En el marco de una jornada de protestas a nivel nacional, organizaciones sociales cortaron la avenida Luro para cuestionar a las empresas del sector alimentario, a los monopolios de la industria y al gobierno nacional.

Bajo la consigna “Con el FMI y los monopolios no hay nada que negociar, el gobierno es cómplice de los saqueos”, diversas agrupaciones se concentraron este viernes en la zona de la avenida Luro y La Pampa y movilizaron hacia la planta de la fábrica Don Vicente, del grupo Molinos, ubicada a la altura de calle Neuquén.

En este marco, las organizaciones sociales Movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar, Movimiento Rebelión Popular y Bloque Piquetero Nacional, entre otras, indicaron que “la crisis económica agravada por la pandemia se descarga sobre las espaldas del pueblo trabajador, mientras que un puñado de multinacionales y banqueros son los ganadores de siempre”. “Se acerca el fin del año y las condiciones de vida del pueblo no paran de empeorar”, agregaron.

Asimismo, cuestionaron el acuerdo y congelamiento de precios de casi 1.500 productos de la canasta alimentaria impulsado por el gobierno nacional y consideraron que “se trata de un plan de patas cortas”. “Primero, porque si bien con esto busca frenar las subas descontroladas, el costo de los alimentos al 1° de octubre ya estaba altísimo. Pero sobre todo porque en una economía dominada por los monopolios, son esas grandes empresas concentradas las que ponen las reglas y no al revés”, explicaron.

Por tal motivo, apuntaron contra las firmas Arcor y Molinos al afirmar que “abarcan la inmensa mayoría de las marcas de consumo masivo, amenazando abiertamente con rechazar el acuerdo y provocar desabastecimiento“.

“No alcanza con denunciarlos y llamar a no comprarles. Hay que señalar abiertamente que con los monopolios controlando los productos básicos y la producción en general, no va a ser posible alcanzar cierto bienestar para las mayorías populares. Es inadmisible que la especulación y el sostenimiento de la tasa de ganancias esté por encima del derecho a la alimentación y el derecho a la vida digna de nuestro pueblo”, sumaron.

Por último, las organizaciones sociales le exigieron al gobierno nacional “medidas de fondo que garanticen el bienestar popular, como suspender el pago de la deuda y sancionar a las grandes empresas que aumentan precios o desabastecen”.