Por Adrián Cannellotto

El rechazo de la oposición al presupuesto nacional enviado por el Ejecutivo sobre finales del 2021 complicó a las universidades nacionales, así como a la gestión pública nacional y, por defecto, a las provinciales y municipales.

Para las universidades, en particular para aquellas que se encuentran en una etapa de expansión, no contar con un presupuesto aprobado se traduce inmediatamente en un retroceso, tanto para sus programas de desarrollo institucional como para sostener el derecho a la educación superior que venimos defendiendo.

Afortunadamente, desde el Ministerio de Educación de la Nación, el ministro Jaime Perczyk confirmó el compromiso del Poder Ejecutivo de sostener el crecimiento de las universidades públicas y, con ello, garantizar la formación, la investigación y la extensión que en ellas se lleva a cabo.

Para que esto sea posible, se va a sostener la ejecución del presupuesto tal y como había sido enviado originalmente, contando -así- con condiciones más favorables para el despliegue de los proyectos institucionales en curso.

A esto se suman otras herramientas de la política universitaria.

El empeño tiene un valor aún mayor en el actual contexto de discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la persistente presión de ciertos sectores para avanzar en la línea de un ajuste.

Como es sabido, desde el retorno a la democracia, el endeudamiento público fue siempre en desmedro del desarrollo educativo.

Cada vez que la deuda externa crece, se recortan los fondos para el sector. El período gobernado por Cambiemos es un buen ejemplo de ello, como recoge el Atlas de la Educación Argentina publicado por UNIPE y Le Monde: “En 2019, la educación argentina es un 20% más pobre que en 2016; sus recursos pasaron de un 7,1% a un 5,5% del presupuesto nacional. En el caso de las universidades, se observa una tendencia al estancamiento, e incluso al retroceso: hacia 2019 se advierte su descenso real en el orden del 10% en relación con el año 2018”.

La caída en la inversión se pudo constatar, también, en infraestructura y equipamiento, en educación técnica, en educación inicial y en formación docente.

Pero la recomposición del presupuesto universitario tiene, también, un impacto diferente en esta coyuntura.

Para el 2022 estamos planificando una cursada con presencialidad, lo que supone en algunos casos no sólo una adecuación edilicia, sino el retorno a una serie de condiciones que garanticen la regeneración de un vínculo pedagógico, lo que no obtura ni deslegitima el debate en torno a la búsqueda de formas híbridas.

Sin embargo, este volver a la universidad es fundamental para aquellos que están inscribiéndose en una carrera o bien, para quienes cursaron en forma remota sus primeros años como consecuencia de la pandemia.

En ambos casos está en juego una cuestión crucial: la construcción del oficio de estudiante, la estructuración del ethos universitario.

(*): Rector de la Universidad Pedagógica Nacional.