El Consejo de Ministros del Gobierno español dio luz verde al bono joven de ayudas al alquiler de vivienda, que contempla subsidios de 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años.

“Se trata de una ayuda de 250 euros al mes por un plazo de dos años”, explicó en conferencia de prensa la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien agregó que es compatible con otras subvenciones del Plan Estatal de Vivienda.

Para beneficiarse de esta ayuda, los jóvenes no pueden tener ingresos superiores al triple del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que este año está en 579 euros mensuales y el bono puede completarse con ayudas de las Comunidades Autónomas de hasta el 40% del alquiler o con otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda, explicó Sánchez.

El precio máximo del alquiler de los pisos (departamentos) para los que se solicite ayudas será de 600 euros mensuales, ampliable a 900 si lo determina una comisión formada por el Ministerio y las Comunidades Autónomas, atendiendo a la realidad de cada territorio.

Además, también se subvenciona a los jóvenes que decidan alquilar una habitación en un piso compartido, una práctica muy extendida en España, especialmente en las grandes ciudades donde los precios del alquiler son más caros, informó la agencia de noticias Sputnik.

En este caso, se sitúa el umbral máximo de los alquileres subvencionables entre los 300 y 450 euros mensuales.

La ministra del ramo consideró que las ayudas podrán comenzar a solicitarse en un plazo de dos meses, una vez que las distintas comisiones aprueben el bono, aunque matizó que las ayudas tendrán efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2022.

En concreto, el 23,7% de la población española está afectada por algún indicador de exclusión en la vivienda como deficiencias en la construcción, hacinamiento, barreras arquitectónicas para personas con discapacidad y gastos excesivos, de acuerdo con un informe reciente de la Fundación Foessa de Cáritas España.

En ese marco, el Gobierno español de Pedro Sánchez aprobó en octubre pasado el anteproyecto de la primera ley estatal de vivienda, que regulará los precios de los alquileres y penalizará las propiedades vacías, entre otras medidas.