En menos de una decena de días Mar del Plata se vio sorprendida por una particular incursión de fuerzas de seguridad y policiales federales.
De la mano de esa intervención policial, la ciudad se ganó un espacio relevante en la prensa nacional. El procedimiento aludido tuvo como saldo una quincena de “arbolitos” (vendedores callejeros de divisas) detenidos y más de cuarenta propiedades de personas físicas y jurídicas allanadas aquí y en otras localidades.
Más lejos en el tiempo, otras diligencias policiales y judiciales se concretaron –al parecer- con la intención de individualizar, detener y someter a la Justicia a varias personas que atacaron con piedras y algunos otros objetos contundentes, un automóvil en el que viajaban en una visita oficial a la ciudad, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y el mismísimo presidente Mauricio Macri.
Los resultados alcanzados en los dos casos resultan ser, con el correr de los días, por lo menos, anodinos. Poco claros.
En el “caso de los arbolitos”, a partir de trascendidos, se trata de una causa iniciada en 2014, por el fiscal Carlos Gonella, hasta abril pasado a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Gonella –designado para esa misión por la procuradora general Alejandra Gils Carbó- no sobrepasó el año en el cargo, su eficiencia como pesquisante es difícil de evaluar para un lego pero, desde la perspectiva de los datos concretos, dejó el cargo procesado junto con su colega Omar Orsi por el delito de prevaricato, acusados ambos por no investigar al empresario Lázaro Báez. Dichos procesamientos, fueron confirmados por los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.

Un poco de historia

En esa causa, la denuncia inicial del procesado Gonella, se generó cuando regía en todo el país el cepo cambiario, derogado en diciembre pasado.
Dos años más tarde de aquella denuncia –cuando ya no existen impedimentos para la compra-venta de divisas- una fiscal y un juez federal retoman aquella investigación pese a que, en 2015, la Cámara Federal de la ciudad dictaminó que lo que se pesquisa no es más que una infracción cambiaria que dejó de ser desde hace casi una decena de meses. El Tribunal de alzada, con claridad jurídica sentenció que las acciones investigadas no tipifican las prescripciones de la Ley 19.359, también conocida como Penal Cambiaria
Con los pocos datos formales de los que dispone la sociedad, lo sucedido resulta, por lo menos, inexplicable. Incluso aunque se diera por válido que cuando Gonella denunció el caso la actividad de los “arbolitos” era ilegal ya no lo es. Un viejo principio del derecho prescribe que cada nueva disposición legal si importa una menor sanción que la anterior, la benignidad beneficia al acusado. En éste caso, parecería que no es así.
No pocos de los funcionarios judiciales consultados respondieron a la requisitoria periodística sintéticamente. “Hay secreto de sumario”, precisaron aunque tal devolución, en verdad, se aproxima mucho más al misterio de sumario. Sobre numerosos vecinos de Mar del Plata el juez, la fiscal, cientos de gendarmes y no pocos agentes de la Policía Federal –cuando la operación que devino en la incautación de cientos de vehículos- tendieron un espeso manto de sospecha que operó como el más eficiente de los fertilizantes para el desarrollo de la incredulidad.
La Justicia, se suele afirmar, no tiene los mismos tiempos que los de la política ni los de la sociedad en su conjunto. Puede ser que sea así y, por ello, el “Caso de los arbolitos” amerita una explicación que no debería demorarse.