Por Jorge Raventos
Hasta que las urnas determinen el estado actual de la contabilidad política, y las dos grandes coaliciones se midan respectivamente las costillas (y se las dejen medir por corporaciones y poderes fácticos), los tejidos destinados a urdir un acuerdo que las involucre y sume a otros actores sociales mantendrán su nivel de pruebas de laboratorio, adornarán algunos discursos y a veces, ni siquiera eso.

Hablar para adentro, tejer para afuera

Por el momento la mayoría de los actores prefieren replegarse sobre sus propios públicos y repetir sus parlamentos de rutina, aunque a veces hagan señas a sus contrincantes para que no tomen en serio las palabras ásperas.
Este minué lo interpretan no solo dirigentes políticos sino, por ejemplo, algunas direcciones empresariales, funcionarios y algunas conducciones sindicales. Una semana atrás, por caso, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, anunció que su área preparaba un listado de productos que mantendrían su precio del 1 de octubre hasta la primera semana del año próximo. En esta página se indicó que el secretario, siguiendo instrucciones del gobierno, anunciaba que esa nómina no se basaría “en un úkase” sino en “un acuerdo que incluye a productores, abastecedores, cadenas comercializadoras de supermercados, mayoristas y minoristas”.

No es sencillo concretar un acuerdo que involucra a tantos sectores. La COPAL (el agrupamiento empresario que congrega a todo el ramo de la alimentación y que conduce el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja) se encontró con el rechazo interno de jugadores fuertes y tuvo que retraerse de un acuerdo que en primera instancia y con ciertas condiciones había admitido. Feletti, empeñado en dar señales a los consumidores (principalmente a los más económicamente deprimidos, presumibles votantes potenciales del oficialismo) no estaba en condiciones de dar marcha atrás y endureció el lenguaje, prometiendo ampliar el listado y aplicarlo apelando a la vieja ley de Abastecimientos y a controles políticos de gremios e intendencias.

Mientras desde algún escalón más alto que el de Feletti se tranquilizaba en voz baja a las empresas asegurando que “es lo mismo que Precios Cuidados” y “no habrá sanciones”, la conducción de COPAL también practicaba la intransigencia verbal pública con las frases tranquilizadoras en privado. Nadie quiere que la sangre llegue al río (menos que menos, la propia).

En su elogiada presentación en el foro de IDEA, Horacio Rodríguez Larreta desplegó una retórica acuerdista, que tendía puentes a políticas de estado pactadas con el peronismo (o, si se quiere, con determinado peronismo). Se aproximaba así a un envite general lanzado por el jefe de gabinete, Juan Manzur y a otro que plantearía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Massa adelantó el último domingo que al día siguiente de las elecciones, el 15 de noviembre, desde el Gobierno van a convocar “a un acuerdo con la oposición, los empresarios y los trabajadores”, donde propondrán “diez políticas de Estado para la Argentina”.

Casi de inmediato, un sector de la oposición (“los halcones”) salió a cuestionar la posibilidad de que Juntos por el Cambio “cayera en la trampa” de admitir ese llamado, en un mensaje crítico a la puerta que Larreta había entreabierto en IDEA. El jefe porteño se replegó y rechazó en alguna declaración el diálogo que Massa había anticipado. Sin embargo, uno de sus aliados -el bonaerense Emilio Monzó- se apresuró a declarar como cosa propia:

“El presidente debería convocar a un gran acuerdo nacional a la oposición. Está obligado a hacerlo si desea transitar lo mejor posible sus últimos dos años de mandato. De no hacerlo, vamos a continuar en esta lógica de confrontación permanente y la sociedad no resiste más tensión”. ¡Monzó recomienda al gobierno hacer lo que el gobierno anuncia que se propone hacer! He allí una buena base para la coincidencia.

La voz de la CGT unida

La CGT, por su parte, celebró multitudinaria y pacíficamente la fecha emblemática del peronismo con un día de atraso -el lunes 18- insistiendo en una diferenciación práctica del sector cristinista-camporista, que agrupó a sus militantes y a algunos socios en Plaza de Mayo el domingo 17. En la plaza se escucharon discursos contrarios a un acuerdo del país con el FMI y muy críticos con el presidente, que había convocado a esa reunión en la que sería lapidado.

En el desfile cegetista, preámbulo de la reunificación de la central que se consumará días antes de las elecciones, el mensaje subrayó que que “es tiempo de justicia social” y convocó a que el peronismo promueva “la alianza entre la producción y el trabajo a través de la profundización del diálogo social institucionalizado para elaborar los necesarios consensos”.

Aunque la presión de los bordes se esfuerce por sostener una confrontación intolerante, parece claro que, después de la contabilidad del 14 de noviembre, se inicia una etapa de construcción de acuerdos. Que no excluye la confrontación, pero que la acota y la contiene.

El motor de esa búsqueda es, en realidad, como en otras ocasiones históricas, el miedo al vacío, la presencia de una crisis amenazante que la pandemia agravó pero que la precede pues ha venido ahondándose en las últimas décadas y bajo gobiernos de distinto signo.

La inflación persistente, la pobreza creciente que ya no puede disimularse con planes sociales, la necesidad de acordar con el FMI y las imprescindibles reformas que alienten la inversión, la productividad y el empleo genuino son puntos esenciales que requieren políticas de Estado y que deberán ser acordados después de la contabilidad electoral.

La cuestión mapuche

Otro punto a acordar es el de la seguridad, asediada por el delito común, por el narcotráfico y hasta por brotes de violencia separatista como los que se vienen manifestando en la Patagonia.
Las erráticas decisiones adoptadas en relación con “la cuestión mapuche” han incorporado una nueva vulnerabilidad al país y constituyen, de paso, nuevos flancos electorales que se abre el gobierno.

La reticencia de la Casa Rosada a ofrecer el apoyo de seguridad solicitado por la provincia de Río Negro frente a los desbordes de los grupos que invocan el irredentismo mapuche es poco comprensible y ha sido cuestionada dentro del mismo oficialismo (con discreción de parte de quienes no quieren esmerilar más al presidente y sin esos pruritos por parte de figuras como el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni,que está edificando su candidatura presidencial sostenido en sus críticas a Alberto Fernández). Aunque finalmente la Casa Rosada despachó gendarmes (200) a Río Negro, el encuadre que se dio a ese envío fue equívoco: se lo dispuso “por solidaridad” y reconviniendo a la provincia por no cumplir con sus propios deberes en materia de seguridad.

Lo cierto es que los hechos de violencia que viene produciendo en la Patagonia el grupo irregular RAM, alegando como justificativo un indigenismo identitario mapuche -que esa comunidad, en rigor, no comparte- tienen modalidades terroristas a las que se agrega su rechazo explícito a la potestad del Estado nacional. No se trata de meras infracciones locales, sino de desafíos federales que requieren la participación activa de la jurisdicción nacional, asociada a la provincia. O a las provincias -en plural- afectadas por el fenómeno, numéricamente todavía manejable pero cualitativamente peligroso, como puede apreciarse del otro lado de los Andes.

A la pasividad exhibida en este asunto hay que sumar el mal paso de la diplomacia argentina en Chile, donde el mismísimo embajador Rafael Bielsa jerarquizó políticamente con su presencia un trámite común de “apoyo consular a cualquier ciudadano argentino”, referido en este caso al militante separatista Jones Huala, juzgado en el país vecino por hechos análogos a los que sufre hoy Río Negro. Jones Huala está vinculado con el RAM.