El municipio clausuró de forma preventiva el balneario Luna Roja tras la denuncia de vecinos y organizaciones de Chapadmalal que señalaron que un conjunto de cabañas construidas frente al mar volcaban sus desechos cloacales en el arroyo Lobería desde hace 15 años.

Un informe publicado este lunes en la edición impresa de LA CAPITAL reflejó que las exclusivas cabañas construidas -según los vecinos en forma ilegal- a menos de 150 metros del mar eran foco de una importante cantidad de denuncias de organizaciones vecinales no solo por la explotación privada sobre el acantilado, sino además por el daño ambiental fruto del “masivo vertido de efluentes cloacales” -la materia fecal y más desechos de quienes alquilan en el complejo-, sobre el arroyo Lobería en el que se bañan turistas y habitantes de la zona.

Tras la clausura, desde la comuna indicaron que “de los informes acompañados surge una posible contaminación en las aguas y en la arena de la playa Luna Roja”.

Si bien aclararon que “no existe certeza absoluta” acerca de quien es “el autor responsable de la posible contaminación” consideraron que se encuentra “en riesgo” la salubridad pública, por lo que se impuso “tomar medidas excepcionales” que eviten que se agrave la situación.

Chapadmalal se ha convertido en un destino turístico ideal para los amantes del surf y la playa. Es elegido por ser un punto amigable con el medioambiente para descansar y desconectarse. Sus habitantes estables, en general, protegen la naturaleza del lugar y promueven el desarrollo sustentable y el uso equitativo de la reserva.

Sin embargo, algo huele mal hace tiempo en su playa más elegida, Luna Roja, de concesión privada y masivo público. Entre 2005 y 2007 se puso en marcha en la zona un conjunto de obras de privatización que no demoró en alertar a los vecinos. En ese tiempo se instalaron las primeras cabañas en la rivera del arroyo Lobería que atraviesa a la playa.

Actualmente hay un restaurante, cuatro cabañas y suites -se alquilan frecuentemente y se comercializan por su “exclusividad” frente al mar- construidas sobre la rivera del arroyo en un área que -además- tiene restricción hidráulica: está prohibido construir estructuras sólidas de este tipo por las características del suelo y el entorno. Al margen de lo técnico, por supuesto, el sentido común.

Cuentan los vecinos que “un empresario empezó a poner cabañas y eso terminó privatizando ilegalmente la parte pública de la arena”. Pero a ese “avasallamiento” del espacio natural le siguió el volcado de efluentes cloacales, problema que se suscita intermitentemente hace 15 años.

“Se creó un sistema de cloacas de las cabañas y los derivados del restaurante que empezaron a verter desechos en el agua de forma masiva”, indicaron a LA CAPITAL desde la Asamblea Luna Roja, organización de vecinos y vecinas para el cuidado de los espacios públicos y de la accesibilidad social a ellos.

En los últimos años hubo tantísimas denuncias, enfrentamientos con el concesionario, movilizaciones, cortes de ruta, cartas al Ente Municipal de Turismo (Emtur) y más acciones vecinales en las que se expusieron las irregularidades en torno a estas construcciones sobre el espacio público.

En enero del 2020 el emprendimiento privado fue clausurado a raíz de las denuncias contra la firma a cargo de la concesión, EJC S.A., primero por haber destruido el monumento homenaje a las víctimas de la masacre de Luna Roja (cinco personas fueron asesinadas en el lugar el 2 de agosto de 1978, durante la última dictadura cívico militar), pero también por las múltiples irregularidades.

El verano pasado la playa reabrió al público pero con el tiempo el vertido de efluentes volvió a ser advertido por los vecinos y se retomaron las denuncias y el diálogo -“en malos términos”- con el concesionario, según contaron desde la Asamblea Luna Roja.

Hace poco colapsó la cámara séptica que forma parte de un sistema cloacal que reúne las aguas servidas de seis departamentos de alquiler y las provenientes del restaurante y los baños de todo el complejo. Miles de litros de agua cloacal fueron volcados en los médanos, la playa pública y llegaron a diluirse en las aguas del arroyo, transformando a un lugar de disfrute en un foco de contaminación.

“Todo esto ocurre por un bien de explotación que no tiene habilitación de autoridad del agua. La cuestión es la ilegalidad de las cabañas que están en medio de la bajada tradicional paisajística a la playa”, indicaron y dejan bien en claro que los vecinos no se oponen al desarrollo privado: “Estamos acompañando al empresario a que piense que el enriquecimiento es bueno pero en términos lícitos, no con el armado de un club vacacional en una unidad turística que es de dominio público”.

“La necesidad económica hace al desarrollo turístico, pero la destrucción del espacio público va en detrimento del progreso económico, y esto es un grave delito contra la naturaleza”, plantean desde la asamblea.

Contaminación. En el agua se identificaron elevados niveles de enterococo, escherichia coli y coliformes.

Daño ambiental

Vecinos y la Policía Ecológica detectaron junto a las cabañas un pozo con grandes posibilidades de volcado que, según indicaron desde la Asamblea Luna Roja, fue “mandado a tapar con tosca por la concesión”, maniobra que lograron evitar. Luego se tomaron muestras para encomendar la realización de análisis.

