeleble de una profanación padecida en la adolescencia, cuando intentaba florecer, y que jamás podrá olvidar. ¿Será Justicia?.

(*): Licenciada en Psicología. Presidenta de Aralma, asociación civil que trabaja contra las violencias.