La composición del Concejo Deliberante que surgió a partir de las elecciones del domingo, y hará su presentación formal el 10 de diciembre, ya tiene una agenda en que pensar. Son temas de fondo que vienen de arrastre y que, por diversas circunstancias, todavía no consiguieron aval legislativo.

Como informó ayer LA CAPITAL, cuando los nuevos concejales se sienten en sus bancas y empiecen a convivir con los que tienen mandato por otros dos años el primer asunto trascendente que tendrán frente a sus ojos será el presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva. Pero mientras el objetivo de darle a Guillermo Montenegro la herramienta para gobernar el municipio empiece hacerse carne en el oficialismo asomarán en el horizonte otras iniciativas.

La más conocida es el pliego del transporte colectivo de pasajeros. El Ejecutivo local fracasó este año en su intento de aprobarlo. El voto en contra en la comisión del Legislación del entonces jefe de la bancada oficialista, Alejandro Carrancio, fue el golpe de gracia para el expediente.

Tras la derrota legislativa, el intendente prorrogó por un año y medio las concesiones con las actuales empresas, por lo que regirán durante casi todo 2022. De todas formas, el gobierno municipal prometió enviar nuevamente al Concejo el Servicio Integrado de Transporte Urbano (SITU).

El objetivo, como declara la página web del municipio, es “dar respuesta a una deuda que el Partido de General Pueyrredon tiene con los usuarios y potenciales usuarios del transporte público, en cuanto a calidad del servicio prestado, tanto en lo que hace a la cobertura de las líneas, frecuencias, estado de las unidades como trato al usuario”.

Otro proceso licitatorio que debió iniciarse en 2021 y fue postergado es el de la disposición final de residuos. Tras la salida de la Coordinadora Ecológica Area Metropolitana Sociedad de Estado (Ceamse) –que operó el predio durante tres años–, el municipio reasumió el control y supervisión del lugar y contrató de emergencia a tres empresas: Ashira opera el relleno sanitario, Esur la planta de lixiviados y Ciageser la planta social.

La contratación se firmó por ocho meses con la opción de cuatro de prórroga, por lo que vencerá a mediados de año. El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), que ya tenía avanzada la redacción de un pliego para una licitación más amplia, subrayó que este período de transición le permitirá ajustar las variables del anteproyecto. El titular del ente, Sebastián D’Andrea, evitó por el momento ponerle fecha al envío de la iniciativa al Concejo.

La contratación de un operador para las fotomultas también se convertirá en un tema de la agenda del Concejo. El intendente rescindió el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional La Plata, que a su vez subcontrataba a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra).

La responsabilizó de “diversos incumplimientos”, como el de no llevar adelante el Programa Municipal Integral de Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable, que tenía como objetivo “generar sentido de pertenencia, facilitar la convivencia urbana, llevar a respetar el patrimonio común, promover el respeto por los deberes y derechos de los ciudadanos” y “disminuir sensiblemente la accidentología urbana”, entre otros.

Un nuevo convenio debería pasar por el Concejo. “Pero no por el momento no hay nada definido”, aclaran en el Ejecutivo mientras tantean a diversos interesados.

Tampoco hay todavía novedades sobre las vacantes que se abrieron hace casi cuatro años en la Justicia de Faltas, la que determina las sanciones y las multas ante las contravenciones municipales. Hoy hay cinco juzgados en funcionamiento y solo tres jueces. Además, hay otro Juzgado creado por ordenanza, pero que nunca entró en funciones.

El ex intendente Carlos Arroyo procuró cubrir esas vacantes con Gustavo Gil de Muro y Andrés Barbieri, pero nunca tuvo consenso en el Concejo para avanzar en sus nombramientos.