En el marco de un proceso judicial que lleva más de 10 años, se llevará a cabo hoy en la sede del Juzgado Civil y Comercial Nº 11, una audiencia de conciliación por el tema de la contaminación del viejo basural de General Pueyrredon. En el encuentro, la amparista, la ex directora de la escuela provincial Nº 44, Margarita Pérez, pedirá que se dicte sentencia en la causa iniciada en 2005.

“Pedimos que la Justicia haga justicia”, aseguró ayer, en diálogo con LA CAPITAL, la docente que desde hace más de 15 años se puso sobre los hombros la defensa de los derechos y la salud de la comunidad educativa en la que trabajaba.

Después de poco más de un año de la última reunión de conciliación (el 27 de agosto de 2015) se dará este encuentro entre Pérez, su representante legal y los representantes legales de la Municipalidad. Es el primer encuentro en tribunales desde el cambio de autoridades municipales.

El amparo, una medida judicial que se utiliza para resolver cuestiones importantes rápidamente lleva, paradójicamente, más de 10 años de idas y vueltas. El pedido que se hace a la Justicia es concreto: que se obligue a la Municipalidad a disponer de los recursos económicos para llevar adelante el proceso de remediación del viejo basural que si bien en la actualidad está cerrado, continúa siendo un foco de contaminación.

“Cerraron la tranquera y no se ocuparon más”, señaló Pérez, quien indicó que “sigue habiendo ratas, moscas, los lixiviados siguen contaminando y la basura sigue generando gases que afectan a la gente que vive en la zona”. En ese sentido lamentó que “como afecta a gente humilde, nadie ve esa realidad”.

Pérez recordó que “pasaron tres intendentes y ninguno se ocupó del tema” y que desde que asumió Carlos Arroyo “pedí audiencia varias veces pero hasta ahora no he tenido respuesta”.

Pérez se involucró con la causa de la grave situación ambiental del basural cuando era directora de la Escuela Nº 44, que se encuentra a pocas cuadras. Muchas veces se vio obligada a suspender las clases por el olor nauseabundo, por la invasión de moscas y ratas y, también a salir rápidamente hacia el hospital con alumnos con problemas respiratorios, debido -asegura- a los gases que emanan de la pila de basura.

Según Pérez “los problemas de la contaminación, sobre el suelo, las napas y la población están científicamente comprobados” y también indicó que “los representantes legales de la Municipalidad reconocieron que se cerró el basural, pero que no se remedió la situación”. Por ello, como amparista, resolvió “pedir que, de una vez por todas, se dicte sentencia”.

La historia de la causa

La justicia provincial había resuelto, en el marco del amparo presentado en el año 2005, una serie de medidas cautelares tendientes a “morigerar los efectos del foco colosal de contaminación dentro del basural y que afecta cauces ecológicos y que apuntaron a preservar salud de la población” teniendo en cuenta que “el basural es un vaciadero a cielo abierto, que no tiene ningún tipo de canon, no hay control de contaminación de lixiviados y afecta directa o indirectamente las napas, los cauces de agua, genera gases como benceno y otros componentes cancerígenos que se van respirando conforme a las direcciones de los vientos”, cuando aún el basural se encontraba operativo.

Pero, a raíz de la apelación de la Municipalidad, a la Cámara de Apelaciones, todas las resoluciones del entonces titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11, Enrique Arbizu, fueron revocadas.

En ese contexto, el representante legal de Pérez planteó un recurso de apelación contra una providencia precautoria que no es definitiva”, pero la Cámara lo renegó.

Por eso recurrió a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, presentando el recurso de queja. “Era una providencia difícil porque la Corte conoce de fallos definitivos, no providencias cautelares, sin embargo para beneficio del derecho y criterios ecológicos -que en el mundo son prioridad- hizo lugar a la queja y concedió los recursos de nulidad e inaplicabilidad”. Esta resolución de la Cámara fue en 2009.