La muestra fue analizada en el laboratorio Fares Taie y el resultado constató cantidades abismales de material contaminante en el agua: Escherichia coli, enterococo, coliformes y formaciones de colonias en “una proporción sustancialmente superior a lo tolerado por las directivas del Ministerio de Salud”.

El daño avanza sobre toda la flora y la fauna de la reserva natural y alcanza directamente a la comunidad de Chapadmalal y a los turistas que visitan y disfrutan este rincón natural a escasos kilómetros del sur de Mar del Plata.

Comunidad activa

La comunidad de Chapadmalal sostiene un trabajo organizado, activo y continuo en torno a este tema con dos objetivos fundamentales. Primero, que la administración municipal “se haga cargo” y regule la explotación de las cabañas y el consecuente vertido de efluentes que contaminan el arroyo al que van a bañarse niños y adultos, de la zona y turistas que eligen Chapadmalal por su naturaleza y tranquilidad. 

“Tenemos 15 años de materia fecal en el arroyo por la explotación privada que le queda horrible a Mar del Plata porque destruye el recurso natural”, advirtieron.

La comunidad de vecinos realiza múltiples intervenciones para garantizar el acceso público a la playa.

En segundo lugar, los vecinos defienden la idea de que el espacio, de domingo público, sea “socialmente incluyente”. Para ello necesitan que el concesionario “brinde respuestas a una comunidad que le está diciendo el daño que se está produciendo con estas cabañas que vinieron a estropear un bien turístico que no se puede andar destruyendo con algo así de espantoso que afecta a la comunidad”, agregaron integrantes de la Asamblea.

En tercer lugar, los vecinos se encuentran trabajando activamente en un plan de “interpretación” del manejo del Paseo Costanero Sur en el que pueda intervenir responsablemente la comunidad, científicos y actores vinculados al turismo para llevar adelante “un uso equitativo de la reserva”.

Dudas y responsabilidades compartidas

¿Quién autorizó la construcción de las cabañas y cómo se creó el sistema cloacal?

Entre los vecinos crece hace años una fuerte preocupación por el daño ecológico que se produce en Luna Roja y la comunidad de la zona. Y si bien advierten que hay responsabilidades compartidas, todavía se preguntan quién autorizó la construcción de estas cabañas sobre el acantilado y cómo se creó el polémico sistema cloacal.

El año pasado, a raíz del proceso judicial iniciado por los vecinos, se exigió a los organismos del Estado con competencia en servicios sanitarios dar respuesta y hacer cumplir las leyes vulneradas en torno a la salud pública y el ambiente.

Desde la Asamblea Luna Roja consideran que el reciente colapso de una cámara séptica “destapa varias irregularidades”, una de ellas en torno a qué oficina del Estado supervisó y dio los permisos de construcción de este sistema cloacal, “hecho a nuevo en 2020”.

En este punto, analizaron: “Sabemos que OSSE no fue, ya que es zona que está fuera del radio de su servicio. Si OSSE se retira del expediente, ¿qué organismo queda? No hay otra respuesta posible más que la propia Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), que cuenta con una delegación en Mar del Plata que podría responder si el balneario Luna Roja obtuvo los permisos de prefactibilidad de obra y factibilidad del complejo y riesgoso sistema cloacal instalado entre médanos y playa”.

Seguido, reflexionaron: “En caso de no contar con estos permisos que cargarían con la corresponsabilidad del
funcionario que los firme, ¿cómo pudo la Municipalidad levantar la clausura del balneario y otorgar la habilitación para retomar las actividades sin contar con los permisos que acrediten legalidad y seguridad sanitaria para la actividad turística y recreativa desarrollada en el lugar?”

EJC S.A, la empresa responsable de la explotación del Balneario Luna Roja, y del vuelco, apuntaron, cambió a su administrador general en marzo de 2020, quedando este “sometido a la imputación de infracción a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y a proceso penal”.

En este escenario, desde la asamblea remarcan que “hay responsabilidades de funcionarios públicos y medidas pendientes por tomar: cumplir con la ética exigida a sus funciones es la primera, cumplir con las leyes y con la gente es lo que aún estamos esperando que suceda”.

Acceso público al balneario Luja Roja. Las cabañas de avistan desde la ruta.

Denuncian que se “falsearon pericias”

Vecinos organizados en la Asamblea Luna Roja anticiparon a LA CAPITAL que llevaron recientemente a la justicia una denuncia contra la empresa Obras Sanitarias y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) tras establecerse mediante el informe realizado por un director de laboratorio del Conicet que las pericias oficiales del estado del agua del arroyo Lobería “tenían falseadas sus conclusiones”.

Se analizaron muestras que constataron altísimos niveles de contaminación en el agua.

El mes pasado, el informe de un investigador del Conicet dejó en evidencia que “las pericias hechas por ADA y OSSE tenían falseadas sus conclusiones: decían que el agua cumplía con los estándares para uso recreativo” cuando en realidad “en la contaminación advertida se comprobó que, por ejemplo, los niveles de enterococo estaban multiplicados por ocho por sobre lo permitido” y que por ende “el agua no es apta para uso recreativo”.

La denuncia ya fue canalizada a través de la fiscalía a cargo de Pablo Cistoldi e involucra, según los vecinos, la firma de autoridades de OSSE y ADA en las pericias “falseadas”, confirmaron vecinos de la zona.