LA PLATA (Corresponsalía).- Pocas viviendas en oferta que valen el doble que un año atrás. A más de un año de sancionada la Ley de Alquileres 27.551, ése es el panorama con el que se encuentra la mayoría de las personas que buscan un inmueble para alquilar en Mar del Plata.

En cuanto a los valores que se manejan para ingresar a una propiedad, Sebastián Oliver, integrante de la agrupación “Inquilines Mar del Plata”, contó que “las inmobiliarias han prácticamente duplicado el precio que pedían por la vivienda”.

Oliver lo vinculó a que “no hay regulación de precios”, entonces “el sector puede pedir lo que quiera por alquilar una unidad habitacional”.

“A todo esto, hay muy poca oferta para alquilar”, agregó.

En este marco, observó que “hay una clara tendencia a retirar de la oferta de alquiler la vivienda, no sé si para mantenerla cerrada o para venderla”.

“Mar del Plata está llena de emprendimientos de construcción de torres desde hace ya muchos años, hay mucha vivienda en venta y muy poca oferta de alquiler“, remarcó Oliver, y lo relacionó con “la especulación”.

“Los grandes jugadores del mercado -que son pocos, como en toda economía concentrada sin regulación del Estado- acumulan y, cuando las condiciones son favorables, venden”, consideró.

Los principales cambios que introdujo la Ley

Un informe publicado en agosto por la agrupación evidenció que los inquilinos marplatenses destinan, en promedio, el 57,9% de sus ingresos al pago del alquiler y que ese porcentaje asciende al 62,4% si se añade el impacto mensual del costo de servicios domiciliarios de agua, electricidad y gas.

El trabajo realizado en colaboración con el Instituto de Acción y Pensamiento Interdisciplinario (IAPI) demostró además que un 60,9% de los inmuebles no cumple con las condiciones de habitabilidad enunciadas en el contrato, y un 12,5% carece de la totalidad o de alguno de los servicios básicos o tiene inconvenientes en su acceso.

Vale recordar que la Ley 27.551 sancionada por el Congreso de la Nación en junio del año pasado introduce dos cambios centrales en relación a los alquileres: por un lado, extiende de 24 a 36 meses la relación contractual mínima entre las partes y, por el otro, fija un índice objetivo para la actualización anual de los precios.

Esto es, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).

Oliver aseguró que “la extensión de los contratos a 36 meses está entre lo poco que el mercado inmobiliario ha acatado de la nueva Ley”.

Además señaló que “hoy el aumento anual está en alrededor del 40%, un poco más abajo que la inflación anual”.

“El principal problema es la macroeconomía”

Por su parte, Germán Schierff, titular de la “Asociación Platense de Inquilines” (API), indicó que la nueva Ley -que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación- contiene “una serie de puntos que trajeron un poco de orden y claridad“.

“Por ejemplo -enumeró ante la consulta de LA CAPITAL– que se habilita la posibilidad de rescindir el contrato sin costo con un aviso previo de tres meses; queda establecida la obligatoriedad -también de tres meses antes de finalizado el contrato- de avisar al inquilino cuáles son las condiciones para la renovación; se aclara qué expensa corresponde a cada parte y se instituye la idea de una política de alquileres sociales por parte del Estado”.

Este último punto “no está reglamentado y no tiene presupuesto”, aclaró.

Para plantear éste y otros temas es que la API mantendrá en los próximos días un encuentro con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y en ese sentido se reunieron recientemente con la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.

“Les acercamos nuestra preocupación porque vemos una fuerte campaña del sector inmobiliario y del bloque de Juntos por el Cambio para la derogación de la Ley, principalmente por el punto del índice para la actualización de los valores del inmueble”.

“Su planteo es que, con la Ley, esto funciona de peor manera, pero el problema no es la Ley, es la inflación, o sea la macroeconomía”, sostuvo.

“Como organizaciones no vamos a ceder”

Por otro lado, Schierff mencionó el “atraso de los contratos”. “Recordemos que el decreto del gobierno nacional que congelaba los precios finalizó en abril; en ese momento había contratos que habían sido firmados antes de 2018, así que venían muy atrasados”, dijo.

En ese sentido, aseguró: “Entendemos que cuando llega el aumento es impactante: a diferencia de otros precios, que van subiendo de a poquito, el aumento del alquiler llega todo junto en un año”.

“En este caso -continuó el representante de la API- estamos pensando alternativas de la aplicación del índice: dividirlo en partes o que exista un tope referido al tema de la inflación, por ejemplo”.

“Pero como organizaciones no estamos dispuestas a ceder y plantear una derogación de la Ley para que todo vuelva a estar como antes”, destacó.

En la misma sintonía, Oliver opinó que “el sector inmobiliario confunde a través de los medios diciendo que la Ley viene a complicar todo”. “Pero no, lo que complica es la absoluta desregulación de la vivienda en alquiler en Argentina“, sumó.

“El mercado inmobiliario sale a protestar por cualquier intervención mínimamente estatal”, señaló el marplatense y concluyó: “Pero esta Ley salió del Congreso y es producto del consenso de la mayoría, más democrática no puede ser”.