Mientras las explicaciones de María Eugenia Vidal sobre el funcionamiento de un mesa judicial durante su gestión como gobernadora bonaerense recibieron un amplio repudio del arco político y sindical, también se multiplicaron en las últimas horas los cuestionamientos al procurador Julio Conte Grand, cuyo desempeño es analizado por los cuerpos parlamentarios nacional y provincial.

La subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional citó para el próximo 18 de enero al procurador bonaerense, en el marco de una investigación que realiza ese cuerpo sobre los exfuncionarios que participaron de una reunión en 2017 en la que un ministro de Vidal expresó su deseo de tener una “Gestapo” contra sindicalistas.

La decisión de convocar a Conte Grand está vinculada con la difusión del video de ese encuentro, en el que los participantes hablan de avanzar judicialmente contra los referentes del gremio de la construcción de La Plata y expresan contar para ello con la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General.

Tras diez días de guardar silencio, Vidal concedió una entrevista, y se refirió al video que motivó la denuncia penal: “Fue ilegalmente grabado y no constituye como prueba”, dijo y agregó: “En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y dirigentes políticos, sindicales y eclesiásticos repudiaron los dichos de Vidal y coincidieron en señalar la actual diputada nacional de CABA por Juntos por el Cambio (JxC) “niega la realidad”.

“Es muy impresionante lo que está pasando, vemos a un intendente y a empresarios y esto que se habló es absolutamente ilegal, viola varias secciones del Código Penal y todo lo que se imaginaba es poco: es una mesa para armar causas judiciales”, sostuvo el gobernador en una entrevista.

Kicillof remarcó que desde JxC “tienen que dar las explicaciones, es un golpe obsceno a la democracia; tienen que explicarlo ante la Justicia. Hacerse los distraídos es muy difícil”, ahondó.

También, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, afirmó que “las declaraciones de la exgobernadora muestran una vez más la metodología de la Alianza Juntos/Cambiemos: negar la realidad”.

En tanto, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, pidió que la Justicia garantice “que no habrá impunidad para la Gestapo de entonces”.

“El escandaloso video grabado por la AFI en la gestión macrista es una prueba documental más de la existencia de una organización mafiosa constituida en mesa judicial que operó en la provincia en la gestión Vidal”, posteó el ministro en su cuenta de Twitter y analizó: “Violaban la ley y distorsionaban el funcionamiento de las instituciones para armar causas, perseguir y encarcelar a opositores políticos”.

En este contexto, el FdT buscará en los próximos días acelerar los trámites para impulsar el juicio político a Conte Grand a través de la Legislatura provincial, mientras el Senado bonaerense se reunirá el martes para habilitar el pedido de allanamiento del juez federal Ernesto Kreplak a las oficinas del legislador Juan Pablo Allan, uno de los presentes en la reunión del 2017.

El diputado bonaerense Rubén Eslaiman (Frente de Todos) consideró que el funcionamiento de una mesa judicial tiene una “gravedad institucional” tal que “amerita tomar medidas ejemplares” y en ese marco encuadró el pedido de juicio político a Conte Grand.

En el ámbito nacional, la subcomisión de la bicameral de Inteligencia convocará para el próximo martes a los empresarios y exagentes de la AFI que participaron de la reunión y para el jueves siguiente al subcomisario Hernán Cassasa, a quien se le atribuyen los audios en los que se habla de la “mesa judicial” macrista y se menciona a quienes la integraban.

Con esta información, los parlamentarios intentarán reconstruir quién, cómo y cuándo colocó las cámaras desde las cuales se grabó la reunión y cómo fue que luego los archivos de aquel encuentro quedaron supuestamente olvidados en un disco rígido hallado días atrás en una base de la AFI.

En ese encuentro del 2017, celebrado en la sede porteña del Banco Provincia, el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas le manifestó a los presentes que le gustaría contar con una “Gestapo” (la policía política del nazismo) para perseguir y accionar contra los gremios.

La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, opinó que Vidal “habla pero no dice nada”, y agregó que la actual diputada nacional por la Ciudad “no puede explicar cómo en una reunión de trabajo y en una oficina pública se armaban causan judiciales”.

También repudiaron los dichos de Vidal las diputadas Victoria Tolosa Paz y Cecilia Moreau y la senadora Juliana Di Tullio advirtió que la exgobernadora “aceptó” que se trató de una reunión de “trabajo e institucional”.

Para el secretario general de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, la exgobernadora debería asumir “cierta responsabilidad” sobre la existencia de una supuesta “mesa judicial” durante su gestión.

También se sumó a las críticas el sacerdote católico Francisco Paco Olveira, miembro de Curas en Opción por los Pobres, quien le escribió una carta a Conte Grand pidiéndole la renuncia por “su evidente participación en la mesa judicial”.

El sacerdote afirmó que “el motivo principal” de la misiva es cuestionar a “una persona (como Conte Grand) que se declara católico, apostólico y romano, miembro del Opus Dei, y que asegura tener un ideario que profesa la santificación por medio del trabajo”.

También, el abogado del dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina, César Albarracín, solicitó al juez Kreplak que se investigue e impute a Vidal “por el armado de causas penales contra su defendido en el marco de la denominada mesa judicial bonaerense”.

El letrado precisó que en el escrito se hizo mención a “graves inconsistencias de los dichos de Vidal en televisión”.